Por: Columnista invitado

Adolescentes en responsabilidad penal: entre el cielo de la legislación y el infierno de la realidad

Por: Fidel Alejandro Ruiz Caicedo

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

El anterior es el primer artículo de la Declaración de los Derechos humanos y, evidentemente, es el mas violado en Colombia: En el principal centro de reclusión para ellos, como lo corroboró en reciente edición la revista SEMANA, los golpean, bañan con agua helada en la madrugada y son víctimas de torturas físicas y sicológicas.

En el último intento de fuga del principal centro de “rehabilitación” llamado El Redentor en Bogotá, la golpiza que recibieron los jóvenes allí recluidos debió ser muy grave y para muchos adolescentes, como hace sospechar el hecho de que media docena de policías fueron suspendidos…

Nueve de cada diez muchachos que delinquen en Colombia, según investigaciones de la UNICEF, pertenecen a los estratos 1 y 2 de nuestra sociedad. Muchos de ellos llegan allí por robar algún alimento, un juguete, un CD o un celular y audífonos para imitar a los jóvenes de su edad más favorecidos, y egresan de esas “universidades” graduados como carteristas, vendedores de vicio o expertos en extorsión o secuestro, cuando no de sicarios.

La Defensoría del Pueblo en un informe del año 2015*, denunció que a nivel nacional en todos los Centros de “reclusión” prácticamente se violan todas las normas que protegen a estos adolescentes.

Porque en estos lugares no purgan sus delitos, sino que enfrentan el infierno de la reclusión y el aprendizaje de los peores delitos que afectan a la sociedad colombiana.

Sin embrago, aunque no las conocemos todas, la lectura de las normas vigentes nos haría pensar que el país sería un paraíso en la rehabilitación de los adolescentes.

Se creo el Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en el nivel nacional y regional, por Decreto 1585 de 2015, que se supone protege a los muchachos, quienes, aunque estén detenidos tienen derecho a recibir educación de acuerdo con su etapa de desarrollo y conforme a sus necesidades educativas, además su atención tiene un carácter pedagógico, que apunta a su cambio ene proyecto de vida y a una justicia restaurativa.

Los pocos afortunados que logran recibir educación y superarse al reintegrarse a la sociedad se encuentran con un hogar en alta pobreza, sin empleo y sin servicios sociales, tales cultura y educación.   

Adicionalmente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene el proyecto Sueños, gracias algunos pocos son patrocinados para sus estudios superiores, culminándolos exitosamente, lo cual demuestra que no es por falta de capacidades sino de oportunidades.

En este universo no queda más remedio que terminar con un lugar común: las medidas son las adecuadas pero los encargados de hacerlas cumplir (operadores de los centros, guardias, policías, alcaldes, gobernadores, Ministerio de Justicia e ICBF, entre otros), no las conocen o no las acatan pues si lo hicieran la infancia y la adolescencia colombiana estaría en una situación más favorables para ser adultos de bien.

 

*Violaciones a los Derechos Humanos de adolescentes privados de la libertad. Recomendaciones para enfrentar la crisis del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. (Bogotá, marzo de 2015).

 

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