Por: Arlene B. Tickner

¡Chapó!

En el mundo actual, la creciente interdependencia y conectividad entre los países y las sociedades, la ampliación de las agendas de discusión global y la instantaneidad de las comunicaciones, todas asociadas con la globalización, han hecho más tenue la distinción entre la política nacional y la política externa, al tiempo que han erosionado el papel tradicional de los ministerios de Relaciones Exteriores como portavoces únicos de las posiciones de los estados y los gobiernos ante la comunidad internacional. Dos hechos distintos, relacionados con la eutanasia y la erradicación de la coca, y protagonizados por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, constituyen un ejemplo ilustrativo del alcance global que pueden tener algunas decisiones “locales”, así como la importancia de incluir a otras voces gubernamentales y no-gubernamentales en la conversación sobre la diplomacia en Colombia.

Ante la negativa del Congreso a legislar sobre el tema, el Ministerio emitió un decreto que reglamenta la eutanasia por parte de las EPS, 17 años después de que la Corte Constitucional despenalizara dicha práctica por considerar la “muerte digna” un derecho fundamental. Visto desde afuera, se trata de una decisión audaz que coloca al país en una corta lista de aquellos que han adoptado diversos mecanismos para defender la libertad del individuo —reunidas ciertas condiciones establecidas por ley— de decidir hasta cuándo quiere vivir. Entre estos Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los estados de Oregon, Washington, Montana y Vermont en Estados Unidos, Suiza y, más recientemente, Argentina y Canadá.

Por otro lado, el encargado de Salud recomendó la suspensión de la fumigación aérea de los cultivos ilícitos con glifosato, uno de los componentes neurálgicos de la “guerra contra las drogas” desde mediados de los años 90, pero de nula aceptación por el resto de países productores de coca y amapola del mundo. Además de la identificación del químico como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, otros estudios del compuesto usado en la aspersión aérea en Colombia, lo vinculan con enfermedades epidérmicas, aborto y afecciones respiratorias. La efectividad de la fumigación como estrategia antinarcóticos también ha sido cuestionable y su impacto negativo en la relación entre las poblaciones cocaleras y el Estado contraproducente, sobre todo con miras al posconflicto.

Igual que en el caso de la eutanasia, el posible abandono de la fumigación tiene implicaciones externas significativas. De ser acogida, potenciaría el rol protagónico que Colombia viene jugando en el debate regional y global sobre las drogas ilícitas, así como su autonomía vis-à-vis Washington, que como era de esperar, manifestó que respetaba la soberanía del país pero que discrepaba de la recomendación de Gaviria. A diferencia de la imagen (en buena medida acertada) de Colombia como conservadora, atrasada e “insular”, estas dos apuestas hechas por un ministerio que rara vez se asocia con “lo internacional”, ofrecen una contranarrativa interesante y aprovechable en términos diplomáticos de país liberal, progresista, crítico y a tono con las tendencias mundiales, frente a las que tiene incluso algo que contribuir.

 

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