Por: Carolina Botero Cabrera

Argentina: No apta para ser anfitriona

La próxima semana en Buenos Aires, Argentina, tendrá lugar la 11 Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Durante esta reunión, se pretende avanzar en las negociaciones de la Ronda de Doha y poner en marcha el Acuerdo de Facilitación de Comercio. La cumbre plantea importantes preocupaciones y provocó una inesperada reacción del gobierno Macri en contra de la organizaciones de la sociedad civil.

Buenos Aires será la sede donde se discutirán un conjunto de normas y recomendaciones aduaneras surgidas en las conferencias ministeriales de Bali (2013) y Nairobi (2015). Pero, el interés de quienes seguimos los temas en la intersección entre derechos humanos y tecnología también estará en esa cumbre.

En la década de 1990 las grandes corporaciones agrícolas, de servicios, farmacéuticas y manufactureras consiguieron acuerdos en la OMC para actividades que les aseguraron importantes ventajas en los mercados y restringieron las capacidades de los gobiernos de reglamentar y moldear sus economías locales, consiguiendo también frenar a la sociedad civil crítica.

Hoy en día, además de las preocupaciones sobre las discusiones que tendrán lugar en temas tradicionales como agricultura y pesca, llama la atención que la agenda tiene muchos elementos que dan cuenta de las prioridades para las nuevas grandes empresas globales. Las empresas, ahora del sector tecnológico, apoyadas por los gobiernos de países desarrollados como EEUU, Japón, Canadá y la UE --y otros en desarrollo alineados con ellos--, buscan reinventar y moldear las normas de la economía digital.

Lo que buscan es que la OMC no solo discuta, sino que se convierta en el foro para regular asuntos sobre e-commerce. El tema es que las normas que se pretenden establecer bajo la etiqueta del “comercio electrónico” van mucho más allá de lo que la mayoría de nosotros entendemos con ese término, es mucho más complejo. Incluye responsabilidad de intermediarios, neutralidad de la red, propiedad intelectual, ciberseguridad, datos personales, y un largo etcétera.

Se trata de temas claves que pueden restringir de manera importante el ejercicio de nuestros derechos a futuro si se ve tan solo desde la óptica del comercio y el mercado. Pensemos, por ejemplo, en el tema de datos personales. Las empresas de mayor capital en el mundo actualmente son digitales y se dedican directa e indirectamente a la recolección de datos. Por eso su objetivo es que el libre flujo transfronterizo de datos personales sea una preocupación de este foro comercial. Buscan disminuir la tributación, la influencia local y eliminar "barreras comerciales". Defender la privacidad y hablar de protección de datos personales se considera en este entorno como obstáculos no arancelarios.

A esto hay que agregar un aspecto fundamental: en la mayoría de estas instancias donde se discuten acuerdos comerciales, la participación de la academia y la sociedad civil es casi imposible o severamente limitada, seguramente por su carácter crítico.

En suma, cada tema que ingresa a foros como el de la OMC supone que las capacidades de los gobiernos locales para regular estas materias en beneficio del interés público disminuya y que la participación de otros sectores -diferentes al gobierno y las empresas- sea efectivamente controlada, evitando debates y procesos democráticos que creíamos exigibles.

Como si necesitáramos probar que se trata de foros oscuros y no participativos, el escándalo que precede a la cumbre de la próxima semana lo protagoniza el gobierno de Macri. El gobierno de Argentina revocó la acreditación, previamente concedida por la OMC, a 68 activistas de 20 organizaciones de la sociedad civil provenientes de 17 países. El gobierno de Argentina justificó su decisión porque, alegó, se trata de organizaciones que hacen “Llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. La decisión afectó incluso a históricas y reconocidas organizaciones que llevan décadas trabajando estos temas y atendiendo la cumbre y que se discutió en Twitter con la etiqueta #UnfitToHost (No apta para ser anfitriona) y generó muchas incertidumbres, aunque se dice que han reconsiderando algunas. En todo caso, ya hay reportes de que a unos días de la cumbre a algunos de los revocados los están parando en la frontera, evitando así su participación no solo en la cumbre sino en los eventos paralelos donde realmente se visibilizan más las críticas.

Mientras a los representantes de las empresas les abren las puertas de la cumbre hay una sensación de impotencia en la sociedad civil. En temas de comercio electrónico, no estarán en Argentina organizaciones regionales e internacionales como Derechos Digitales y Access Now.  Esas son malas noticias para la democracia y debilita aún más la legitimidad de este espacio y de los acuerdos que se puedan lograr.

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