Por: Yohir Akerman

Censura

Algunos funcionarios y miembros del partido de gobierno del presidente Iván Duque han demostrado una inmensa incapacidad para entender lo que es la libertad de expresión, el papel de los periodistas y los medios, y la importancia en una democracia del respeto a las diferencias de opinión.

Varios casos demuestran esto y empecemos con el más reciente.

Una fuerte polémica se desató en las redes sociales por cuenta de una tendencia que cobró protagonismo en Twitter denominada #NoOigoLaW. El movimiento de los tuiteros tenía como objeto de ataque a la directora del noticiero de W Radio en la franja entre las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, Vicky Dávila.

Pues bien, desde el Twitter de la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, Vicky Dávila fue señalada de recibir dineros del senador Gustavo Petro y de ser su jefe de prensa, entre otras graves acusaciones falsas. (Ver Trinos contra Vicky Dávila).

Aunque la directora del Centro Democrático aclaró que fue un community manager el responsable de los trinos y emitió una carta pidiendo disculpas a la periodista, las explicaciones parecen insuficientes ya que Martínez no asume la responsabilidad por los insultos que salieron de su cuenta personal, sino que se los atribuye a un tercero negándose a identificarlo.

Esto recuerda el lamentable episodio del 27 de diciembre, cuando los periodistas Daniel Coronell y Julián Martínez fueron insultados a través de trinos emitidos por la cuenta oficial y verificada de la Superintendencia de Notariado y Registro. Incluso con trinos antisemitas. (Ver Trinos molestaron a embajador de Israel).

La entidad rápidamente se pronunció a través de múltiples publicaciones en Twitter, ofreciendo disculpas por los trinos y asegurando que la cuenta fue intervenida y hackeada.

Como respuesta a este mensaje, Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, cuestionó la veracidad de la explicación, ya que las cuentas verificadas de Twitter tienen contraseñas en dos pasos, lo que las hace más seguras.

Poco tiempo después fue el mismo periodista Julián Martínez, una de las víctimas de los ataques, quien descubrió que fue el señor Carlos Alberto García Castro, exjefe de prensa del prófugo Andrés Felipe Arias cuando éste era ministro de Agricultura y hasta ese momento asesor de la Superintendencia de Notariado y Registro, el autor de los violentos mensajes.

Otro caso es el de la periodista Maritza Larrota quien fue recientemente contratada como asesora de prensa del representante a la Cámara del Centro Democrático Santiago Valencia (Ver Twitter de Valencia).

Larrota fue contratada a principios de septiembre de 2018, pero el jueves pasado fue informada verbalmente de su retiro de la posición.

¿La razón?

Larrota, como cualquier otro usuario de Twitter, opina sobre distintos temas de debate nacional, los cuales no siempre están alineados con las posiciones del Centro Democrático. No tendrían por qué estarlo ya que son sus posiciones personales, ahora, su nivel de opinión nunca ha sido calumniador sino de análisis.

Desde sus redes sociales ha manifestado, por ejemplo, su apoyo al proceso de paz firmado entre el gobierno anterior con las Farc o sus críticas al manejo que el exgerente de RTVC Juan Pablo Bieri le dio al tema de Los puros criollos, matando la producción y pidiendo la cabeza de Santiago Rivas.

Frente a esto, la activista uribista Claudia Bustamante trinó el 23 de enero criticando cómo era posible que congresistas del CD contrataran a personas que critican a Juan Pablo Bieri. (Ver Trino).

A raíz de los trinos de Bustamante y la presión de sus seguidores, el congresista Santiago Valencia anunció que prescindía de los servicios de Maritza Larrota a pesar de haber “desempeñado bien sus funciones”. Si bien es un cargo de libre nombramiento y remoción, esto es grave porque atenta contra la libertad de opinión y argumenta que la bancada de gobierno no trabaja con gente preparada, sino leal a sus causas.

Eso nos lleva al caso hasta ahora más grave y es la mencionada censura que hizo Juan Pablo Bieri como gerente de RTVC, la cual, una vez descubierto, lo llevó a presentar su renuncia irrevocable.

El audio filtrado muestra que la gerencia de Bieri en esa institución era una mezcla entre censura, ignorancia y arrogancia. Pese a la gravedad de lo que revela el audio, varios funcionarios del gobierno salieron a defender a Bieri y a decir que no veían la necesidad de que el periodista renunciara. (Ver Vicepresidenta defiende a Bieri).

Grave por lo que dice eso de un gobierno que no castiga a funcionarios que atacan la libertad de prensa y de expresión.

Ahora bien, es importante aclarar que esta conducta, si bien parece sistemática en el Centro Democrático, no es exclusiva de ese partido.

El caso de Canal Capital cuando Hollman Morris fue su gerente es otro ejemplo similar de esto. Aunque los periodistas Mauricio Arroyave y Manuel Salazar renunciaron, y no fueron despedidos, lo hicieron estableciendo que se sentían presionados y maniatados por la línea editorial de Morris. (Ver Renuncias).

Otro caso es el del periodista Juan Pablo Barrientos, que se vio obligado a presentar su renuncia de Teleantioquia, según él mismo, “cansado de tanta presión política”. (Ver El director chuzado).

Terrible.

La política colombiana desde distintas orillas usa el poder para silenciar a quienes piensan diferente y sobre todo a quienes tienen el valor de criticar el ejercicio del poder, sin entender que eso es parte fundamental de la labor del periodista y piedra angular de una democracia sana.

Pero lastimosamente algunos políticos son tan débiles que reciben la crítica como una amenaza. Por eso, esta es una oportunidad de oro para que el presidente Iván Duque no muestre esa debilidad y rompa lo que parece ser una tendencia preocupante de su partido de gobierno, que es ver a los periodistas y los medios como unos enemigos y no como periodistas.

Salga a atacar la censura, presidente Duque. No dude en proteger la libertad de prensa, de expresión y de opinión.

@yohirakerman

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2019-01-27T00:00:52-05:00

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