A finales de 2016 y por iniciativa gubernamental, el Congreso de la República aprobó la Ley 1819, denominada “Reforma Tributaria Estructural”.
Los objetivos, según se argumentó entonces, buscaban aumentar la cantidad de empresas y personas incluidas en la base del sistema tributario y de fiscalización; obtener recursos adicionales para sostener el nivel de gasto del gobierno nacional, cumplir con la regla fiscal y, ante todo, sustituir los ingresos de la renta petrolera con la contribución ciudadana. Se proponía, de esta manera, elevar el nivel de recaudo y facilitar su administración, construir variables más equitativas frente a personas y empresas, estimular la inversión, el crecimiento, la competitividad y, con ello, el empleo.
La propuesta definitiva, no obstante, descansó en lo fundamental sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual alcanzó porcentajes cercanos a los existentes en los países de la OCDE. De manera regresiva, se gravó a todos los colombianos sin atender su capacidad de pago.
Los resultados obtenidos se observan hoy con el proyecto de Presupuesto para el año 2018: el recaudo no ha sido suficiente para igualar siquiera la cifra de los recursos dispuestos en 2017. En consecuencia, el sector de ciencia y tecnología recibirá 11,2 % menos después del último incremento anunciado; deporte disminuye 3,2 %; la inversión decrece en 7 billones y la inclusión social en 2 billones; el sector cultura se reduce en 13,8% y el agrícola en 31 %. Sin embargo, la disminución real es todavía mayor: a todas las cifras sería necesario aplicarle, al menos, el índice de precios al consumidor (IPC), para calcular la pérdida efectiva de cada sector. Lo único que crece para el año 2018 son los gastos militares que ganan 2,5 billones, equivalentes al 8,3%.
Para la educación, la situación se torna compleja y difícil. Según algunos expertos, aunque el Presupuesto tiene un incremento de 2,5 billones, al pasar de $ 233,1 billones en 2017 a $ 235,6 billones en 2018, implica en términos reales una reducción (sin contar exactamente la inflación), que expertos califican superior al 3 por ciento. Pero, en criterio de otros, si el incremento del IPC esperado por el gobierno para 2017 es de 4,1%, conforme se establece en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el monto del Presupuesto debería aproximarse a $242,6 billones, luego tendría un decrecimiento de $ 7 billones.
En estas condiciones, por supuesto, el primero en sufrir será el Sistema General de Participaciones, constituido por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) para la financiación de los servicios a su cargo en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, según lo definido en la Ley 715 de 2001.
Dichos recursos, que han perdido más de 135 billones en los últimos quince años, descienden para el 2018 en el porcentaje del PIB para educación básica y media, y también en el gasto como porcentaje del Presupuesto General de la Nación. Su caída, en términos reales y presentes por primera vez en su corta historia, presupone un déficit para el sector educativo en una cifra superior al billón de pesos; hecho que extenderá las brechas regionales en la educación preescolar, básica y media, y aumentará la diferencia entre el costo real de la canasta educativa y la capitación promedio anual. Para el próximo año, por ende, las entidades territoriales tendrán que incrementar su aporte para la continuación de programas ya débiles económicamente. La jornada escolar completa y la alimentación de los educandos, por ejemplo, sufren un golpe considerable que puede agravarse en las regiones sin el suficiente apoyo de las transferencias nacionales.
Para la Educación Superior Pública, por su parte, los recursos esperados del 40 por ciento de medio punto de IVA social se han traducido en una débil adición presupuestal para 2017, que no da cuenta de lo captado en el rubro aludido y que no resuelve en absoluto la difícil situación financiera por la que atraviesan las universidades estatales que, por otro lado, pierden drásticamente sus ingresos por impuesto a la renta y complementarios (antes CREE), que han ido a parar al Icetex, Programa Ser Pilo Paga.
En educación, por consiguiente, el palo no está para hacer cucharas. La reforma tributaria ha fracasado en su recaudo, mientras los empresarios piden auxilio frente a ella. La Colombia más educada para el año 2025 tambalea y las brechas de la educación entre las grandes ciudades y el país profundo se acrecientan.
Al momento de aprobar el presupuesto 2018 y de votar proyectos de ley sin claro sustento financiero, el Congreso de la República debe atender la situación con sano análisis y propiciar el giro que se requiere. Los recursos del Estado deben priorizar lo público y garantizar su eficacia.
La educación básica y media demanda atención integral. Las transferencias para educación deben iniciar un camino gradual que sobrepase el 4% del PIB en menos de diez años; esta es la única manera de asegurar el cierre de brechas en acceso universal, canasta educativa de calidad, jornada única, infraestructura y relación estudiante-maestro. Para la Educación Superior se debe garantizar el cumplimiento de la ley en su pleno espíritu: entregar a las Instituciones el 40 % de medio punto de IVA Social, y asegurar la continuidad de los ingresos por Impuesto a la renta y complementarios, antes CREE, que debe regresar a la distribución que operaba en 2015.
A pesar de lo sucedido con la reforma tributaria, hay recursos que pueden y deben reorientarse renunciando a programas que no favorecen lo público y carecen de eficiencia. Corresponde, así mismo, trabajar para el crecimiento económico y combatir en forma implacable la corrupción.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.
