En las postrimerías de la administración Betancur, siendo ministro de Gobierno Jaime Castro, se comenzó a tramitar en el Congreso una reforma constitucional que establecía la elección popular de alcaldes. El proceso concluyó convirtiéndose en el Acto Legislativo número 1 de 1986. Era un fuerte golpe a esa Carta, centralista y confesional, que ese año celebraba 100 años de Soledad… Román.
El país liberal, también en ese año, eligió a Virgilio Barco como presidente con más de millón y medio de votos de diferencia frente a Álvaro Gómez. El grito que surgió desde Cali de “dale, rojo, dale” levantó por última vez a las masas liberales que salieron a votar por su candidato, con trayectoria y doctrina de ese partido. Y así lo puso en práctica estableciendo el esquema gobierno-oposición. A los dos años de su mandato se aplicó por primera vez la elección popular de alcaldes, poniendo en práctica la Ley 78 de 1986, que él impulsó y que desarrollaba la norma constitucional recientemente aprobada.
Pero hizo más Barco. Tan pronto asumió, en agosto del 86, la aplicó, sin que hubiera nacido a la vida jurídica, y ordenó a sus gobernadores que nombraran alcaldes teniendo en cuenta los resultados electorales de los comicios más recientes, de tal manera que hubo liberales, conservadores, anapistas y de la Unión Patriótica (¡les hizo nombrar a cerca de 24!).
¿Cómo una persona que actuó así pudo ordenar, al mismo tiempo, el exterminio de ese nuevo partido que se desmovilizó durante su gobierno? Esa hipótesis, como dice Alfonso Gómez Méndez, no tiene pies ni cabeza. Barco fue el último liberal que hubo y como tal actuó.
El presidente Virgilio Barco no necesita defensores. Su lucha en favor de los derechos humanos, la paz con el M-19, el apoyo a la Constituyente de 1991 y la doctrina liberal, puesta en práctica durante su gobierno, lo muestran de cuerpo entero. Cuando no hay testigos, los muertos no pueden gozar de cabal salud.
En las postrimerías de la administración Betancur, siendo ministro de Gobierno Jaime Castro, se comenzó a tramitar en el Congreso una reforma constitucional que establecía la elección popular de alcaldes. El proceso concluyó convirtiéndose en el Acto Legislativo número 1 de 1986. Era un fuerte golpe a esa Carta, centralista y confesional, que ese año celebraba 100 años de Soledad… Román.
El país liberal, también en ese año, eligió a Virgilio Barco como presidente con más de millón y medio de votos de diferencia frente a Álvaro Gómez. El grito que surgió desde Cali de “dale, rojo, dale” levantó por última vez a las masas liberales que salieron a votar por su candidato, con trayectoria y doctrina de ese partido. Y así lo puso en práctica estableciendo el esquema gobierno-oposición. A los dos años de su mandato se aplicó por primera vez la elección popular de alcaldes, poniendo en práctica la Ley 78 de 1986, que él impulsó y que desarrollaba la norma constitucional recientemente aprobada.
Pero hizo más Barco. Tan pronto asumió, en agosto del 86, la aplicó, sin que hubiera nacido a la vida jurídica, y ordenó a sus gobernadores que nombraran alcaldes teniendo en cuenta los resultados electorales de los comicios más recientes, de tal manera que hubo liberales, conservadores, anapistas y de la Unión Patriótica (¡les hizo nombrar a cerca de 24!).
¿Cómo una persona que actuó así pudo ordenar, al mismo tiempo, el exterminio de ese nuevo partido que se desmovilizó durante su gobierno? Esa hipótesis, como dice Alfonso Gómez Méndez, no tiene pies ni cabeza. Barco fue el último liberal que hubo y como tal actuó.
El presidente Virgilio Barco no necesita defensores. Su lucha en favor de los derechos humanos, la paz con el M-19, el apoyo a la Constituyente de 1991 y la doctrina liberal, puesta en práctica durante su gobierno, lo muestran de cuerpo entero. Cuando no hay testigos, los muertos no pueden gozar de cabal salud.