Autocracia ilustrada

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Desde su llegada al poder en 2000, fortalecer al régimen postsoviético, consolidar las bases para la estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social, y recuperar el estatus y honor de Rusia como potencia internacional, han sido los ejes principales de la estrategia de Vladimir Putin.

La necesidad de contar con un Estado fuerte y centralizado, tanto para mantener la unidad interna de un país geográficamente vasto y culturalmente diverso, como para defender sus extensas fronteras, tiene hondas raíces en la historia política rusa, al igual que la autocracia. Tal vez por ello, la concentración de la autoridad y el poder en la figura hipermasculina de Putin, y la construcción de un sistema personalista y patronal de gobierno han gozado de relativa aceptación. Empero, en tiempos recientes la recesión económica y la falta de asertividad del Kremlin en el combate a la pandemia han hecho que las tasas de aceptación del mandatario y la confianza depositada en él por la población hayan bajado.

De allí que no debe sorprender que Putin haya decidido poner a voto plebiscitario la sensible reforma a la Constitución que propuso a comienzos de este año y que fue ratificada en tiempo récord por el parlamento nacional y las legislaturas regionales. Si bien en términos jurídicos el ejercicio sobraba, la semblanza de apoyo popular para una decisión tomada desde arriba se estimó importante para asegurar su legitimidad política. Pese a que la falta de medios y de partidos políticos independientes hace difícil contrarrestar el absolutismo informacional que ejerce Putin, un sorprendente 78 % de quienes votaron dijeron que sí al paquete de enmiendas a la carta magna.

Por más que la atención mundial se ha enfocado en la posibilidad de que Putin continúe en el poder hasta 2036, las temáticas incluidas en la reforma son muchas, incluyendo: beneficios sociales relacionados con el salario mínimo y las pensiones; otorgamiento de mayor poder a la oficina del primer ministro, la Duma, y el Consejo de la Federación, definición del matrimonio como algo entre hombre y mujer, incorporación del concepto de Dios, defensa de la “verdad histórica”, prohibición del cuestionamiento de la integridad territorial de la federación rusa y endurecimiento del límite de períodos presidenciales a dos en total, pero con borrón y cuenta nueva para el actual mandatario. En su conjunto, se trata de gestos pequeños e incluso contradictorios de democratización, conservadurismo y desconcentración del poder que confirman el rol de Putin como déspota ilustrado con derecho casi divino de liderar.

Empero, como todo régimen autocrático y personalista cuya solvencia depende de su líder, la centralización del poder —en especial a falta de un partido político fuerte que pueda encargarse de una eventual sucesión— es también su gran talón de Aquiles. Reformar la Constitución y validar popularmente los cambios efectuados, aunque es una jugada enormemente astuta, solo dilata la disyuntiva de 2024 cuando se suponía finalizado el mandato de Putin. Aun si su intención es gobernar de por vida, su ineludible mortalidad significa que el problema como tal del “después de” no desaparecerá. Todo lo contrario, tenderá a intensificarse con el paso del tiempo, volviendo más inestable el sistema político ruso, sobre todo en momentos de alta volatilidad económica y social como los que se avecinan.

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