Por: Jorge Gómez Pinilla

Álvaro Gómez Hurtado y un crimen de lesa redacción

En días pasados llegó a mis manos la declaratoria de lesa humanidad que emitió la Fiscalía por el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Son 52 páginas y la primera impresión que queda de su lectura es que el fiscal Néstor Humberto Martínez no leyó el documento, o si lo leyó no se explica por qué dejó pasar tan numerosos y protuberantes errores de redacción y ortografía, por un lado, y tan bajísimo nivel de argumentación jurídica, por otro. 

Las primeras nueve páginas son un verdadero zaperoco, sin hilo conductor y con un doble objetivo: desvirtuar las pruebas que condujeron a la condena de Héctor Paul Flórez (el único condenado, hoy defendido por un sobrino de la víctima), y eximir de culpa a los militares involucrados en la planeación del crimen, en particular el coronel Bernardo Ruiz y el general Rito Alejo del Río. 

Para muestra del revoltillo y la pésima redacción, estos botones: sobre el testimonio de Mary Luz Cuadros dice que “fue elaborado en sus propias conjeturas o de interpretaciones que hizo de las noticias y retratos hablados que en la época divulgó (sic) los medios de comunicación”. Y del testigo Julio Ramón Carrillo afirma que “ninguna verosimilizad (sic) tienen las circunstancias que plantea”. (Ambos gazapos en página 7).

Súmenle a esto que en la página 35, al referirse a un editorial de Gómez Hurtado (Una causa desaforada) habla de “el ardí (sic, con tilde en la í) del presidente y de su apoderado para buscar una absolución”, mientras que en la 47 dice que Orlando Henao era “consiente” de la lucha que el Estado libraba contra él. 

Un segundo aspecto llamativo tiene que ver con las inusuales y abundantes citas (nueve en total) al libro Memoria de un golpe, del político conservador Pablo Victoria. Inusuales porque de Victoria siempre se ha dicho que con su amigo y confidente el general Harold Bedoya fue participante activo del complot que intentó tumbar a Ernesto Samper “por los buenas o por las malas”, y el libro habría sido escrito con el expreso propósito de desvirtuar esos señalamientos. 

Tan copiosas citas a ese libro encierran además una contradicción flagrante, teniendo en cuenta que su autor en la página 277 cuenta de una visita que le hizo el general Fernando Landazábal, donde le dijo: “Quiero hablar con usted, pero otro día, porque yo sé quién mandó asesinar a Álvaro Gómez”. Quedaron en que cinco días después hablarían sobre el tema, pero fue asesinado el día anterior, 12 de mayo de 1998. ¿Alguien se atreve a poner en duda que quienes lo mataron fueron los mismos ‘compañeros de armas’ que mataron a Gómez Hurtado, y por el mismo motivo, porque uno y otro sabían demasiado? ¿O acaso van a culpar también a Ernesto Samper del homicidio de Landazábal?

Otra cita igualmente llamativa es la que hacen de la periodista María Isabel Rueda –tan conservadora como Pablo Victoria- donde ella se refiere en elogiosos términos a su exjefe Álvaro Gómez (“él luchaba contra (…) las imbricaciones de la Política con la delincuencia”), pero sin que aporte ningún elemento novedoso en términos probatorios.

En síntesis, esas reiteradas citas son prueba fehaciente de la orientación ‘goda’ que respira la declaratoria de lesa humanidad emitida por la Fiscalía, y son a su vez la mejor expresión del grado de afinidad que hoy existe entre el ente acusador y la familia (y la ideología) del líder inmolado.

La segunda parte del documento está dedicada a demostrar por qué el crimen se debe declarar de lesa humanidad, y en este punto la “sistematicidad” juega un papel determinante. La Fiscalía no ve sistematicidad en los asesinatos que desde la firma del acuerdo de paz se vienen cometiendo de modo sistemático –valga la redundancia- contra líderes de derechos humanos, pero sí la ve al establecer conexión entre el asesinato de Álvaro Gómez y los de mafiosos como Pablo Escobar o Gonzalo Rodríguez Gacha contra políticos y/o periodistas, siendo que la intención entre uno y otros fue por completo diferente. 

En este contexto es bien llamativo el olvido adrede que hacen de las declaraciones del exembajador de EE.UU. en Colombia, Myles Frechette, tanto a diferentes medios como en entrevista que me concedió en Washington tres meses antes de morir, donde habló de “militares que hicieron cosas brutales, pero lo hicieron por el bien de la patria”. Cuando le pregunté si entre esas cosas brutales estaba el asesinato de AGH, respondió: “No. Eso lo hicieron porque querían borrar su rastro. Borrar la conexión entre ellos y Álvaro Gómez. Cuando él les dijo que no (al golpe de Estado que preparaban), ellos pensaron “caracho, de pronto el tipo suelta la letra o se le sale algo. Y lo inmolaron”. Y agregó: “El autor material pudo ser cualquier persona, pero los autores intelectuales están ahí todavía. No sé adónde, pero están en Colombia. No han sido apresados, no han sido detenidos, nada”. (Ver entrevista).

Y el documento de declaratoria de lesa humanidad producida por la Fiscalía General parece orientado precisamente a ocultar el papel representado por esos “autores intelectuales”, cuyos nombres Frechette no quiso dar porque “hay secretos de Estado que no puedo contar”.

Pese a la importancia capital que las palabras de Frechette deberían tener en el esclarecimiento del crimen, por ser la persona mejor informada que hubo durante el gobierno de Samper, su nombre es mencionado una sola vez y de manera errada, cuando en la página 5 dicen que según Carlos Lugo “los autores del atentado eran personas vinculadas al ejército nacional, hipótesis compartida por el entonces embajador de Estados Unidos señor FRECHET (sic) quien le dijera a MARIA MERCEDES GÓMEZ ESCOBAR que para saber de dónde provenía el crimen indagara en la Brigada 20 con un señor de apellido RUIZ”.

Un asunto que falta dilucidar –como dije en columna anterior- es por qué la Fiscalía pretende utilizar la declaratoria de lesa humanidad para interceder ante la Corte Suprema por Héctor Paul Flórez, pese a que este ya cumplió las ¾ partes de la pena y se encuentra en libertad condicional. La única explicación que hallo, es que dicha condena constituye un obstáculo para que la familia de la víctima reciba una millonaria indemnización. Si estoy equivocado, permanezco atento a que se me demuestre el yerro.

DE REMATE: Si para la primera vuelta continúa la división suicida entre los tres grandes bloques de la centro-izquierda (Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo), votaré por Petro. Es el que tiene más posibilidad de pasar a la siguiente ronda y no quiero botar mi voto. Con Petro al menos subsiste la esperanza de que yo esté equivocado sobre su dificultad para trabajar en equipo, y termine por armar el Equipo Mundialista.

En Twitter: @Jorgomezpinilla

http://jorgegomezpinilla.blogspot.com.co/

 

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