Por: Tulio Elí Chinchilla

Bicentenario y centenario

EN LA EUFORIA CONMEMORATIVA del Bicentenario de nuestras independencias colombianas y americanas, ¿quién se acordará de celebrar el centenario de la Constitución de 1910?

Ambas efemérides merecen su justo festejo: la primera rememora los pronunciamientos provinciales de autodeterminación (mayoría de edad republicana) de la América hispana; la segunda evoca la utopía de construir un avanzado modelo de modernidad republicana en estos tristes trópicos.

Tal vez no sea simple coincidencia el que exactamente un siglo después de la fundación de nuestras pequeñas repúblicas andino-caribeñas de estirpe civilista, otra élite dirigente igualmente compuesta de intelectuales y juristas, reeditara aquel ideal, esta vez bajo la bandera del Movimiento Republicano. Tampoco son simple coincidencia los rasgos comunes que emparentan estas dos transformaciones históricas: el carácter casi incruento de la insurrección de 1810, pues sin disparar un solo tiro logró que hasta el virrey Amar y Borbón firmara el acta de Independencia; y el carácter de constitución-pacto de la Reforma de 1910, que rompió nuestra tradición de “cartas de batalla” constitucionales, impuestas por el vencedor de la guerra.

Pero lo que más resalta de este centenario es la creación de la jurisdicción constitucional en Colombia. Por primera vez el mundo jurídico estrena un sistema de garantía de supremacía constitucional que “confía” (esa fue la palabra utilizada) al más alto tribunal la defensa de la Carta frente a los excesos del legislador y del gobierno. Creación totalmente original porque no se inspiró en ningún modelo del constitucionalismo vigente en aquel momento. Son cien años en que la juridicidad y quienes la cultivan han reclamado su papel de factor real de poder en la estructura del Estado; un siglo en que las democracias constitucionales (poliarquías) funcionan con dos legitimidades simultáneas: la mayoritaria y la del juez que como nuevo mito (en reemplazó del mito del legislador) decide en nombre de los postulados objetivos del sistema.

La idea había sido ya propuesta en el documento Bases de Reconciliación, suscrito por Fidel Cano y Carlos E. Restrepo en Medellín en 1904 con el siguiente texto: “Organizar los poderes públicos, garantizando la independencia y separación recíproca entre ellos, y hacer a la Corte Suprema de Justicia árbitro e intérprete de la inteligencia y constitucionalidad de las leyes, a pedimento del Ministerio Público o de los ciudadanos”.

Ojalá algunas instituciones públicas, la academia y la sociedad civil se motivaran a festejar esta otra efeméride. La que también vale la pena rememorar por innovaciones tales como la limitación del poder presidencial de emisión de moneda y los derechos electorales de las minorías. Nombres como los de Nicolás Esguerra, Carlos E. Restrepo, José Vicente Concha y Joaquín Collazos merecen alguna mención por su aventura temprana de atreverse a ensayar la idea del tribunal constitucional, diez años antes de que los europeos lo “inventaran” en la Constitución austriaca bajo la inspiración del maestro Hans Kelsen.

 

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