Banqueros de papel

En un riguroso y detallado documento, la Contraloría General de la Nación acaba de determinar que la estructura financiera que diseñaron y ejecutaron Alberto Carrasquilla y sus socios con los bonos de agua en 2009 no debió ser autorizada por el superintendente financiero de la época.

Está probado que Carrasquilla, mediante un patrimonio autónomo fiduciario, otorgó créditos a los 117 municipios con recursos captados de inversionistas en el mercado público de valores, sirviendo como intermediario entre los entes territoriales y administradores de ahorro público.

El monto de esta operación de intermediación fue de $440.000 millones, pero Carrasquilla y sus socios no pusieron ni el 4 % de sus bolsillos para respaldar el riesgo inherente de semejante negocio, solo autorizado a una corporación financiera o compañía de financiamiento que para ese momento hubiera necesitado un patrimonio técnico de por lo menos $20.000 millones. Entonces, ¿por que el superfinanciero de la época, Roberto Borrás, autorizó tan arriesgada operación? ¿Por que se autorizó esta estructura de papel para intermediar ahorro público hacia entidades públicas?

A pesar de las indiscutibles características de intermediación crediticia, el superintendente nunca solicitó acreditar la relación de solvencia o patrimonio adecuado del emisor, ni tampoco un adecuado sistema de gestión y administración del riesgo. Y sucedió lo inevitable: la operación sin respaldo colapsó jurídica y financieramente, obligando el rescate por cuenta de Findeter, en julio de 2014, mediante nuevos créditos, pero ahí sí de una entidad vigilada y supervisada como ordena la ley financiera.

Pero este rescate no fue para los municipios perjudicados, pues aún siguen pagando con nuestros impuestos la deuda que les dejó Carrasquilla, sino para rescatar el ahorro del público invertido por entidades como Interbolsa S.A. o la Sociedad Administradora de Pensiones Horizonte, cuya vicepresidenta de inversiones, Sandra Gómez, autorizó comprar esos bonos de agua estructurados por su exjefe Alberto Carrasquilla, a quien obedecía en el Seguro Social desde 2002 y en el Ministerio de Hacienda desde 2005.

Recientemente Carrasquilla nombró a la misma Sandra Gómez como presidenta de Findeter... ¿para cerrar con broche de oro el lío de los bonos de agua? Y tiene previsto concentrar en esa entidad financiera pública a todas las fiduciarias del Estado, en las cuales se manejan contratos billonarios. ¿Repetirán esas fiduciarias la figura del “banco de papel” ideado por un ministro de Hacienda? Seguiremos atentos.

@jrobertoacosta1; jrobertoacostaopinion@gmail.com