Carta de 472 académicos en respaldo a la paz

Las y los defensores de derechos humanos, académicos y ciudadanos abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda preocupación frente al proceso de implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP, requisito esencial para asegurar la paz y garantizar los derechos humanos en Colombia.

Después de varios esfuerzos fallidos, el Gobierno y la guerrilla de las Farc-EP (que se transformó en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) lograron superar grandes dificultades para construir, firmar y darle piso jurídico a un Acuerdo de Paz. No obstante, la inseguridad generalizada que ha cobrado la vida de líderes sociales en todo el país y de excombatientes de esta guerrilla, la lentitud en el cumplimiento del Acuerdo por parte del Gobierno y la negligencia para atender las necesidades de los habitantes de las zonas afectadas por el conflicto amenazan la oportunidad histórica de construir una paz estable y duradera.

Desde la mesa de negociación de La Habana ya se anunciaba que la seguridad de quienes reivindican cambios en la estructura de desigualdad social del país por la vía democrática es requisito primordial para construir la paz. Sin embargo, los reportes de prensa señalan que desde 2016 más de 186 líderes sociales han sido asesinados. En el último año se ha reportado el asesinato de cerca de 40 excombatientes, así como un incremento en las amenazas e intimidaciones, generando una situación de incertidumbre para quienes optaron por dejar las armas y construir un proyecto político por vías legales. Estos casos de violencia en el posacuerdo nos alertan sobre la posibilidad de repetición del genocidio político de los miembros y dirigentes de la Unión Patriótica, el partido político que surgió como resultado del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y diferentes grupos guerrilleros, incluyendo las Farc, en 1986.

Además de la falta de garantías del derecho a la vida y los derechos civiles y políticos, los líderes sociales, organizaciones campesinas y comunidades afros e indígenas también denuncian el lento cumplimiento del Acuerdo de Paz. Una situación que pone en peligro la estabilidad y consolidación de la finalización del conflicto. Es preocupante los intentos de obstaculizar medidas que garantizan la inclusión política de sectores históricamente excluidos y dificultar la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional que garantiza verdad para los miles de víctimas que han dejado más de 50 años de conflicto armado interno. A esta crítica situación se suma la lentitud en la formulación e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial y proyectos de desarrollo rural, la falta de interés frente a la implementación de acciones incluidas en el Acuerdo encaminadas a mejorar la equidad de género, el incumplimiento en la construcción de viviendas en los espacios de reincorporación y capacitación, así como la falta de servicios básicos de agua potable y de salud en estos espacios y la represión militar a campesinos en zonas cocaleras en donde se había concertado la eliminación voluntaria de cultivos, según el Acuerdo de Paz.

Investigaciones académicas, reportes de organismos internacionales de derechos humanos y reportes de gobiernos que han enfrentado la terminación de conflictos armados y guerras civiles han señalado que la dejación de armas es sólo el primer paso en la finalización de los conflictos. La dilación en el cumplimiento del Acuerdo de Paz como apuesta política, social y económica de toda la sociedad, que permita establecer bases sólidas para el desarrollo de los territorios afectados por la guerra y garantice la inclusión política de los grupos y sectores marginalizados debilita profundamente la consolidación de una paz estable y duradera.

Este momento histórico, al que se están sumando otros grupos guerrilleros en mesas de negociación, surge como el más importante para construir una nueva noción de ciudadanía inclusiva e incluyente y proteger, respetar y garantizar los derechos humanos después de más de 50 años de guerra. Conocedores de la importancia de proteger el Acuerdo de Paz como una condición indispensable de construcción de justicia social y de garantía de los derechos humanos en Colombia, hacemos un llamado al Gobierno colombiano y a las organizaciones y gobiernos veedores a realizar acciones inmediatas y efectivas que garanticen el cumplimiento del Acuerdo. Sólo así el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Santos y ofrecido como tributo a todas y todos los colombianos que no se han rendido a la esperanza de una paz justa tendrá sentido. 

472 académicos, defensores de derechos humanos y ciudadanos comprometidos con el proceso de paz.

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