Aire contaminado y alianza ciudadana-gobierno

Juan Pablo Ruiz Soto
26 de febrero de 2020 - 00:00 a. m.

La calidad del aire es componente esencial de un ambiente sano. Los ciudadanos estamos en mora de gestionar ese derecho constitucional. No se trata solo de una exigencia de la ciudadanía a los gobiernos; es una tarea conjunta. La mala calidad del aire en Bogotá y Medellín viene afectando desde hace años la salud de todos sus habitantes. El aire también se está deteriorando en muchas otras ciudades colombianas.

Según el DNP, en Bogotá en 2015 el 10,5 % del total de las muertes que se presentaron se debió a la contaminación del aire; los costos en salud equivalían al 2,5 % del PIB de la ciudad. Ese mismo año, la situación en Medellín era aún peor: la contaminación generó el 12,3 % de las muertes y tuvo un costo equivalente al 5 % del PIB.

El deterioro de la calidad del aire afecta de manera diferencial según la ubicación y actividades que realicemos. Un ejemplo crítico: los taxistas. Rafael Ernesto Cuadros ha navegado en medio de la contaminación durante diez años conduciendo su taxi 12 horas diarias. El taxista, camino a la muerte, no fuma, pero una radiografía muestra sus pulmones como los de un fumador empedernido. El problema es muy serio. La muerte es la manifestación terminal de enfermedades respiratorias que afectan la calidad de vida y la capacidad productiva. En 2018 ya era claro que, si no se tomaban medidas radicales, el fenómeno se haría cada vez más frecuente y sus impactos negativos se multiplicarían de manera geométrica. Hoy ya lo estamos viviendo.

Ahora que los alcaldes de Bogotá y Medellín están dispuestos a tomar medidas, es necesario que actuemos como ciudadanos y acompañemos a sus gobiernos en la búsqueda de soluciones. Por su grado de organización, sus sistemas de comunicación y los efectos que están padeciendo, los taxistas son los primeros llamados para defender la vida. Mi propuesta es que invitemos a las mujeres taxistas a liderar un movimiento ciudadano y que, en las calles, rodeemos a los autos, buses y camiones que a simple vista estén contaminando por encima de la norma, y llamemos a las autoridades para que apliquen la ley. Parece violento, pero es más violento perder la vida por la contaminación.

Con unas semanas de protesta y acciones conjuntas y eficientes contra los contaminantes, las cosas podrían mejorar. Además, los lugares responsables de otorgar los certificados de emisión de gases deben ser efectivos. Según versión de varios ciudadanos, algunos centros reciben sobornos y dan certificados falsos.

Debemos seguir avanzando y acelerar el reemplazo de los buses diésel por buses eléctricos. Hay que apoyar el reemplazo gradual de los camiones viejos por otros modernos y programar para que en dos o tres años todas las motocicletas nuevas que entren al mercado sean eléctricas. A los autos de uso familiar se les debe poner un impuesto alto y diferencial según el tamaño de los motores: cuanto más grande el motor, mayor impuesto. Se deberían suspender los impuestos a vehículos híbridos y eléctricos y subir el impuesto a la gasolina y el diésel en las ciudades.

Hagamos bien las cuentas. Los costos de la contaminación los asumimos todos. Lo barato sale muy caro.

 

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