Por: Eduardo Sarmiento

Angustia fiscal

Los desaciertos del Gobierno en materia fiscal han generado un estado de incertidumbre e inseguridad.  Los anuncios de la elevación del IVA a la canasta familiar y el aumento de las tarifas a las rentas y las pensiones a las personas naturales han generado la sensación de una carga tributaria que supera las posibilidades de la clase media.

En la última columna mostré como a la clase media le corresponde en la propuesta oficial cubrir la baja de las tarifas de las empresas las personas jurídicas,  la devolución del IVA,  el hueco fiscal y la reducción del déficit fiscal. La operación significa una cuantiosa contracción de la demanda que puede desestabilizar al sistema económico. No se advierte que las clases medias de los países desarrollados tienen ingresos varias veces mayores que los de Colombia, y, en consecuencia, pueden soportar cargas fiscales mucho más altas.

Los economistas neoliberales del mundo y de Colombia no han entendido que la ley de Say no se cumple en muchas circunstancias.  La oferta no crea la demanda.  Tal ha sido el caso de la economía colombiana en los últimos cuatro años. El diagnóstico se analiza en varias columnas, y tienen la manifestación más clara en el crecimiento del crédito por debajo del producto nacional y en el rezago de los salarios con respecto a la productividad del trabajo.

Lo anterior ocurrió durante la administración anterior. Mauricio Cárdenas justificó la última reforma tributaria como una forma de aumentar los recaudos y reducir el déficit fiscal.  Las cosas no resultaron porque la elevación de los gravámenes frenó la actividad productiva. La regla fiscal dejó de cumplirse y significó la inconformidad del FMI  y las firmas calificadoras de riesgo.  Lo cierto es que el hueco fiscal reapareció y el Gobierno entrante se ve obligado a repetir el ritual para complacer a los organismos internacionales.

El desespero fiscal se origina en el desconocimiento de las deficiencias del modelo económico en materia comercial y financiera. La organización externa da lugar a un cuantioso déficit en cuenta corriente.  En las circunstancias actuales asciende a 2.8% del PIB y podría aumentar considerablemente si el petróleo se coloca en la franja de precios entre 40 y $60 dólares el barril. Lo más grave es que el modelo de la inflación objetivo del Banco de la República ha resultado totalmente ineficaz para contrarrestar la contracción de la demanda. La baja tasa de interés de referencia no ha tenido ninguna influencia sobre la tasa y el volumen del crédito.  La economía opera con un exceso de ahorro que impide que la producción iguale el ingreso nacional, al igual que la entrada del crédito al sistema.

El estancamiento de la economía, que lleva más de cuatro años, no se origina en el sector fiscal sino en el sector externo y en el balance macroeconómico. El modelo económico no garantiza la estabilidad de la balanza de pagos ni el aprovechamiento de la capacidad instalada, y la reforma agravaría la insuficiencia.  

La ley de financiamiento sobra. La Constitución le da amplios poderes al Estado para impulsar la economía.  Otra cosa es que no hayan sido empleados adecuadamente. La concepción del banco central autónomo para regular la inflación y la austeridad fiscal está fracasando a lo largo y ancho del planeta.

De ninguna manera la solución al estado actual de la economía es una reforma tributaria inequitativa. La recuperación del crecimiento económico se puede lograr con la modificación del modelo imperante. El primer paso es separarse del criterio de inflación objetivo que no ha dado los resultados previstos. A renglón seguido se plantea una rígida coordinación fiscal, monetaria y comercial para corregir la deficiencia estructural de la balanza de pagos y superar el exceso de ahorro que deprime la demanda.

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