Por: Salomón Kalmanovitz

Aquí caen los más débiles

Por la corrupción a gran escala en Brasil cayeron los mayores contratistas del gobierno y dos mandatarios del Partido de los Trabajadores, gracias a la investigación judicial y al deterioro de las alianzas políticas que habían encubierto el mecanismo de financiamiento de las campañas por contratos. En Perú, a Pedro Pablo Kuczyinski le tocó renunciar por haber estado asociado a decisiones que favorecieron a la firma Odebrecht y a un Congreso fujimorista que le retiró su apoyo. En Ecuador, el vicepresidente Glas fue destituido por la misma razón, cuando el actual mandatario rompió sus vínculos con el anterior.

En Colombia las confesiones de funcionarios de Odebrecht revelaron cómo su financiamiento de las campañas de Uribe II, Zuluaga y Santos le permitió ganar el contrato por la construcción de la Ruta del Sol y su conexión con Ocaña, en una alianza en la cual la firma brasilera contaba con el 62%; Luis Carlos Sarmiento, con 33% y Carlos Solarte, con 5%. Acá no se molestó en investigar la Fiscalía, tan contundente contra las Farc y contra funcionarios intermedios, ni la Contraloría. Hay que aclarar que la Procuraduría actual hizo abortar un primer acuerdo que le otorgaba $700.000 millones al consorcio, lo cual provocó un cambio de estrategia de los involucrados. Según el senador Jorge Enrique Robledo en su columna del 16 de abril de La Patria de Manizales, está en proceso un tribunal de arbitramento que puede fallar a favor del consorcio para que continúe con la obra torcida, otorgándole $400.000 millones del exangüe presupuesto nacional que financiamos con nuestros impuestos.

Robledo muestra cómo se trató de sofocar el escándalo y desviar la investigación al permitir que la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo la dirección de Pablo Felipe Robledo, ordenara la caducidad del contrato por “vulneración de la competencia”. Como reclama Robledo, el bueno: ¡un delito de gran corrupción trasnacional tratado —esto solo puede pasar en Colombia— como una infracción administrativa!

Esta acción tuvo el efecto legal de dejar libre al consorcio de conducta criminal para que pudiera negociar en igualdad de condiciones con el Estado la reanudación del contrato. Ante el colapso del primer acuerdo, también por retiro de Ramiro Bejarano del primer tribunal, una alianza de Cambio Radical, el Centro Democrático y los partidos que respaldan al Gobierno en el Congreso hizo aprobar la Ley 1882 de diciembre de 2017, autorizando el pago de los $400.000 millones al consorcio, aplicado con retroactividad, lo que es obviamente ilegal.

Iván Duque intervino en estas nauseabundas negociaciones de varias maneras: como perpetrador, estuvo en Brasil acompañando a Óscar Iván Zuluaga en la reunión que tuvo con Duda Mendonça, en la que recibieron un aporte para su campaña presidencial de 2014 por 1,5 millones de dólares; además, ya como como encubridor, fue activo en la aprobación de la Ley 1882, al ser vocero del Centro Democrático, en alianza con todos los partidos interesados en la impunidad de sus actividades corruptas y en asegurar la continuidad del flujo de fondos hacia el consorcio.

Ese comportamiento riñe con sus pronunciamientos. El pasado 15 de abril en Medellín, Duque lanzó un duro mensaje: no habrá un solo beneficio para los corruptos, ni casa por cárcel ni reducción de penas. “Crearemos la extinción de dominio exprés para recuperar todo lo que se roben y empoderaremos a los ciudadanos para denunciarlos”, según El Tiempo.

 

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