Por: Carolina Botero Cabrera

8 de marzo: más reflexión, menos rosas

El Día Internacional de la Mujer conmemora la huelga de miles de mujeres del sector de la confección que reclamaban igualdad laboral en Nueva York. Este 8 de marzo regalemos menos flores. Aprovechémoslo para fortalecer la reflexión pública sobre los obstáculos estructurales y las prácticas discriminatorias que se interponen en el objetivo de la igualdad de género en el país. 

En relación con la tecnología digital, la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanza hoy un informe en un tema clave para la salud de nuestra sociedades: la libertad de expresión de las mujeres periodistas. La reflexión está propuesta en redes con los numerales #8MMujerPeriodista y #8MWomanJournalist, así encontrarán el enlace para el informe una vez sea público.

En relación con la violencia en línea, la RELE apunta a que las periodistas están particularmente afectadas por acciones como el monitoreo y el acecho, la publicación de datos personales, el trolling, el desprestigio, la difamación o la descalificación, y el odio viral. Ya sabemos que esta violencia se refleja más en quienes cubren temas tradicionalmente considerados de hombres como política, judiciales o deportes y los vinculados a derechos de las mujeres o de la comunidad LGBTI. Vale la pena decir que en este tema la RELE menciona el diagnóstico que en Karisma, donde trabajo, hicimos para caracterizar y entender las violencias digitales que enfrentan las periodistas y comunicadoras colombianas.

El informe reconoce que los periodistas hombres también sufren violencia en línea, pero la de las mujeres tiende a ser más grave, traduciendo y retroalimentando diversas formas de violencia en espacios no virtuales. Para la RELE, esta violencia tiene dos efectos igualmente graves. De una parte, representa para muchas mujeres autocensura, terminan cerrando sus cuentas e incluso abandonando la profesión. De otra parte, se priva a la sociedad de sus voces en el espacio público, afectando la pluralidad en los medios, afianzando la discriminación y la desigualdad.

Entre las recomendaciones para los Estados está la de implementar un enfoque que tenga en cuenta la disparidad entre hombres y mujeres, que para la violencia en línea supone trabajar por la libertad de expresión de estas mujeres tanto en línea como fuera de línea. Por eso, les anima a hacer un reconocimiento público de esta disparidad, y a hablar de la importancia de su trabajo y de la necesidad de que su voz se escuche. También les pide asegurarse de tener sanciones adecuadas y efectivas.

Con este fin, retoma las recomendaciones de la relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer para resaltar la necesidad de actuar “en particular [contra] la distribución no consensual de imágenes íntimas, el acoso en línea y el acecho cibernético (cyber stalking)”. La RELE, sin embargo, advierte que los Estados deben abstenerse de introducir nuevas disposiciones penales que puedan dar lugar a restricciones arbitrarias del derecho a la libertad de expresión. También deben abstenerse de imponer a los intermediarios en internet la obligación de restringir contenidos con arreglo a disposiciones jurídicas vagas o sin un examen judicial o de autoridad independiente previo. Además, habla de la importancia de contar con medidas de protección expeditas para evitar la reproducción o intercambio de imágenes íntimas sin su consentimiento u otras formas de acoso o violencia en línea.

Se detiene en solicitar a los Estados el despliegue de campañas de sensibilización y alfabetización mediática y digital, dando un rol importante a la educación. En ninguna parte de este documento se habla de que el Estado exija a las empresas privadas que controlan las redes sociales que ejerzan la capacidad de censura para evitar la circulación de contenido.

De hecho, la recomendación para las empresas es la de guiarse por los principios rectores de respeto a DDHH de la ONU de 2011. Indica que su diligencia debe “incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos, la integración de las conclusiones y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas”. 

Anima a las empresas en su labor de autorregulación, a tener normas de comunidad que sean mecanismos transparentes, accesibles y eficaces de denuncia para los casos de violencia en línea contra las mujeres, y que tomen en cuenta las necesidades de las periodistas. A las empresas también las alerta de que, en todo caso, las medidas voluntarias que regulen el funcionamiento de sus plataformas o servicios y que busquen proteger los derechos de las personas usuarias deben estar alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos, de modo que no impidan la libertad de expresión de una persona en internet.

Las recomendaciones para los medios de comunicación consisten, entre otras, en adoptar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas frente a riesgos basados en género, especialmente la violencia sexual y la violencia en línea. Esto incluye que los medios digitales busquen promover el debate, pero teniendo estándares comunitarios y políticas de moderación y participación que eviten la violencia sexista.

Finalmente, se pide a las empresas ofrecer información sobre cómo adoptar soluciones técnicas de seguridad digital. Las condiciones del servicio, las reglas de la comunidad y la información sobre su aplicación deben ser claras, comprensibles, de fácil disponibilidad y en formatos amigables, en los idiomas de la localidad.

Nota. Un tema que debería movernos de la reflexión a la acción, con un importante impacto social, sería rodear a las jugadoras profesionales de fútbol en el país. En este momento quizá son el mejor ejemplo de la lucha histórica por la igualdad laboral. 

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