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GRACIAS A LA INICIATIVA DE LA SENAdora Piedad Córdoba, personas de diverso origen político y social dirigimos al secretariado de la Farc una carta en la que se proponía iniciar un diálogo epistolar sobre temas relacionados con acciones humanitarias concretas y caminos efectivos hacia la paz en Colombia. La iniciativa tenía límites claros.
No era una tertulia epistolar sobre infinidad de tópicos, se trataba de un diálogo circunscrito a ideas precisas que desencadenaran acciones prontas. Muchos de quienes firmamos la primera carta manifestamos que si no era esa la consecuencia del diálogo, la iniciativa perdería rápidamente sentido, y se deslegitimaría su propósito.
La guerrilla respondió favorablemente al planteamiento del intercambio de cartas bajo el modelo propuesto, y eso dio lugar a una segunda misiva en la que un grupo todavía mayor y más plural de personas planteamos nuestra posición de rechazo al secuestro e instamos a los dirigentes de las Farc a que le respondieran al país si estaban dispuestos a abandonar definitivamente ese execrable método de guerra. Como se sabe, esa petición ha dado lugar al anuncio de la liberación unilateral de seis de las personas secuestradas y ha abierto un espacio que puede ser aprovechado para avanzar en la solución del conflicto a través de acciones humanitarias preliminares. En todo este proceso, el diálogo epistolar dejó de ser patrimonio de un grupo de intelectuales y se convirtió en una expresión ciudadana a la cual han adherido más de 25.000 personas.
Colombianas y colombianos por la Paz no es la primera iniciativa gestada desde la sociedad civil en búsqueda de la solución pacífica. Sin embargo, sí es un hecho político novedoso y de significado especial. No solo por la pluralidad ideológica y social que representa. Es al mismo tiempo una iniciativa de facilitación desde la sociedad civil que comienza a señalar caminos para resolver problemas tan graves como el del secuestro y la suerte de quienes aún permanecen privados de la libertad.
En vez de apoyar este proceso, el presidente Álvaro Uribe y el comisionado Luís Carlos Restrepo se han dedicado a atacarlo. Primero intentaron deslegitimarlo calificándolo de “celada” contra el Gobierno Nacional y luego -cuando el diálogo epistolar comenzó a arrojar resultados tangibles- insinuaron que el Ejecutivo prohibiría en el futuro los “diálogos clandestinos” que no contaran con su respaldo expreso.
La búsqueda de la Paz, como lo establece la Constitución Política, no es solo un derecho de toda persona en Colombia. También es un deber ciudadano. Las iniciativas que de manera eficaz y autónoma pueden contribuir a facilitar una solución del conflicto armado y a propiciar acciones humanitarias tienen la legitimidad y la legalidad necesarias para ser desarrolladas, incluso sin la aprobación expresa de los gobernantes.
2009 puede ser el año que trasforme la voluntad de millones de personas que han participado en los últimos meses en multitudinarias marchas, en un movimiento ciudadano por la paz y la justicia. El diálogo epistolar es una propuesta constructiva y seria en esa dirección.
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El año comienza con el asesinato de cinco miembros del pueblo kankuamo. Otro hecho de violencia que forma parte del genocidio contra las comunidades indígenas. A las autoridades corresponde el deber de garantizar que cesen definitivamente estos crímenes y que se sancione a sus responsables.