Lecciones de la Unión Europea para Colombia

hace 11 mins
Por: Carolina Botero Cabrera

Bienvenido Ministro Luna, ¿qué sabe de esto?

Para 2018, los y las colombianas tendremos un email y un folder en la nube con datos de nuestra relación con el Estado y, además, una “autenticación electrónica” —algo como una cédula digital—. ¿Cómo está pensando MinTIC hacerlo? ¡Preocúpese!

Mintic ha abierto un proyecto de pliego de condiciones para la conceptualización y el diseño del modelo de Carpeta Ciudadana y autenticación electrónica para Colombia, que vale más de 2 mil millones.

De una parte, aunque es un proyecto tecnológico con amplias implicaciones en la intimidad ciudadana, el énfasis está en el negocio, en lo administrativo. Puede ver, por ejemplo, que para el puntaje valoran la experiencia de los consultores, esencialmente, por lo que saben de modelos comerciales; poco miran su conocimiento tecnológico e ignoran incluir una visión garantista de derechos humanos. Eso importa, pues, a los muchos retos de la carpeta ciudadana, se suman los derivados de posibles implementaciones de soluciones biométricas, usuales en identificaciones digitales. Sin embargo, nada se prevé.

En concreto, no hay una apuesta por una visión garantista de la seguridad y la protección de la intimidad ciudadana. En 148 páginas, “intimidad” (privacidad allí) aparece 6 veces, mientras seguridad (no la social, ni la jurídica) está 7, negocio, en cambio, 35. Si analizamos los perfiles para los consultores, pareciera que quieren a quienes ya han implementado soluciones en otros países. Descartan a los nacionales (no veo en eso mucho sentido si pensamos que no es implementar, es elaborar documentos) y, nuevamente, lo administrativo es central: solo a los “expertos internacionales” se les pide conocimiento más técnico en el tema de la consultoría.

Ver las obligaciones del contratista y el tiempo que tiene para ejecutarlas (anexo 4) es como asistir a la “crónica de un incumplimiento anunciado” (a menos que ya tengan las cosas hechas o avanzadas) y, en todo caso, sí demuestra que no hay espacio, ninguno, para una discusión pública y abierta con la ciudadanía. Todo esto a pesar de que los recursos asignados son muy generosos si pensamos que es, esencialmente, hacer 4 documentos en 4 meses. Ministro Luna, debería rectificar el rumbo y recordar la obligación constitucional de “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan”.

 

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Bienvenido Ministro Luna, ¿qué sabe de esto?

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