Por: Rafael Orduz

Adolescentes sicarios

Nada que mejor ilustre el nivel de enfermedad de nuestra sociedad que los niños contratados para matar.

No es nuevo, lo sabemos. Los asesinos del ministro Lara Bonilla, del candidato presidencial Carlos Pizarro y de tantos otros eran adolescentes. No nacimos pa’ semilla, la obra de Alonso Salazr, va para 30 años. Esa brutal forma de trabajo infantil, la peor, la de acudir a jóvenes para encomendarles asesinatos, sigue vigente en Medellín, Cali, Bogotá.

Refleja, como ningún otro tipo de hechos violentos, un grado de descomposición en el que están comprometidos las familias, las autoridades públicas, el sistema educativo, los partidos políticos y, en general, la llamada sociedad civil.

El video del muchacho disparándole a un hombre es aterrador. Ocurrió el miércoles 27 de marzo, en Medellín. A pocos metros de la víctima, el sicario niño desenfunda el revólver, dispara y su víctima, de inmediato, cae. No aparece en el video que alcanzó a matar y herir a otras personas en unos pocos segundos. Luego sale corriendo.

Las preguntas que las autoridades hacen son la señal inequívoca de la impotencia: ¿Por qué no estaba estudiando el muchacho? ¿Dónde estaba la familia?

La noticia iba acompañada de otros datos: que el adolescente, de 14 años, según el fiscal, ya tiene diez homicidios a cuestas y que 600 menores han sido aprehendidos durante el 2019, por diferentes delitos, incluyendo los homicidios.

Medellín y Cali son ciudades que tienen una alta tasa de uso de niños (agresión y homicidios) subcontratados por oficinas de cobros, bien para amenazar, extorsionar, agredir o matar. Desde luego, habría que pedirles cuentas a las oficinas de cobros. Sin embargo, estas son, a su vez, contratadas por individuos del “mundo formal”. Colombia carece de investigación criminal suficiente y seria para establecer quiénes acuden a dichas mesas de la muerte a contratar sus servicios.

Claro, existe el SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes), establecido por el Código de Infancia y Adolescencia (2006), referido a los adolescentes entre 14 y 18 años. Sin embargo, el país carece de una política sólida e integral de prevención de la delincuencia juvenil. ¿Cómo garantizar la no repetición? ¿Cómo integrar a la sociedad a los adolescentes que salen del SRPA? ¿A las familias?

Algunos caen en la tentación de bajar la cerca de los 14 a los 12 años y, en general, de propuestas que caben dentro del “populismo punitivo”. Hay también quienes, por debajo de la mesa, hablan de limpieza social.

Datos que hay que tener en cuenta: según el ICBF el 70 % ingresa al SRPA por tráfico, porte, fabricación de estupefacientes y hurto; el 4 %, por delitos contra la integridad sexual y el 2 %, por homicidios (R. Rubio, Razón Pública).

Si no prevenimos, si no contamos con políticas integrales de no repetición y restauradoras de derechos, apague y vámonos.

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2019-04-02T01:00:51-05:00

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