Por: Luis Felipe Henao

15 años del caos del sistema acusatorio

En unos días se cumplen 15 años de la implantación del sistema acusatorio en los procesos penales en Colombia. Un experimento mal diseñado y peor implementado que surgió con varios problemas que han hecho que los niveles de impunidad sean insostenibles.

Las audiencias son un karma que discurre entre los aplazamientos y las audiencias interminables en las que, para incorporar una prueba, es necesario cumplir con unos protocolos tan engorrosos que rara vez se cumplen. Al final nuestro procedimiento no es ni el norteamericano ni el europeo, es un sancocho trifásico puertorriqueño “a la colombiana” tan complicado que cada juez aplica sus propias reglas.

El sistema de negociación de preacuerdos rememora las reflexiones del penalista Cesare Beccaria sobre el antiguo régimen del siglo XVIII: los débiles (en este caso quienes no tienen un buen abogado) terminan condenados a penas increíbles así sean inocentes, y los fuertes (los que tienen mejores abogados) dilatan eternamente los procesos o terminan con unas penas irrisorias dando muchas veces información falsa con tal de salir rápido de la cárcel. A ello hay que agregar que la posibilidad de suspensión de las investigaciones por falta de pruebas hace que los fiscales de cada caso puedan engrosar su estadística archivando las investigaciones, generando impunidad.

Al final, quien “controla” este caos son los llamados jueces de control de garantías, funcionarios frecuentemente provisionales y mal remunerados en cuyos hombros está la responsabilidad de decidir sobre la libertad de las personas. El resultado es que estos funcionarios, no clasificados por especialidades y que muchas veces no han ingresado por carrera administrativa, deben decidir desde inasistencias alimentarias hasta complejos delitos económicos e incluso casos como el de Santrich. Por cierto, hace una semana, de manera insólita, la juez de ese caso dijo que la audiencia de legalización de captura era un mero trámite y que por eso no se había pronunciado sobre un tema tan importante como la competencia, para al final remitir increíblemente el caso a la Corte Suprema de Justicia

Muchas reformas pueden proponerse, tales como eliminar audiencias innecesarias, evitar los aplazamientos, simplificar el sistema y mejorar la posición de los funcionarios judiciales para que personas más calificadas puedan ser jueces. Sin embargo, la reforma debe comenzar desde adentro. La rama judicial es la que sabe de primera mano los problemas del sistema y la que debe analizar, junto con la Fiscalía y la Procuraduría, las reformas necesarias. Todos los colombianos, pero especialmente las víctimas que tienen que esperar décadas para ver cómo sus causas se quedan en la impunidad, saben que es urgente hacer algo para que este sistema funcione.

La Corte Suprema de Justicia tiene la responsabilidad de escoger un fiscal que, con un conocimiento profundo de las necesidades del proceso penal, trabaje en reformas que eliminen la impunidad, que es una enfermedad crónica en la jurisdicción ordinaria. El sistema de pesos y contrapesos impone la obligación de la elección de un fiscal que dé esperanza y ayude, a través de un justicia  rápida y justa, a crear un país más unido y se supere esta polarización absurda que no nos deja avanzar.

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