A lo largo del siglo XX, Colombia ensayó diversos mecanismos para alcanzar la convivencia pacífica de sus nacionales. No fueron siempre expeditos ni adecuados.
El final de la guerra civil De los Mil Días, por ejemplo, no comprometió a los guerrilleros liberales de base ni a los conservadores de las milicias o del ejército gobiernista. La gran mayoría de ellos no fue siquiera consultada. Por el contrario, muchos fueron abandonados a su suerte y algunos incluso fusilados sin claras fórmulas de juicio, como ocurrió con uno de los más importantes líderes populares alzados en Panamá. El acuerdo, firmado en un barco norteamericano sin una negociación amplia y transparente, fue suscrito por las élites partidistas para garantizar la inserción de Colombia en el mercado internacional a través del café, y fue propiciado por Estados Unidos en un intento concreto para seducir a corto plazo decisiones favorables a la construcción del Canal.
En las décadas siguientes la violencia continuó sin pausa. La más conocida de las masacres ocurrió en la zona bananera, pero no fue la única. En todos los rincones del país se desató la más intensa persecución en contra de aquellos que procuraban su inclusión en los aparatos políticos del Estado y en los derechos constitucionales. A partir de entonces, Colombia vivió una cruel violencia interpartidista que tuvo el 9 de abril de 1948 la ruptura más significativa para la memoria de un país bañado en sangre. El Frente Nacional, esperanza de muchos y votado masivamente por las mujeres en su primer ejercicio de sufragio, tampoco consideró a los combatientes ni a las víctimas. Personajes como Efraín González murieron esperando la amnistía que nunca les fue otorgada, mientras otros como Guadalupe Salcedo fueron asesinados después de obtenerla. En definitiva, el Frente Nacional fue de nuevo un acuerdo entre dirigencias políticas que pasó por alto cualquier asomo de reforma agraria y desconoció sin ambages la participación democrática de importantes sectores populares o de otros que incluso pertenecían a la misma élite.
La ilusión se esfumó temprano. Un nuevo tipo de confrontación, más rural que urbano e inspirado en los problemas de la tierra, las diferencias de clases y la Guerra Fría, sorprendieron con sus cruentos pasajes a una población cada vez más afectada y vulnerable. Largos años sin una solución al conflicto terminaron degradando a los actores y a sus actos. Desde la década de 1980, y a pesar de la negociación con el M-19 y otros grupos armados, el conflicto se apropió del narcotráfico y trajo consigo la inclemencia de los paramilitares o de crudas violaciones a los derechos humanos con el beneplácito del Estado, entre múltiples crímenes de lesa humanidad perpetrados desde diferentes lados de la confrontación.
A finales del siglo pasado, pero con más fuerza en los tiempos de la seguridad democrática, el sordo tremor de las violencias creció en Colombia hasta exigir decisiones inaplazables que la madurez del conflicto hizo inteligibles: ni la guerrilla podía soñar con apoderarse del Estado ni el Estado con derrotarla. La negociación era necesaria. Mejor para el país una paz imperfecta que una guerra terrorista, degradada e indefinidamente prolongada en el tiempo.
Se construyó así la disyuntiva que hoy nos lleva a otra: ¿Por qué confiar en el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y las Farc? ¿Por qué creer que puede su aprobación cesar el espiral histórico y endémico de las violencias? Debe tenerse en cuenta una primera aclaración: no es un acuerdo para la paz total, definitiva. Es un acuerdo para poner fin al conflicto existente entre el Estado y las Farc y, en ese sentido, tiene rasgos sustanciales:
Lo acordado en La Habana atiende como nunca antes importantes causas de la confrontación, como lo fue y sigue siendo la cuestión agraria. Este es, justamente, su primer punto. Se ocupa, así mismo, de aspectos que refieren al narcotráfico y los cultivos de uso ilícito con alternativas viables. Pero, lo más importante, ha sido construido con estrategias que suponen la reparación de las víctimas y penas para los responsables de hechos atroces, así como la previa refrendación de sus contenidos a través de un plebiscito que culminará con la dejación definitiva de las armas por parte de las Farc.
Para los especialistas en resolución de conflictos, sin embargo, se presentan numerosos hechos importantes de los cuales destacaré dos: para alcanzar el acuerdo, los combatientes se sentaron frente a frente. Y esto no es solo una novedad en relación con lo hecho en su momento por el Gobierno nacional y el M-19: era una necesidad. La presencia de dos altos generales en la mesa de negociaciones fue muy importante, pero lo fue mucho más que se trabajaran con altos mandos de la Fuerza Pública los parámetros de la desmovilización guerrillera y del cese bilateral del fuego; que se examinaran entre las partes militares los aspectos básicos de la concentración de las fuerzas insurgentes en las zonas veredales.
El segundo aspecto no es menos trascendental: la reparación de las víctimas, que empieza por el perdón que los autores del hecho causante de dolor le expresan a ellas y sus familiares. Lo que las Farc empiezan a hacer con la población de Bojayá, con las familias de los diputados del Valle asesinados y con los sobrevivientes del barrio La Chinita constituye una posición de valor no deleznable. El reconocimiento del presidente frente a las víctimas de la UP y la definición de lo sucedido como política de exterminio es igual de importante.
Por supuesto, los acuerdos con las Farc no traerán la paz de manera automática; habrá que esperar su implementación y otros desarrollos, pero sí traen esperanza: llegan con la promesa de eliminar el carácter endémico de la violencia: en la medida en que el perdón se haga más plural y comprometa a todos los actores de la guerra, que cobije todos sus brutales hechos y abrace en reparación y reconocimiento a las víctimas, será posible acercarse a una reconciliación general, más definitiva.
