Por: Gustavo Gallón

Cambio climático y derechos humanos

“El mundo no había conocido nunca una amenaza tan grande a los derechos humanos” como la del cambio climático, dijo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su discurso de inauguración del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el pasado 9 de septiembre. Por ello, dedicó la mitad del mismo a llamar la atención sobre cinco aspectos de derechos humanos que deben ser tenidos en cuenta para hacerle frente decididamente.

En primer lugar, que el cambio climático socava los derechos humanos, el desarrollo y la paz, es decir, el trípode de objetivos que sintetizan el propósito esencial de las Naciones Unidas. Como ejemplo de ello, muestra la situación en Burkina Faso, Malí y Níger, donde la escasez de alimentos causada por una sequía severa en el Sahel pone en peligro el futuro de toda una generación asediada por el extremismo violento y el grave aumento de los desplazamientos. Suena parecido a lo que hemos vivido en diversas regiones de Colombia.

En segundo lugar, que las mujeres y los pueblos indígenas suelen ser los más afectados a la vez que son quienes mejor conocen cómo enfrentar el problema y deben participar en su solución. “Mi oficina ha hallado —dice— casos en los cuales algunos proyectos de desarrollo, tales como grandes plantas hidroeléctricas y plantaciones de cultivos usados para obtener biocombustibles, han sido auspiciados por instituciones financieras en nombre de la acción climática, pero en realidad han dañado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, incluso de las mujeres”. En contraste, cita como ejemplo positivo el protocolo de los pueblos arhuacos, completado en 2017 con el apoyo de su oficina en Colombia, que “trata de garantizar la gestión sostenible y respetuosa de la Sierra Nevada de Santa Marta”.

En tercer lugar, que se debe mejorar la protección de quienes defienden el medio ambiente y son objeto de graves ataques, en particular en América Latina. Para el efecto, el Acuerdo de Escazú, sobre acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, celebrado el 4 de marzo de 2018, constituye una esperanza. Quince países lo han firmado, dos lo han ratificado y se requieren 11 ratificaciones para entrar en vigencia. Colombia debería firmarlo y ratificarlo sin más dilaciones.

En cuarto lugar, que las pequeñas naciones insulares son las más afectadas por el cambio climático y las que menos lo generan. La comunidad internacional debería brindar justicia climática en beneficio de estos países más vulnerables.

Y, en quinto lugar, que las empresas tienen un rol decisivo que cumplir en esta materia. “Los Estados tienen la obligación expresa de regular a las empresas de manera eficaz, a fin de evitar vulneraciones de derechos humanos. Sin embargo, en muchos países los gobiernos apoyan y subsidian a la industria de los combustibles fósiles, lo que amenaza la realización de los objetivos medioambientales”, dice la alta comisionada. Es hora de exigir en serio la responsabilidad social empresarial.

El Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que está pendiente de adoptarse en Colombia, debería tener muy presente este importante llamado de la alta comisionada.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

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