Colombia 1989

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Dicen que 1989 fue uno de los años más violentos de la historia reciente del país. Magnicidios, asesinatos selectivos, masacres, ataques terroristas del narcotráfico, atentados dinamiteros, zonas de influencia de la guerrilla o de los paramilitares, regidas por sus normas brutales. Fuerzas Amadas cuestionadas por sus complicidades con los escuadrones de la muerte. Fracaso de todos los instrumentos legales para contener una profunda crisis de legitimidad del Estado. La Constitución, para ese momento, era un texto moribundo, del cual se agarraba un gobierno impotente e indolente (el de Virgilio Barco) para tratar de frenar una guerra de mil cabezas salida de madre.

Con nuevos protagonistas y actores de reparto, pero un libreto muy parecido, este año 2020 avanza como si estuviéramos en aquellos tiempos azarosos previos a la Constituyente de 1991. Por supuesto: no existen la coordinadora guerrillera, ni el M-19, ni las Farc. Hay defensor del pueblo, fiscal, corte constitucional y la tutela, una de las grandes conquistas de esa reforma constitucional. Álvaro Uribe se convirtió en caudillo antisubversivo (Pinochet y Videla también lucían en sus charreteras la misma consigna) y cabeza visible de todos los esfuerzos (por encima o debajo de la mesa) para sabotear cualquier iniciativa de paz, que no fuera su torcido proceso de “desmonte” del paramilitarismo, que terminó en la extradición de sus líderes, pero con su base intacta, más criminal y descompuesta.

Y tenemos a Gustavo Petro, hijo del proceso de paz con el M-19, una guerrilla que llegó a la negociación derrotada en lo político y sin ninguna opción militar distinta a la de seguir siendo un factor permanente de perturbación del orden público, sin ninguna opción real de poder. Con la firma de los acuerdos, ese grupo subversivo se convirtió, ya en la legalidad, en un fenómeno político y electoral, a pesar del asesinato de su líder, Carlos Pizarro Leongómez.

Petro es un sobreviviente, al igual que Navarro Wolf. Salidos de la misma matriz, los dos han recorrido un camino similar pero con acentos muy distintos. El uno, frentero y arrogante; el otro, prudente y conciliador, firmante de la nueva constitución de 1991, y copresidente (con Horacio Serpa y Álvaro Gómez) de la Asamblea Constituyente. Ahora, con la pandemia galopante, el exalcalde de Bogotá opina del tema como si fuera curtido epidemiólogo, y se ha montado en el brioso caballo de batalla de la “desobediencia civil”, que se haría extensiva a los trabajadores de la salud que deben obedecer los dictamines de la ley 100, para perjuicio de los pacientes y del sistema de salud.

Esa última salida de Petro ha caldeado el ambiente político. Tanto, que en una entrevista radial la excongresista y exdirigente del Partido Liberal, Piedad Córdoba, les pidió a los senadores Uribe y Petro – líderes de sus propios movimientos – que se retiren de la política, que hagan mutis por el foro. Bajo las circunstancias actuales, tal pedido no sólo resulta antidemocrático sino peligroso.

Es seguir con la mentalidad que nos llevó a la encrucijada de 1989, y nos sigue marcando treintaiún años después. La exsenadora Córdoba – quien se jugó su carrera política en la búsqueda de la paz – sabe muy bien que los liderazgos alternativos en Colombia se destruyen a bala. Ahora mismo, el hostigamiento a los desmovilizados de las Farc es implacable. Más de noventa de ellos, con sus familias, tuvieron que abandonar su ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) en Ituango por serias amenazas de muerte y falta de garantías por parte del gobierno.

Qué tan inteligentes son los liderazgos de Petro o Uribe para el presente azaroso que vivimos, ese interrogante se resolverá de nuevo en las urnas, es decir, si son discursos pertinentes y movilizan a la gente o, por el contrario, son cada vez más una pieza de museo, distanciados de la realidad. Pero para saber si eso es cierto o no, se requeriría un sistema electoral transparente, y, en definitiva, que las armas -las de la legalidad y la ilegalidad- no sigan determinando, a la larga, quiénes participan y quiénes ganan.

El exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón Bueno, con su desafortunado trino nos demostró de manera fehaciente que seguimos en las mismas de hace tres décadas: los miembros de la comisión de la verdad, cuyo delito es creer en la paz y en la salida negociada al conflicto armado, resultaron aliados o simpatizantes de la subversión. Y si a esta mentalidad, que ha inspirado la acción paramilitar en vastas zonas del país, le agregamos la butifarra de la ñeñepolítica, pues resulta demasiado restringido el espacio de legitimidad de la democracia colombiana.

Uribe cada vez se enreda más en su propia red de corrupción. Su supervivencia como figura nacional dependerá, además de la transparencia del voto, de la manera cómo el sistema judicial tramite las múltiples demandas en su contra. Aquí podríamos decir si de verdad hemos avanzado, o la impunidad sigue incontenible como hace seis lustros.

Y Petro, por supuesto. Obtuvo ocho millones de votos en la pasada elección presidencial. Por eso está en el Senado, y comanda una intensa oposición que para algunos es incendiaria y peligrosa. Habrá que ver si para 2022 su talante se conecta con las mayorías, logra ampliar su base electoral, y unir a todas las fuerzas que buscan una reforma estructural en Colombia. Pero si seguimos empantanados en ese año oprobioso de 1989, actuando con el libreto de siempre, el ingente esfuerzo de 1991 seguirá siendo, a fin de cuentas, letra muerta. Por lo tanto, no habrá ningún mecanismo efectivo que logre detener esa bestia bifronte de corrupción y violencia.

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