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Casi con la misma frecuencia que los gobiernos anuncian la implementación de una “reforma fiscal y tributaria integral” se comunican a la opinión pública los resultados de un “estudio multidisciplinario completo que permitirá elevar a rango legal la simplificación de los trámites administrativos”.

Ninguna de las dos políticas anunciadas se cumple: ni las reformas tributarias, o como se denominan ahora: “leyes de financiamiento”, ni la “simplificación de trámites”. En el aspecto tributario generalmente se expide una colcha de retazos que obliga a presentar nuevamente otra reforma integral y el ciclo se repite indefinidamente. Un famoso e inteligente senador era conocido como el más experto conocedor de los intríngulis fiscales del orden nacional y regional. Era el ponente obligado de las periódicas reformas fiscales. Por temor reverencial nadie se atrevió a realizar la pregunta obvia: si era tan versado en el tema, ¿por qué la ponencia presentada daba origen a una reforma mal hecha y debía repetirse al cabo de dos o tres años? En la cual nuevamente él sería el ponente. Si un médico opera exitosamente a un paciente de una apendicitis, pero tiene que repetir con el mismo éxito la cirugía cada año, algo hace pensar que no tiene tanta destreza ni conocimientos, ni que la operación fue exitosa.

Con las leyes y los decretos para reducir los innecesarios trámites los logros son modestos. Los gobiernos no tienen en cuenta la existencia de las oficinas públicas de las dependencias más arraigadas: los departamentos de “mortificación ciudadana”, cuya labor consiste en molestar a los ciudadanos con múltiples e inútiles requisitos. Algunos ejemplos ilustran la anterior afirmación.

Exigir fotocopias de la cédula al 150 %. Si el documento cuenta con las medidas de seguridad, ampliar la fotocopia no aumenta la calidad de la información, además es de suponer que las oficinas públicas tienen los medios técnicos para ampliar o reducir la fotocopia o escanearla al tamaño que satisfaga al burócrata de turno. La publicación satírica Actualidad Panamericana plantea que la Registraduría modifique el tamaño de cédula al 150 %; esto dinamizaría la industria del cuero y las confecciones, pues obligaría a cambiar las billeteras, carteras y bolsillos. Esta audaz propuesta no soluciona el problema, ya que algún acucioso funcionario podría exigir fotocopias de la nueva cédula ampliada al 150 %.

Una entidad exige el “certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía (Registraduría)”. La cédula no tiene fecha de vencimiento; el usuario sí, cuando se muere. Si se desconfía del documento (fotocopia ampliada al 150 %) expedido por la Registraduría, ¿por qué no desconfiar del certificado expedido por la misma entidad? Algún imaginativo burócrata podría pensar en exigir la “certificación de vigencia del certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía” y así hasta el infinito.

Se exige un “certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional”. Esto puede condenar a una muerte burocrática por alguna contravención menor al Código de Policía. ¿No estarán creando nuevas inhabilidades y violando el debido proceso?

Como las malas prácticas se difunden con mayor rapidez y eficacia que las buenas (“segunda ley de la termodinámica aplicada a la burocracia”), requisitos de igual o mayor inutilidad y mortificación ya están siendo exigidos por las entidades privadas. También en esto opera la “mortificación ciudadana”.