Por: Elisabeth Ungar Bleier

Candidatos por firmas, a rendir cuentas

En mi columna anterior escribí sobre los riesgos que trae la proliferación de precandidatos presidenciales que se están inscribiendo por firmas. Entre ellos mencioné el debilitamiento de los partidos políticos y los que están asociados a la financiación de estas iniciativas.

En cuanto a los primeros, si bien los aspirantes aducen que han acudido a esta figura precisamente por el desprestigio de la política y de las organizaciones partidarias, del cual algunos han sido protagonistas, es bastante probable que acaben buscando alianzas con éstos a medida que se acerquen las elecciones. De otra parte, a pesar de sus vínculos tradicionales con los partidos, algunos han optado por inscribirse por un movimiento con su nombre, como es el caso de Germán Vargas Lleras, lo que refuerza el personalismo y el caudillismo, en detrimento de los proyectos colectivos.

El otro riesgo tiene que ver con la falta o la debilidad de normas y controles efectivos al financiamiento de las campañas de recolección de firmas, tanto para la postulación de candidatos, como para la revocatoria de mandatarios locales. Los primeros, a diferencia de los que se inscriben a nombre de partidos políticos, además de comenzar sus campañas bastantes meses antes que sus competidores, no están obligados a rendir cuentas sobre el origen y destinación de los recursos. Por esto es muy difícil, tanto para las autoridades competentes, como para los ciudadanos e incluso para los medios de comunicación, hacerles seguimiento. Esto abre las puertas para el ingreso de dinero de personas, grupos o empresas que posteriormente pueden ser beneficiadas con contratos, cuotas burocráticas o favores de otra naturaleza, como por ejemplo con la expedición de normas y la toma de decisiones que los favorecen, o incluso para que ingrese dinero de origen ilegal.

Evitar que esto suceda les compete a los candidatos, a los promotores de sus campañas y a quienes están financiando la recolección de firmas. Aun si las normas no lo exigen, deben rendir cuentas de manera oportuna y pública como una muestra de que están comprometidos con la transparencia, la integridad y la responsabilidad política. Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir que se sepa quiénes están detrás de las personas que aspiran a ocupar el más alto cargo público del país. Este puede ser un paso importante para reconstruir el contrato social entre el Estado y la sociedad civil.

En su momento, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República respondió al llamado de Transparencia por Colombia para que el presidente, el vicepresidente y los ministros publicaran sus declaraciones de renta y de bienes a través de un aplicativo sencillo y de fácil consulta. Ahora el Consejo Nacional Electoral tiene la oportunidad de contribuir a la transparencia en la financiación de las campañas por firmas a través de Cuentas Claras. Y los candidatos y sus equipos, de mostrar que los discursos anticorrupción van más allá de las buenas intenciones.

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