El 27 de enero, con tan solo un día de aviso, el presidente Iván Duque cerró la frontera con Brasil para evitar la transmisión de la variante del COVID-19 que apareció en la Amazonia. El cierre, según la declaración del propio presidente, sería inicialmente por 30 días, no cobija el comercio binacional y contempla el ingreso de nacionales y extranjeros residentes por medio de vuelos humanitarios. Sin embargo, pasado casi un mes, los que nos quedamos varados en Brasil no hemos recibido orientación alguna. Del consulado se limitan a informar que ese tipo de vuelos se organizan directamente desde Colombia.
La decisión de cerrar fronteras con Brasil está plenamente justificada. El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de evitar la llegada de una variación del virus que podría tener consecuencias de gravedad sobre la salud pública. Lo que no tiene ninguna justificación es la inacción del Gobierno frente a la situación de los colombianos que quedaron por fuera. El artículo 22.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser expulsado ni privado del derecho a ingresar a su propio país. Según el artículo 34 de nuestra Constitución, nadie puede ser sometido al destierro. Pues bien, al cerrar los vuelos comerciales, sin ofrecer alternativas, el Estado colombiano está violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y condenando a los nacionales en Brasil a un destierro de facto. La prohibición del ingreso a Colombia también suprime el disfrute de otros derechos como lo son la vivienda digna, salud, educación y trabajo. Es una situación inaceptable. Es difícil entender por qué el Gobierno no ha hecho nada para corregirla.
En el pasado se organizaron, de acuerdo al consulado colombiano en São Paulo, 15 vuelos de este tipo. Incluso está el antecedente de la operación a Wuhan para repatriar a los colombianos que en ese momento estaban en el epicentro de la pandemia. La única razón que explicaría esta inacción es que se tema que en estos vuelos humanitarios ingrese al país la nueva variante del COVID-19. De ser así, estaríamos ante una decisión inmoral, pues la protección de la salud pública no puede pasar por encima de los derechos de un grupo de ciudadanos, por pequeño que sea. Además, es un falso dilema. Se pueden hacer pruebas, cuarentenas, seguimiento a los repatriados, por nombrar algunas posibilidades.
Reitero, en el pasado, el Gobierno trajo a los colombianos de Wuhan cuando se conocía muy poco del virus, el sistema de salud no estaba preparado y no había vacunas. Las circunstancias son muy diferentes en este momento, cuando hemos aprendido a convivir con la pandemia y la vacuna se ve como una luz al final del túnel.
Tampoco es entendible que durante todo este tiempo el comercio binacional haya conservado su flujo normal, a pesar de que el virus puede entrar en las tripulaciones de los barcos o aviones de carga. El mensaje del Gobierno parece claro: asumimos el riesgo para proteger los negocios, pero no para proteger la dignidad de nuestros ciudadanos.
En conversación telefónica, el propio consulado en São Paulo reconoció la gravedad de la situación, pues entre los damnificados hay mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, ha sido incapaz de transmitirle al Gobierno nacional el desespero y el sentido de urgencia que la situación de los colombianos en Brasil amerita.
Juan Pablo Ossa.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
