Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Autogoles mineros

Los mineros han gestado su propia crisis. Desde el Código de Minas (2001), los directores técnicos del equipo gubernamental que pretende hacer de la minería una actividad de máxima seguridad y rentabilidad para los inversionistas, presionados por éstos, han metido tremendos autogoles, que hoy llevan a que su equipo esté perdiendo la contienda. Así lo deduzco al analizar la información presentada la semana anterior en el encuentro convocado por el Foro Nacional por Colombia, WWF, PNUD y varias organizaciones sociales para analizar el rumbo que debe tomar la actividad minera en Colombia.

La legislación ha sido muy errática. El primer autogol del Código de Minas fue declarar la minería como una actividad de “utilidad pública e interés social”. Esta declaratoria pretende imponer la minería sobre cualquier otra actividad adelantada o dispuesta por comunidades o autoridades locales. En reacción, hoy se movilizan comunidades y autoridades locales contra la minería, rechazándola como actividad impuesta desde el centro y que atropella intereses y formas de vida locales.

En contrarreacción, meten otro autogol al pretender legislar para impedir la participación ciudadana. El decreto 934 (2013) del Ministerio de Minas y Energía pretendió prohibir a los entes territoriales prohibir la minería. Decreto que, por obvias razones, el Consejo de Estado (septiembre/2014) suspendió de manera provisional. En diciembre de ese mismo año, el mismo ministerio hizo otro autogol con el llamado “Decreto Navideño”, que pretendía reglamentar y definir, desde los intereses de las empresas extractivas, los mecanismos de coordinación de los entes territoriales. Luego, indujo al Ministerio de Ambiente a validar un gol, en fuera de lugar, al flexibilizar trámites y tiempos relacionados con las licencias ambientales. La dinámica del juego obligó a la Corte Constitucional a dejar sin valor ni efecto varias resoluciones por no haber surtido el proceso de consulta previa. Y el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el “Decreto Navideño” que era como tratar de meter un gol a escondidas. Estos incidentes son solo algunos de los autogoles mineros. Las sentencias de la Corte Constitucional cada vez consolidan más la importancia de la participación ciudadana y de los entes territoriales en la toma de decisiones respecto a la minería en sus territorios.

Como lo han vivido Noruega, Suecia y Finlandia, la minería, en circunstancias muy particulares, genera efectos sociales positivos. Claro, en condiciones sociales, políticas e institucionales muy distintas a las nuestras. En esos países hay participación ciudadana en toma de decisiones, gran transparencia al reportar volúmenes extraídos, dinámica de mercados, excedentes económicos, uso y distribución de los mismos, generando importantes procesos redistributivos. Dadas nuestras precarias condiciones institucionales y la corrupción generalizada, ese tipo de minería nos parece de otro planeta.

Es el momento de hacer un alto en el camino y declarar una moratoria minera hasta generar capacidades en diversos espacios y definir de manera democrática claras reglas del juego. La existencia de recursos naturales no renovables no es una condena; es una oportunidad. En algunos casos debemos dejarlos enterrados y en otros, bajo ciertas circunstancias, aprovecharlos y extraerlos.

La seguridad del inversionista no puede surgir de un marco jurídico impositivo contrario a los intereses locales, sino de la calidad del proyecto minero que, analizado en detalle y democráticamente, supere la evaluación integral y demuestre los beneficios locales, regionales y nacionales. De lo contrario, los minerales deben permanecer enterrados.

 

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