Buenaventura quiere controlar su agua

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Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once días sin agua lleva la ciudad de Buenaventura, puerto principal de Colombia. Esto en la coyuntura del COVID-19, en la que se nos pide lavarnos las manos constantemente para, de acuerdo con publicidad estatal, “salvarnos las vidas”. La falta de agua se debe a que colapsó y cayó al río un tubo elevado de 39 pulgadas, en el corregimiento de San Cipriano. “Fueron casi 66 metros de tubería y nos tienen en una situación muy complicada, dado que el 70 % del agua que se suministra se conduce por esta tubería”, explicó a la prensa el alcalde Víctor Hugo Vidal: “Toca sacarla del río y ver cómo se puede reparar”.

No se trata, como describen algunos medios, de un desastre natural. Por el contrario, es una caída anunciada no solo porque habitantes de San Cipriano veían cómo cedía día a día la infraestructura que sostenía los tubos, sino sobre todo porque tanto el alcalde como todos aquellos involucrados en el paro cívico de 2017 han advertido tantísimo sobre la falta de mantenimiento de la infraestructura de agua a manos de la empresa privada Hidropacífico, que tiene la concesión del servicio desde 2002.

Es cierto que la empresa, cuyos propietarios son varias corporaciones (todas propiedad de dos o tres hombres de negocios de Medellín), no tiene la responsabilidad de extender infraestructura, pues esta es función del Estado y el municipio. Sin embargo, de acuerdo con las leyes, hubiera debido mantener la infraestructura de la que usufructuó a lo largo de dos décadas. Este, como podemos corroborar a cada tanto, no es el caso. Y dejar de mantener infraestructura por un período de tiempo es exactamente lo mismo que destruirla.

Ante el desplome de los tubos al río, la Alcaldía reaccionó y con ayuda de soldados del Ejército brega por reparar la tubería. Funcionarios de la Alcaldía se esfuerzan también por organizar la repartición de agua en carrotanque. No obstante, ante la situación de desespero y desesperanza que agobia a muchos habitantes del puerto, en donde se reportan 1.282 casos de coronavirus, la consecución de uno o dos baldes de agua está causando conflictos entre comunidades que luchan por conseguir agua suficiente para la jornada.

Hoy día el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se congratuló por el muy próximo restablecimiento del suministro. Sin embargo, la crisis que legó la ruptura del mentado tubo debilitó a comunidades ya de por sí muy vulnerables. Comunidades que sabían además que esto iba a pasar tarde o temprano debido al mal servicio que, sin ninguna consecuencia económica o sanción social, presta Hidropacífico. Esto pues, aunque desde los días del paro sabemos de la mediocridad con que esta empresa “presta” el servicio de agua a esta población, nadie increpa a sus dos o tres accionistas. Estos saldrán invictos de esta crisis, que tal vez tendrá secuelas sobre el número de contagiados en la ciudad.

Quizá lo peor es que nadie en el Gobierno central parece entender la importancia de volver a una empresa pública. Esto, porque tecnócratas en Bogotá afirman que las dos décadas sin suficiente agua obedecen únicamente a mala suerte con el operador privado y que con uno nuevo amanecerán las soluciones. Pero las organizaciones fuertes que dejó el paro saben que esto no es cierto. Saben que nadie en el sector privado encontrará rentable prestar un buen servicio para todos. Saben también que, con la asesoría adecuada, ellos mismos pueden reconstruir sus acueductos, repensar su empresa pública y cuidar sus ríos.

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