Caso Arias: una “leyenda urbana”

La polarización política que vive el país se debe a que, desde la orilla política en que se esté y sin importar las decisiones de las autoridades que representan la institucionalidad, cada quien termina dando su sesgada opinión y, lo peor, muchas veces en contra de esas decisiones que las autoridades demoran años confeccionando. Incluso, esas opiniones se dan sin leer ni una letra de las mismas.

En este polarizado país, el ideal ético de decir siempre la verdad desapareció y le dio paso a dar por cierta cualquier cosa y repetirla, con tal de estar en sintonía con lo que políticamente conviene.

A casi nadie le interesan los expedientes y pruebas, ni los años de ardua investigación. Así, se crean las “leyendas urbanas” sobre las decisiones de las autoridades, que obviamente no son más que tergiversaciones de la realidad.

Con el caudillismo todo esto se acentúa. Mucha gente asume como verdad no lo que dicen las decisiones, sino lo que un líder con ínfulas de redentor y omnipotente quiere transmitir para aumentar su caudillismo. Y eso es fanatismo.

Los fanáticos, sin darse ni cuenta, pierden lo más preciado que se tiene como ser humano: la capacidad de discernir, entender y concluir por sus propios medios. Es decir, pierden la individualidad y se convierten en robots del caudillo, como cualquier “petrobodeguero” o “furibundo uribista”.

Esta reflexión me permite aterrizar en el caso del exministro Andrés Felipe Arias, que tuvo un nuevo capítulo por cuenta de la carta que envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos el caricaturesco embajador de Colombia, Pachito Santos, solicitando que ese país dejara en libertad a su amigo y copartidario, tristemente célebre por la forma abiertamente irregular en que regaló millonarios recursos estatales de AIS, con la torcida finalidad de proyectar su futura campaña presidencial para suceder a Uribe.

El exministro Arias es prófugo de la justicia. Fue condenado por la Corte Suprema a 17 años de prisión por celebración de contratos sin el lleno de requisitos y peculado por apropiación, y además fue condenado disciplinariamente junto con varios de sus funcionarios por faltas gravísimas con destitución e inhabilidad de 16 años para ejercer cargos públicos por el procurador uribista Alejandro Ordóñez, actual embajador ante la OEA. Y como si lo anterior fuera poco, condenado fiscalmente por la contralora Sandra Morelli a pagar junto con muchos de sus funcionarios más de $12.000 millones.

Colombianos: lean las decisiones, disciernan, entiendan y concluyan. Arias no es un perseguido de la Corte Suprema, y mucho menos, víctima de una conspiración con la Procuraduría de Ordóñez y la Contraloría de Morelli. Es un caso investigado y sancionado por toda la institucionalidad colombiana.

Lo que sí hay es una “leyenda urbana” liderada por el caudillo Álvaro Uribe Vélez, quien pretende desprestigiar las decisiones institucionales cuando le son adversas a él o a sus amigos, como lo hacen todos los caudillos en cualquier parte del mundo en donde ejercen su ególatra y dañino liderazgo, pues, parafraseando a Nicolás Gómez Dávila, la gente no vota por quien lo cura sino por quien lo anestesia.