Rector, Universidad Pedagógica Nacional
A lo largo del siglo XX, Colombia ensayó diversos mecanismos para alcanzar la convivencia pacífica de sus nacionales. No fueron siempre expeditos ni adecuados.
El final de la guerra civil De los Mil Días, por ejemplo, no comprometió a los guerrilleros liberales de base ni a los conservadores de las milicias o del ejército gobiernista. La gran mayoría de ellos no fue siquiera consultada. Por el contrario, muchos fueron abandonados a su suerte y algunos incluso fusilados sin claras fórmulas de juicio, como ocurrió con uno de los más importantes líderes populares alzados en Panamá. El acuerdo, firmado en un barco norteamericano sin una negociación amplia y transparente, fue suscrito por las élites partidistas para garantizar la inserción de Colombia en el mercado internacional a través del café, y fue propiciado por Estados Unidos en un intento concreto para seducir a corto plazo decisiones favorables a la construcción del Canal.
En las décadas siguientes la violencia continuó sin pausa. La más conocida de las masacres ocurrió en la zona bananera, pero no fue la única. En todos los rincones del país se desató la más intensa persecución en contra de aquellos que procuraban su inclusión en los aparatos políticos del Estado y en los derechos constitucionales. A partir de entonces, Colombia vivió una cruel violencia interpartidista que tuvo el 9 de abril de 1948 la ruptura más significativa para la memoria de un país bañado en sangre. El Frente Nacional, esperanza de muchos y votado masivamente por las mujeres en su primer ejercicio de sufragio, tampoco consideró a los combatientes ni a las víctimas. Personajes como Efraín González murieron esperando la amnistía que nunca les fue otorgada, mientras otros como Guadalupe Salcedo fueron asesinados después de obtenerla. En definitiva, el Frente Nacional fue de nuevo un acuerdo entre dirigencias políticas que pasó por alto cualquier asomo de reforma agraria y desconoció sin ambages la participación democrática de importantes sectores populares o de otros que incluso pertenecían a la misma élite.
La ilusión se esfumó temprano. Un nuevo tipo de confrontación, más rural que urbano e inspirado en los problemas de la tierra, las diferencias de clases y la Guerra Fría, sorprendieron con sus cruentos pasajes a una población cada vez más afectada y vulnerable. Largos años sin una solución al conflicto terminaron degradando a los actores y a sus actos. Desde la década de 1980, y a pesar de la negociación con el M-19 y otros grupos armados, el conflicto se apropió del narcotráfico y trajo consigo la inclemencia de los paramilitares o de crudas violaciones a los derechos humanos con el beneplácito del Estado, entre múltiples crímenes de lesa humanidad perpetrados desde diferentes lados de la confrontación.
A finales del siglo pasado, pero con más fuerza en los tiempos de la seguridad democrática, el sordo tremor de las violencias creció en Colombia hasta exigir decisiones inaplazables que la madurez del conflicto hizo inteligibles: ni la guerrilla podía soñar con apoderarse del Estado ni el Estado con derrotarla. La negociación era necesaria. Mejor para el país una paz imperfecta que una guerra terrorista, degradada e indefinidamente prolongada en el tiempo.
Se construyó así la disyuntiva que hoy nos lleva a otra: ¿Por qué confiar en el acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y las Farc? ¿Por qué creer que puede su aprobación cesar el espiral histórico y endémico de las violencias? Debe tenerse en cuenta una primera aclaración: no es un acuerdo para la paz total, definitiva. Es un acuerdo para poner fin al conflicto existente entre el Estado y las Farc y, en ese sentido, tiene rasgos sustanciales:
Lo acordado en La Habana atiende como nunca antes importantes causas de la confrontación, como lo fue y sigue siendo la cuestión agraria. Este es, justamente, su primer punto. Se ocupa, así mismo, de aspectos que refieren al narcotráfico y los cultivos de uso ilícito con alternativas viables. Pero, lo más importante, ha sido construido con estrategias que suponen la reparación de las víctimas y penas para los responsables de hechos atroces, así como la previa refrendación de sus contenidos a través de un plebiscito que culminará con la dejación definitiva de las armas por parte de las Farc.
Para los especialistas en resolución de conflictos, sin embargo, se presentan numerosos hechos importantes de los cuales destacaré dos: para alcanzar el acuerdo, los combatientes se sentaron frente a frente. Y esto no es solo una novedad en relación con lo hecho en su momento por el Gobierno nacional y el M-19: era una necesidad. La presencia de dos altos generales en la mesa de negociaciones fue muy importante, pero lo fue mucho más que se trabajaran con altos mandos de la Fuerza Pública los parámetros de la desmovilización guerrillera y del cese bilateral del fuego; que se examinaran entre las partes militares los aspectos básicos de la concentración de las fuerzas insurgentes en las zonas veredales.
El segundo aspecto no es menos trascendental: la reparación de las víctimas, que empieza por el perdón que los autores del hecho causante de dolor le expresan a ellas y sus familiares. Lo que las Farc empiezan a hacer con la población de Bojayá, con las familias de los diputados del Valle asesinados y con los sobrevivientes del barrio La Chinita constituye una posición de valor no deleznable. El reconocimiento del presidente frente a las víctimas de la UP y la definición de lo sucedido como política de exterminio es igual de importante.
Por supuesto, los acuerdos con las Farc no traerán la paz de manera automática; habrá que esperar su implementación y otros desarrollos, pero sí traen esperanza: llegan con la promesa de eliminar el carácter endémico de la violencia: en la medida en que el perdón se haga más plural y comprometa a todos los actores de la guerra, que cobije todos sus brutales hechos y abrace en reparación y reconocimiento a las víctimas, será posible acercarse a una reconciliación general, más definitiva.
Rector, Universidad Pedagógica Nacional