Dice la Constitución Política en su artículo 2 que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, sin que se advierta ninguna excepción a esa regla de elemental convivencia entre gobernantes y gobernados.
Sin embargo, hay algunos funcionarios que consideran que esta regla tiene excepciones. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha sugerido que una vez niños y niñas han sido reclutados de manera forzosa por parte de grupos ilegales cesa la obligación del Estado de proteger y respetar sus derechos, pues se convierten en “máquinas de guerra” que deben ser eliminadas para impedir que causen daño a la sociedad. Esta desafortunada expresión de quien fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —precisamente la entidad encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes— desconoce los principios del derecho internacional humanitario (DIH) y sienta un grave precedente de abandono de las funciones estatales con un grupo poblacional que por Constitución tiene una protección prevalente.
El reclutamiento forzado es un crimen de guerra atribuible a los grupos ilegales que son quienes exponen a niños y niñas a los horrores de la guerra, en contextos donde generalmente no tienen una opción diferente, ante el abandono estatal primario y la escasa o nula provisión de bienes públicos, entre ellos la educación, tal como se pudo ver en los chats de la niña Danna Lizeth Montilla con un profesor, informándole de las dificultades de conectividad para continuar sus estudios. Sí, los grupos ilegales la reclutaron, pero fue el Estado el que la abandonó primero.
Impedir el reclutamiento también es una obligación del Estado, según lo advierte el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, suscrito por Colombia, que señala que “los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento…”. ¿Lo hizo el Estado colombiano en este caso?
Luego del reclutamiento, el Estado continúa teniendo el deber de proteger la vida de niños y niñas, derecho sobre el cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado. El reclutamiento forzado pone a niños y niñas en situación de víctimas, y su presencia en un lugar que pueda considerarse blanco legítimo obliga a que el Estado realice todos los esfuerzos necesarios para armonizar la necesidad militar y su protección. En el caso del bombardeo en Calamar, la información ha sido opaca y de difícil contrastación por parte de autoridades civiles como la Defensoría del Pueblo, como para asegurar que el Ministerio de Defensa agotó todas las posibilidades de neutralización antes de ordenar un bombardeo que, si bien no está prohibido por el DIH, se entiende que se trata de una acción de último recurso, dados los efectos indiscriminados que produce.
Pero la doctrina que se desprende de las declaraciones del ministro es que no importa que haya niños en un campamento guerrillero, estos se presumen potenciales “máquinas de guerra” y lo que procede es el bombardeo, sin considerar las circunstancias de estar allí incluso contra su voluntad o no probar su condición de peligrosidad real. La condición de combatiente no se adquiere solo por pertenecer al grupo armado, porque es necesario mirar las circunstancias en que se da la operación militar. Por ejemplo, si un grupo ilegal ataca un pueblo y en esa operación participan niños o niñas, pierden su protección especial.
Según “la doctrina Molano”, el Estado colombiano renuncia a agotar todos los medios para recuperar a niños y niñas reclutados de manera forzosa y, como señaló un alto mando militar, la presencia de civiles, niños y niñas no es su responsabilidad sino de los grupos armados.
El Estado es una cosa abstracta, principios y reglas. Los gobiernos son la realidad más visible del Estado y deben enfocarse en proteger y garantizar los derechos de todos los residentes del país, en especial de los grupos más vulnerables. Las necesidades de preservar la seguridad y la integridad territorial no constituyen una excepción a esa obligación.
Dice la Constitución Política en su artículo 2 que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”, sin que se advierta ninguna excepción a esa regla de elemental convivencia entre gobernantes y gobernados.
Sin embargo, hay algunos funcionarios que consideran que esta regla tiene excepciones. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha sugerido que una vez niños y niñas han sido reclutados de manera forzosa por parte de grupos ilegales cesa la obligación del Estado de proteger y respetar sus derechos, pues se convierten en “máquinas de guerra” que deben ser eliminadas para impedir que causen daño a la sociedad. Esta desafortunada expresión de quien fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —precisamente la entidad encargada de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes— desconoce los principios del derecho internacional humanitario (DIH) y sienta un grave precedente de abandono de las funciones estatales con un grupo poblacional que por Constitución tiene una protección prevalente.
El reclutamiento forzado es un crimen de guerra atribuible a los grupos ilegales que son quienes exponen a niños y niñas a los horrores de la guerra, en contextos donde generalmente no tienen una opción diferente, ante el abandono estatal primario y la escasa o nula provisión de bienes públicos, entre ellos la educación, tal como se pudo ver en los chats de la niña Danna Lizeth Montilla con un profesor, informándole de las dificultades de conectividad para continuar sus estudios. Sí, los grupos ilegales la reclutaron, pero fue el Estado el que la abandonó primero.
Impedir el reclutamiento también es una obligación del Estado, según lo advierte el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, suscrito por Colombia, que señala que “los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento…”. ¿Lo hizo el Estado colombiano en este caso?
Luego del reclutamiento, el Estado continúa teniendo el deber de proteger la vida de niños y niñas, derecho sobre el cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado. El reclutamiento forzado pone a niños y niñas en situación de víctimas, y su presencia en un lugar que pueda considerarse blanco legítimo obliga a que el Estado realice todos los esfuerzos necesarios para armonizar la necesidad militar y su protección. En el caso del bombardeo en Calamar, la información ha sido opaca y de difícil contrastación por parte de autoridades civiles como la Defensoría del Pueblo, como para asegurar que el Ministerio de Defensa agotó todas las posibilidades de neutralización antes de ordenar un bombardeo que, si bien no está prohibido por el DIH, se entiende que se trata de una acción de último recurso, dados los efectos indiscriminados que produce.
Pero la doctrina que se desprende de las declaraciones del ministro es que no importa que haya niños en un campamento guerrillero, estos se presumen potenciales “máquinas de guerra” y lo que procede es el bombardeo, sin considerar las circunstancias de estar allí incluso contra su voluntad o no probar su condición de peligrosidad real. La condición de combatiente no se adquiere solo por pertenecer al grupo armado, porque es necesario mirar las circunstancias en que se da la operación militar. Por ejemplo, si un grupo ilegal ataca un pueblo y en esa operación participan niños o niñas, pierden su protección especial.
Según “la doctrina Molano”, el Estado colombiano renuncia a agotar todos los medios para recuperar a niños y niñas reclutados de manera forzosa y, como señaló un alto mando militar, la presencia de civiles, niños y niñas no es su responsabilidad sino de los grupos armados.
El Estado es una cosa abstracta, principios y reglas. Los gobiernos son la realidad más visible del Estado y deben enfocarse en proteger y garantizar los derechos de todos los residentes del país, en especial de los grupos más vulnerables. Las necesidades de preservar la seguridad y la integridad territorial no constituyen una excepción a esa obligación.