(Anti) diplomacia partidista

Con el paso del tiempo la impronta partidista de la política exterior del gobierno Duque se ha vuelto inconfundible.  Desde el amañado discurso soberanista y del compromiso aparente frente a aquellos países e instituciones extranjeras que han criticado la situación de derechos humanos y la lenta implementación de los acuerdos de paz, la insistencia en una política ya fallida en Venezuela y el matrimonio con Trump, hasta la selección de quienes nos representan en la Cancillería, las estrategias y ordenes en materia internacional parecen provenir más del Ubérrimo que de la Casa de Nariño.

La participación de miembros del Centro Democrático en la campaña estadounidense a favor de los republicanos y las más recientes acciones colombianas en relación con Cuba y Ecuador, tan solo confirman este patrón general.  Como lo planteó en El Espectador el embajador de Noruega, produce extrañeza que en lugar de reconocer a Cuba por entregar información confidencial sobre un posible ataque terrorista del ELN, Colombia no solo haya cuestionado públicamente sus motivos sino vuelto a insistir en que la Isla extradite a sus líderes, lo cual equivaldría a desconocer sus obligaciones -- circunscritas al derecho internacional -- al aceptar ser anfitrión de las negociaciones entre el Estado colombiano y dicha guerrilla.  No saber ver en este gesto, además de una ofrenda a Duque ante la imposibilidad de darle lo que pide, un guiño a Joe Biden para que pueda quitar a Cuba de lista de quienes patrocinan el terrorismo, es perder la oportunidad de ratificar la buena fe colombiana y reparar las relaciones con ambos países.

En el caso de Ecuador, y como si no se hubiera aprendido nada de la aventura electoral en la Florida, el timing de la visita el fiscal Barbosa para entregar a su homóloga (anticorreísta) las supuestas pruebas sobre la financiación del ELN de la campaña de Andrés Arauz, no podría ser más inoportuno y sospechoso.  En medio de un contexto incierto en el que el candidato correísta encabeza el conteo de votos de la primera vuelta y el Consejo Nacional Electoral ha decidido realizar un reconteo ante las acusaciones de fraude de los dos candidatos que siguen, el viaje hiede a injerencia indebida en un proceso electoral ajeno.

Incluso, la adopción del estatuto temporal de protección para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, celebrada mundialmente como una de las señas humanitarias más importantes en años, podría entenderse como parte de la estrategia descrita.  Además de mostrar una Colombia generosa frente a las víctimas del régimen de Maduro, permite distraer la atención de la crítica situación que enfrentan líderes sociales, excombatientes y colombianos del común, al tiempo que ambienta la improbable posibilidad de mayor ayuda extranjera.

Como si los estragos descritos no fueran suficientes, en aquellos pocos asuntos que no parecen del dominio de la (anti) diplomacia partidista, como la negociación de vacunas, el balance ha sido patético, como se evidenció en las imágenes de la llegada de las pírricas 50,000 vacunas arropadas con bandera nacional y la proclamación de que “le cumplimos a Colombia”.

No sobra recordar los costos reputacionales de la disonancia creciente entre lo que dice el Gobierno y lo que hace en relación con asuntos neurálgicos de la agenda interna y externa.  Nuestro país pierde credibilidad además de ganar fama por no honrar sus compromisos, y por oportunista y metido.  Los costos son difíciles de dimensionar.