Audiencia pública

Los comités del Medio Ambiente y Agricultura del Parlamento Europeo se reunieron la semana que termina en Bruselas para debatir, en una audiencia pública, sobre los efectos del herbicida Roundup. Expertos discutieron las demandas judiciales interpuestas contra Monsanto por más de 250 personas en Estados Unidos que afirman que la exposición al Roundup, cuyo ingrediente activo es el glifosato, causó sus cánceres. Los documentos, concluyó la reunión, no sólo revelan los peligros del herbicida, sino que también ponen al descubierto la corrupción dentro de las entidades científicas europeas y revelan la manipulación de datos.

Uno de los testigos entrevistados narró cómo las agencias reguladoras en la Unión Europea pasaron deliberadamente por alto estudios sobre cáncer en roedores de laboratorio expuestos al herbicida. En la audiencia se denunció también la falta de rigor en algunos de los estudios científicos con los que autoridades europeas aprobaron el uso de glifosato. Análisis sobre la situación destacan el músculo de cabildeo de Monsanto, que pagó a grupos de personajes influyentes, cuya misión fue presionar en favor de los intereses de la compañía e influir en las decisiones tomadas por las agencias reguladoras y entidades científicas. El debate sobre glifosato, que se fortaleció en 2015 cuando la Organización Mundial de la Salud OMS dictaminó que este es “probablemente” carcinogénico para las personas, continuará en noviembre, pues habrá votaciones sobre la prohibición del herbicida en el continente. Como en Europa, el debate sobre glifosato ha sido constante en Estados Unidos, en donde cursa su trámite la acción judicial contra la compañía.

En Colombia el glifosato anduvo rondando por el aire como parte de la política antinarcóticos. Desde 1983 Colombia permitió a los Estados Unidos fumigar departamentos del país con diferentes pesticidas (al comienzo con paraquat, después con garlón-4, tebuthiuron y glifosato) para acabar, primero con la marihuana, y luego con la coca. En 2015, año en que el ministro de Salud Alejandro Gaviria obstaculizó la medida tras el pronunciamiento de la OMS, Colombia era el único país del mundo que permitía la aspersión aérea de cultivos ilegales.

Tras 32 años de aspersión forzosa de herbicidas no hemos abierto una discusión amplia y nacional sobre los efectos de esta política de Estado sobre la salud de las poblaciones en los departamentos fumigados (Nariño, Chocó, Guaviare, Cauca, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Meta, Bolívar, Córdoba, Valle, Vichada y los Santanderes). Por el contrario, las zonas en que se fumigó con más cantidades y durante más tiempo son objeto hoy de violencias cotidianas. En el marco de las tensiones de una apresurada erradicación forzada, fueron asesinados en zona rural de Tumaco ocho cultivadores de coca y 20 más resultaron heridos en hechos atribuidos a la fuerza pública. Y tanto en Nariño como en el Catatumbo, grupos de campesinos bloquean carreteras resistiendo la erradicación a la vez que hacen frente a mafias del narcotráfico que han iniciado campañas de amenazas contra quienes entren en programas de sustitución.

Después de las décadas que priorizaron los ejércitos y estados de sitio en estas regiones, es difícil pensar en alternativas no militares para enfrentar nuestro Dorado, que es la coca. Difícil desaprender el lenguaje de la seguridad que permea tantas de las decisiones estatales. Sin embargo, sólo desprendiendo el debate cocalero de una terminología militar, podemos quizá devolver a la discusión pública temas políticos como el de la guerra contra las drogas o los legados en la salud de las décadas de glifosato.