Por: Jorge Gómez Pinilla

Álvaro Gómez Hurtado y los exabruptos de la Fiscalía

Digámoslo sin rodeos: frente al caso por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado la Fiscalía General de la Nación se está tomando más atribuciones de las que le corresponden, a la par que adelanta una poderosa campaña mediática tendiente a ocultar a los verdaderos autores de ese crimen.

La sorpresa de hace unos días fue la noticia según la cual tres policías fueron llamados a indagatoria por desviar el proceso. Como dato llamativo, tres medios de comunicación reprodujeron de manera casi idéntica el comunicado que expidió la oficina de Prensa de la Fiscalía (El TiempoCaracol y El Espectador), sin ningún sentido crítico hacia la información oficial, aceptando y reproduciendo lo que allí se dijo como si fuera la verdad por fin revelada.

Pero ocurre lo contrario, pues lo que se percibe es la aplicación de un plan estratégico de comunicaciones -por no decir de Inteligencia Militar- orientado a imponer la tesis que sin sustento probatorio alguno expuso el narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, desde una cárcel de Estados Unidos y con el único propósito de obtener rebaja de penas, como él mismo habría de reconocerlo en una tercera declaración suya que Enrique Gómez Martínez (hoy abogado del que disparó contra su tío) trata de ocultar, pero que saldrá a la luz pública.

Las dos primeras declaraciones de Rasguño (a las que Semana les metió lupa analítica en artículo de carátula titulado ¡Está loco!) planteaban que el cartel del Norte del Valle habría asesinado a Gómez Hurtado en parte para “hacerle un favor” al gobierno de Ernesto Samper, silenciando a un crítico suyo, y en parte porque se rumoraba que habría un golpe de Estado y se instalaría una junta presidida por el dirigente conservador, quien convocaría a una Asamblea Constituyente para revivir la Constitución de 1886, extraditar a los principales capos del narcotráfico y cerrar el Congreso.

¿Y a quiénes presentaba ‘Rasguño’ como los determinadores del magnicidio? A tres mafiosos, todos muertos, todos pertenecientes al cartel del Norte del Valle: Efraín Hernández alias ´don Efra’; Orlando Henao alias ‘El hombre del overol’; y el coronel (r) de la Policía Danilo González, que terminó al servicio de esa agrupación criminal. Había además un eslabón que estaba incomodando, el abogado Ignacio Londoño Zabala, quien según ‘Rasguño’ habría sido el que les transmitió el mensaje a los mafiosos para que se encargaran del asunto.

Londoño estaba muy tranquilo porque nunca fue vinculado al proceso -declaró en versión libre- y tenía en su poder una carta con letra, firma y huella del propio Rasguño donde este se disculpaba por haber mentido sobre él y le explicaba el motivo de su engaño a la justicia. (Ver El eslabón perdido, revista Semana). Tal vez el saberse libre de toda culpa con ese documento hizo que Londoño descuidara su seguridad personal y fuera asesinado el 19 de julio de 2015, siendo candidato a la alcaldía de su natal Cartago. Esa carta es posible que permanezca en poder de algún miembro de su familia, en calidad de depositario o custodio del documento, y que un día de estos también salga a la luz pública.

El plan estratégico de Londoño, según su abogado, era obtener de la Fiscalía una resolución inhibitoria que le permitiera posesionarse como alcalde de su pueblo y olvidarse de la acusación, con su hoja de vida limpia, pero un sicario le frustró su sueño disparándole desde una ventana. 

La ausencia física de Londoño es la que le permite al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez (amigo de la periodista conservadora María Isabel Rueda, a su vez muy cercana a los intereses de la familia Gómez Hurtado) imponer una tesis sin sustento probatorio diferente al que ya no pueden brindar los cuatro muertos citados, pero a quienes sí se les puede echar la culpa para que nadie vuelva a pensar en la tesis expuesta por el exembajador de Estados Unidos Myles Frechette, sin duda el hombre mejor informado que hubo durante el gobierno de Samper.

Según Frechette “gente de derecha en algún momento decidieron (sic) hacer un golpe, y le preguntaron a Álvaro Gómez (…) que si él podría encabezarlo. Él lo pensó, y lo rechazó. En ese momento los conspiradores decidieron matarlo, porque ellos sabían que en algún momento, según las circunstancias, él podía delatarlos”. Y más adelante agrega: “El autor material pudo ser cualquier persona. Pero los autores intelectuales están ahí todavía, ahora. No sé adónde, pero están en Colombia. No han sido apresados, no han sido detenidos, nada”. (Ver entrevista).

