Por: Hernando Gómez Buendía

Arias, o el espejo de Colombia

Todo empezó con la tesis de grado de un colombiano de la clase media en alguna universidad de California.

A punta de ecuaciones complicadas y de estadísticas terriblemente mal utilizadas, ese joven logró convencer a sus maestros de merecer el doctorado por demostrar que la política de “Seguridad Democrática” sería el motor del crecimiento económico en Colombia. La tesis por supuesto llegó a oídos de Uribe, y como sus propios hijos no habían dado para mucho en eso de hacer tesis, el caudillo adoptó con entusiasmo al joven promisorio de 29 años.

Viceministro técnico de Agricultura, Arias siguió maltratando las estadísticas para mostrar que todos los muertos de Colombia eran culpa de las Farc. Esto le mereció la promoción, y durante sus cuatro años como ministro imitó las palabras y gestos de su jefe con tanta devoción, que en los corrillos y en la prensa acabaron por bautizarlo “Uribito”.

Y mientras tanto, sin nada que exportar, pero en deuda por su apoyo militar, Uribe firmó el TLC con Estados Unidos. Peor todavía: en vez de permitir el ajuste de mercado, el gobierno decidió “compensar” a los perdedores —que por definición son los ineficientes—. A Arias no le quitaron el cartón de economista porque esto no se supo en California, y en vez de eso recibió la bobería de $1,4 billones para repartir entre los campesinos afectados.

Solo que entonces la Corte descubrió que la reelección ahora sí era inconstitucional, y Uribe resolvió su “encrucijada en el alma” al indicar que prefería a Uribito antes que a los lambones que andaban compitiendo por tener su bendición (Santos, Vargas Lleras, Sanín…).

Una campaña electoral sin embargo cuesta más de lo que el pobre Arias había visto en su vida, así que hizo lo que todos sabemos. Pero la cosa fue tan tosca que una fiscal uribista y un procurador furibista le cayeron al “pobre” exministro, y que la Corte Suprema le dedicó 403 páginas a demostrar que había incurrido en los delitos de celebración de contratos ilegales y peculado a favor de terceros.

Arias se dio a la fuga, y en Estados Unidos trató de demostrar durante cinco años un par de cosas que no son serias en un país serio: que un presidente (Santos) que le había ofrecido la Embajada en Italia lo estaba persiguiendo, y que una leguleyada interna de Colombia podía por sí sola deshacer un tratado de extradición suscrito en 1980.

Arias también creyó que los amigos de Uribe en el Congreso gringo le conseguirían el asilo político, pero los dos se equivocaron de país (y eso que el uno había estudiado en California). Por eso, y a disgusto del nuevo sucesor de Uribe (no diré que lo llaman “Uribito II”, pero sí que no estudió en Harvard), Uribito I regresó a Colombia en un vuelo discreto, y desde entonces esta ha sido la única noticia en un país que insiste en vivir del pasado.

Ahora nos salen con la perla de que el pobre exministro tiene derecho a una segunda instancia, así su privilegio precisamente fuera que lo juzgó la Corte Suprema de Justicia. Y con la madreperla de una ley retroactiva, insinuada por la Corte Constitucional y saludada alegremente por los congresistas, para que los pobres ministros, magistrados y excolegas del Congreso que fueron condenados por la Corte desde tiempos de Santos, o de Uribe, o de Samper, o de Antonio Nariño si estuvieran vivos, tengan derecho a ser absueltos, y además a ser indemnizados.

¡Oh, júbilo inmoral!

* Director de la revista digital Razón Pública.

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