Ambiente sombrío

El execrable atentado del 17 de enero contra la institución de la Policía Nacional y la reacción del Gobierno Nacional de declararle la guerra al Eln sacudieron los cimientos de la sociedad colombiana. Nos revivió los eventos cruentos de las guerras contra el narcotráfico y la insurgencia que hemos padecido y nos han llenado nuevamente de zozobra. 

El país comenzaba a disfrutar de momentos de paz en muchas regiones azotadas por el conflicto y había recuperado la confianza de millones de turistas y empresarios extranjeros que descubrían los recursos y las oportunidades que siempre ha ofrecido Colombia, pero que la inseguridad había vedado.

Las fuerzas políticas y sociales, tanto tiempo reprimidas por la polarización y los peligros que generaba la violencia organizada, habían comenzado a asomarse, a movilizarse, a experimentar contra la corrupción, el clientelismo de mercado y otros males endémicos que deterioran nuestra calidad de vida e impiden el progreso social, económico y de la democracia en Colombia.

Al puro comienzo de su gestión, el presidente Duque sentó dos condiciones para continuar los diálogos con el Eln que equivalían a demandar que cesaran su lucha armada y su forma de financiarla: no más acciones criminales y cese del secuestro. Esta segunda demanda es indispensable para continuar el proceso de paz por tratarse de un delito de lesa humanidad inaceptable para cualquier sociedad civilizada, que fue cumplida por las Farc en su negociación con la administración Santos y que permitió destrabar la negociación y llevarla a buen término. Uno de los puntos de quiebre que llevaron a esta guerrilla a optar por su desmovilización fueron las enormes manifestaciones contra el secuestro de 2004 que les demostraron que estaban muy lejos del sentir de la Nación.

El Eln no había aceptado el cese del secuestro ni devolver las víctimas que tiene en su poder, lo cual había mantenido estancado su proceso con el gobierno de Santos; Duque no consideró necesario presionarlos en esa dirección y decidió más bien apartarse de la mesa de La Habana. Esta fue una mala decisión pues cortó las comunicaciones con un movimiento caracterizado por el fanatismo religioso y que cuenta con una estructura descentralizada. 

Frente a la indiferencia del Gobierno Duque, que cuestionó su voluntad de paz, el Eln decidió desatar nuevas voladuras de la infraestructura petrolera y al parecer este feroz atentado terrorista que se le devolvió con la declaratoria de guerra de Duque. El desconocimiento por el Gobierno de los protocolos de ruptura del proceso acordados entre las partes y los países garantes del proceso puede hacer quedarnos muy mal ante la Comunidad Europea y las Naciones Unidas, que respaldan las negociaciones de paz en todos los conflictos que persisten en el planeta. Lo sucedido el 17 de enero en la Escuela General Santander no está nada claro y hace falta que emisarios del Gobierno se puedan reunir con los representantes de la guerrilla para conocer su posición.

La marcha contra la violencia de ayer puede ser un nuevo punto de inflexión para que el Eln tome conciencia de que está de espaldas a las necesidades y anhelos del pueblo colombiano. Hacia futuro, debe conformarse un movimiento ciudadano contra todas las formas de violencia, incluyendo las que están siendo ejercidas contra líderes sociales y reclamantes de tierras, y persistir en la lucha contra la corrupción y el clientelismo.