A pesar de tan contundentes afirmaciones de Frechette, mas los numerosos indicios que apuntan en esa dirección, la Fiscalía sigue con su entramado de exabruptos, buscando el ahogado río arriba. El primer exabrupto aparece en un artículo de El Espectador titulado ‘Revive el caso Gómez Hurtado’, donde se lee: “Hoy la justicia admite que el cartel del Norte del Valle fue quien (sic) asesinó a Gómez y, según testimonios de los propios capos que siguen en Estados Unidos, la razón del crimen fue la creencia de Orlando Henao y su círculo de que el dirigente conservador iba a ser parte del gobierno tras el derrocamiento de Samper, y los narcotraficantes iban a ser extraditados a Estados Unidos. Por eso se configuró la conjura en la que, así como el coronel Danilo González fue determinante, también estuvo el abogado José Ignacio Londoño Zabala”.

¿Cómo así que “hoy la justicia admite”, y por qué la prensa se deja meter tan fácil los dedos en la boca? La justicia la imparten los jueces y las atribuciones de la Fiscalía son las de investigar y acusar ante los estrados judiciales, no las de ejercer justicia por lengua propia. Y hasta donde llega la información -o mejor, el estado del proceso- ningún juez de la República ha sentenciado en los términos que el fiscal general quisiera precipitar, salvo por la pena de 40 años al único condenado, Héctor Paul Flórez, hoy paradójicamente representado por Enrique Gómez Martínez en un trámite insólito y absurdo, pues aparece defendiendo a quien fuera el asesino de su tío.

Esa misma indebida atribución -o intromisión- de la Fiscalía obra para la declaratoria de lesa humanidad, tarea que no le compete a Néstor Humberto Martínez Neira sino a un juez, sea uno de primera instancia o la misma Corte Suprema, por cierto la más indicada por ser allí donde reposa el proceso en el que obra como parte civil la familia de la víctima y como acusado el exministro del Interior Horacio Serpa, mientras que el expediente contra Ernesto Samper reposa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como corresponde al fuero presidencial y según la legislación vigente.

Tuve oportunidad de contactar a uno de los policías que rindieron diligencia de indagatoria en días recientes, el entonces mayor Luis Guillermo Parra Niño, para la fecha comandante de la Sijín en Sincelejo, y asombra la tranquilidad que lo abriga frente a la acusación que le hacen (favorecimiento y fraude procesal), en aplicación del refrán “el que nada debe nada teme”.

Los tres policías cumplieron con la recepción rutinaria de una declaración de Carlos Alberto Lugo, delator de uno de los sicarios, Héctor Paul Flórez, al que el abogado Enrique Gómez Martínez necesita tumbarle el proceso para que puedan declarar el homicidio como crimen de Estado y así él y su familia se hagan merecedores a una millonaria indemnización. (Ver columna anterior sobre el tema).

Por ahora, basta denunciar la anómala situación que desde finales del año pasado se viene presentando, cuando la Fiscalía General de la Nación decidió tomar partido por una de las partes del proceso y, asumiéndose como juez y parte, comenzó a usurpar la competencia que solo la justicia tiene para resolver el caso.

La gran pregunta es: ¿Qué está llevando a Néstor Humberto Martínez a ‘pedalear’ la impunidad para los verdaderos autores del execrable asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? No puede ser solo influencia de su protegida, María Isabel Rueda. ¿O sí…? Mejor dicho, ¿qué será, será?

DE REMATE: Los tres gobiernos de Álvaro Uribe -los dos que ya tuvo y el que va a comenzar- fueron elegidos por el 27 por ciento del total de votantes potenciales que aparecen en el Censo Electoral. Es decir, Uribe siempre ha sido elegido por menos de la tercera parte de los electores posibles. Es por eso que el voto obligatorio es lo único que serviría para darle una verdadera vuelta de tuerca a este país agobiado por tanta impunidad reinante. ¿Por qué en ninguna reforma política desde los años del Frente Nacional ha prosperado el voto obligatorio? Muy fácil: porque sería soga para el propio pescuezo de los políticos que lo aprobaran.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com/

 

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