Ciudadanía, divergencias y Plan Nacional de Desarrollo

Con Neiva como anfitrión, semana anterior se llevó cabo el XXII Congreso Nacional de Planeación “Sociedad civil construyendo país”. Participaron 1.200 representantes de Consejos Territoriales de Planeación (CTP) de diversos municipios.

Se presentaron experiencias de CTP en planeación y gestión para el desarrollo municipal. Se discutió la pertinencia de reformar la ley de planeación, dando mayor peso a la gestión ciudadana. Se realizaron el VI Encuentro de Mujeres Consejeras Territoriales y el I Encuentro Nacional de Consejeros(as) en Representación de Personas con Discapacidad y se adelantaron grupos de trabajo para analizar el papel de diversos sectores en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Me correspondió coordinar el panel “PND y medio ambiente”. Pudimos constatar que algunas de las propuestas surgidas desde la sociedad civil entregadas por el Consejo Nacional de Planeación (CNP) —instancia desde la cual la sociedad civil participa en la construcción y el seguimiento del PND— han sido consideradas en la redacción del borrador actual de las bases del PND 2018-2022. Documento que, según el presidente Duque, está en construcción y será sometido a un amplio proceso de consulta en las regiones, para incorporar diversos puntos de vista.

Menciono algunos temas donde el debate está planteado y aún no hay convergencia. Uno crítico, donde se expresó coincidencia entre el CNP y el gobernador del Huila (Carlos González), es en el no al fracking. El CNP considera que con el actual grado de conocimiento de nuestros acuíferos subterráneos y siguiendo el principio de precaución, no debemos hacer fracking. En el costado opuesto, algunos sectores del Ejecutivo están impulsando esta técnica.

Otro tema donde el pulso está planteado es en consultas populares y minería. El Gobierno Nacional, la Corte Constitucional, las comunidades y los gobiernos departamentales y municipales tienen posiciones diversas. Para el CNP, la disponibilidad de recursos mineros e hidrocarburos no significa que estos deban ser extraídos. Debemos realizar una evaluación social, económica y ambiental, y la ciudadanía debe contar con información adecuada y oportuna para definir o negar la viabilidad de la minería en sus territorios. Las consultas populares han rechazado la minería y el Gobierno quiere impulsar el extractivismo.

Respecto a la minería del oro, dados los altos costos en salud por el uso del mercurio, es indispensable que se aplique la ley y se suspenda el uso del mercurio. Para los pequeños mineros, ya existen sistemas para hacer extracción sin usar mercurio; estas tecnologías deben ser divulgadas e impulsadas.

En todos los casos es indispensable asegurar transparencia en el manejo financiero y una política de redistribución de ingresos con beneficio para las comunidades locales. Debe haber una alta participación accionaria del Estado en las industrias extractivas, impuestos altos, inversiones en formación de capacidades y tecnologías ambientalmente sanas.

Respecto a la construcción de la paz, el CNP considera que se deben impulsar los Planes de Desarrollo con enfoque territorial y que en ellos, al definir las unidades agrícolas familiares, se debe considerar la función ecológica de la propiedad y la conservación de las fuentes de agua como prioridades para la gestión de territorios sostenibles. Se deben involucrar en su planeación y gestión los CTP. En ciertos temas falta trecho para llegar a un PND concertado.