Por: Alberto Carrasquilla

Bonos Agua: Un Post Mortem

En estos días se perfeccionó la redención anticipada de los llamados Bonos Agua. En la operación, los dueños terminaron vendiendo sus títulos, con un descuento de aproximadamente el 10% y el Gobierno Nacional, a través de FINDETER, es ahora contraparte de las operaciones de crédito que los recursos captados a través de los bonos permitieron efectuar con unos 117 municipios del país. Ya se anunció con bombos y platillos, no muy sorprendentemente, que el Gobierno procederá ahora a ablandar las condiciones pactadas, rebajando las tasas de interés estipuladas en los contratos vigentes, reestructurando plazos y permitiendo el prepago en condiciones “favorables”. Muñeco ni pintado para elecciones.

Desde su creación ---de la cual yo fui parte, junto con profesionales de primera línea en materia de derecho constitucional, finanzas, derecho público, banca de inversión, auditoría de obra y derecho financiero--- los bonos gozaron de la más profunda antipatía en diversos estamentos del Gobierno Central, no obstante el hecho de que fue y sigue siendo un instrumento financiero perfectamente apegado a las normativas de toda índole que le son aplicables. Esta profunda antipatía se tradujo en el incesante ejercicio de lo que en Chapinero llamamos “petardeo”: intentos poco velados, parcialmente exitosos, de arruinar la subasta a través de la cual se emitieron, cambios posiblemente inconstitucionales en la definición de los recursos fiscales que los sustentan, cartas  amenazando a los alcaldes y concejales que ejercieran su derecho legítimo a pactar créditos por esta vía, amenazas de la contraloría a una empresa privada de calificación de riesgo si se atrevía a calificar el instrumento de manera distinta a como el ente de control quería, demandas temerarias ante la Superintendencia de Sociedades y diversos tribunales, y una avalancha masiva e impredecible de caprichosos requisitos que se iban añadiendo arbitrariamente a cada paso, elevando costos y exponenciando sinsabores. Por no hablar de atajos aún más sinuosos, tales como la descalificación soterrada de personas, el cotorreo estratégico y la habladuría sin fundamento.

No vale la pena repasar la carga larga y ancha de documentos que sustentan las anteriores afirmaciones. El petardeo estatal es cosa de todos los días para el empresariado colombiano y no tengo duda que esta es un historia pequeña al lado de otras. Lo que si quiero subrayar son tres cosas concretas que se derivan de esta experiencia y que me parecen relevantes en cualquier discusión sensata que mire hacia el futuro.

Primero, las tasas de interés que pagaron los bonos se definieron en el mercado y si son altas, es precisamente porque los inversionistas le asignaron, al cabo correctamente, un alto riesgo al petardeo del gobierno nacional, la rama judicial, los órganos de control etc. Es como si los inversionistas hubieran anticipado el manotazo que, contra el viento y la marea de la ley y el ordenamiento vigente, les iban a pegar. Si en lugar de petardear, el Estado hubiera aprovechado la afluencia de recursos privados para un sector crítico y hubiera implementado esquemas que lo enriquecieran, la tasa de interés hubiera sido mucho más baja y muchos más colombianos tendrían agua.

Segundo, siendo esta una experiencia concreta de financiación de infraestructura a largo plazo a través del mercado de capitales local, la transacción efectuada, y el proceso que en ella desembocó, constituye una pésima señal en un país que busca, precisamente, vincular este tipo de recursos de largo aliento para poner su infraestructura a tono con el siglo XXI. Si yo administrara recursos en cualquier país interesado en  invertir a largo plazo en Colombia, miraría con lupa el caso de los Bonos Agua porque ilustra de manera muy clara la idea de que, si en estos lares tropicales,  el instrumento le incomoda a un estrato de la burocracia suficientemente alto, será condenado sin fórmula de juicio. Los bonos que eventualmente se estructurarán para pagar las vías y demás obras sonarán racionales a nivel técnico y muy sólidos a nivel jurídico y hasta merecerán reconocimiento internacional, como sucedió en este caso. Eso importa poco y la experiencia muestra que a la vuelta de la esquina alguien podrá cercenar impune y gravemente las fuentes de pago y la confianza, así los recursos tengan origen constitucional y perfecto apego a las normas legales y a la lógica financiera.

Tercero, es muy claro que el mandato de nuestra Carta, en el sentido de definir a Colombia como un Estado unitario pero descentralizado, es, en la práctica, un espejismo crecientemente diluido. En el caso de los bonos agua se hizo evidente el profundo centralismo que nos ampara. Bajo el irrespetuoso prurito de que los alcaldes y concejales son ineptos técnicamente, incapaces de ejecutar obra alguna, o en su defecto, que son personajes estructuralmente corruptos se fue construyendo toda una leyenda, en el sentido de que el esquema produjo presuntos estragos municipales. La leyenda es muy fácil de controvertir, dado que el esquema contempló una permanente y costosa auditoría de las obras financiadas que refuta claramente la presunción, pero ni la contraloría ni el ministerio del ramo, las entidades gestoras de la leyenda, tuvieron interés en llevar a cabo una discusión mínimamente seria. Aun suponiendo que las auditorías que se contrataron con una prestigiosa firma privada estén equivocadas, y que la contraloría y el ministerio tengan la razón, resultaría igualmente patético echar a la basura un esquema de financiación sólidamente concebido, porque las entidades que deben velar por el buen gobierno reconocen --de hecho, a través de sus acusaciones--  ser incapaces, valga la redundancia, de gobernar bien.

Lo cierto es que la tripleta que el Estado resolvió tipificar a lo largo de esta amarga experiencia con los bonos agua, inducir tasas de interés altas, fomentar la inestabilidad jurídica y ahondar la animadversión hacia la descentralización son realidades enemigas hondas de cualquier  prosperidad.

@CarrasqAl

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2014-02-19T23:51:16-05:00

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Bonos Agua: Un Post Mortem

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