A finales de 2016 y por iniciativa gubernamental, el Congreso de la República aprobó la Ley 1819, denominada “Reforma Tributaria Estructural”.
Los objetivos, según se argumentó entonces, buscaban aumentar la cantidad de empresas y personas incluidas en la base del sistema tributario y de fiscalización; obtener recursos adicionales para sostener el nivel de gasto del gobierno nacional, cumplir con la regla fiscal y, ante todo, sustituir los ingresos de la renta petrolera con la contribución ciudadana. Se proponía, de esta manera, elevar el nivel de recaudo y facilitar su administración, construir variables más equitativas frente a personas y empresas, estimular la inversión, el crecimiento, la competitividad y, con ello, el empleo.
La propuesta definitiva, no obstante, descansó en lo fundamental sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual alcanzó porcentajes cercanos a los existentes en los países de la OCDE. De manera regresiva, se gravó a todos los colombianos sin atender su capacidad de pago.
Los resultados obtenidos se observan hoy con el proyecto de Presupuesto para el año 2018: el recaudo no ha sido suficiente para igualar siquiera la cifra de los recursos dispuestos en 2017. En consecuencia, el sector de ciencia y tecnología recibirá 11,2 % menos después del último incremento anunciado; deporte disminuye 3,2 %; la inversión decrece en 7 billones y la inclusión social en 2 billones; el sector cultura se reduce en 13,8% y el agrícola en 31 %. Sin embargo, la disminución real es todavía mayor: a todas las cifras sería necesario aplicarle, al menos, el índice de precios al consumidor (IPC), para calcular la pérdida efectiva de cada sector. Lo único que crece para el año 2018 son los gastos militares que ganan 2,5 billones, equivalentes al 8,3%.
Para la educación, la situación se torna compleja y difícil. Según algunos expertos, aunque el Presupuesto tiene un incremento de 2,5 billones, al pasar de $ 233,1 billones en 2017 a $ 235,6 billones en 2018, implica en términos reales una reducción (sin contar exactamente la inflación), que expertos califican superior al 3 por ciento. Pero, en criterio de otros, si el incremento del IPC esperado por el gobierno para 2017 es de 4,1%, conforme se establece en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el monto del Presupuesto debería aproximarse a $242,6 billones, luego tendría un decrecimiento de $ 7 billones.
En estas condiciones, por supuesto, el primero en sufrir será el Sistema General de Participaciones, constituido por los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) para la financiación de los servicios a su cargo en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, según lo definido en la Ley 715 de 2001.
Dichos recursos, que han perdido más de 135 billones en los últimos quince años, descienden para el 2018 en el porcentaje del PIB para educación básica y media, y también en el gasto como porcentaje del Presupuesto General de la Nación. Su caída, en términos reales y presentes por primera vez en su corta historia, presupone un déficit para el sector educativo en una cifra superior al billón de pesos; hecho que extenderá las brechas regionales en la educación preescolar, básica y media, y aumentará la diferencia entre el costo real de la canasta educativa y la capitación promedio anual. Para el próximo año, por ende, las entidades territoriales tendrán que incrementar su aporte para la continuación de programas ya débiles económicamente. La jornada escolar completa y la alimentación de los educandos, por ejemplo, sufren un golpe considerable que puede agravarse en las regiones sin el suficiente apoyo de las transferencias nacionales.
Para la Educación Superior Pública, por su parte, los recursos esperados del 40 por ciento de medio punto de IVA social se han traducido en una débil adición presupuestal para 2017, que no da cuenta de lo captado en el rubro aludido y que no resuelve en absoluto la difícil situación financiera por la que atraviesan las universidades estatales que, por otro lado, pierden drásticamente sus ingresos por impuesto a la renta y complementarios (antes CREE), que han ido a parar al Icetex, Programa Ser Pilo Paga.
En educación, por consiguiente, el palo no está para hacer cucharas. La reforma tributaria ha fracasado en su recaudo, mientras los empresarios piden auxilio frente a ella. La Colombia más educada para el año 2025 tambalea y las brechas de la educación entre las grandes ciudades y el país profundo se acrecientan.
Al momento de aprobar el presupuesto 2018 y de votar proyectos de ley sin claro sustento financiero, el Congreso de la República debe atender la situación con sano análisis y propiciar el giro que se requiere. Los recursos del Estado deben priorizar lo público y garantizar su eficacia.
La educación básica y media demanda atención integral. Las transferencias para educación deben iniciar un camino gradual que sobrepase el 4% del PIB en menos de diez años; esta es la única manera de asegurar el cierre de brechas en acceso universal, canasta educativa de calidad, jornada única, infraestructura y relación estudiante-maestro. Para la Educación Superior se debe garantizar el cumplimiento de la ley en su pleno espíritu: entregar a las Instituciones el 40 % de medio punto de IVA Social, y asegurar la continuidad de los ingresos por Impuesto a la renta y complementarios, antes CREE, que debe regresar a la distribución que operaba en 2015.
A pesar de lo sucedido con la reforma tributaria, hay recursos que pueden y deben reorientarse renunciando a programas que no favorecen lo público y carecen de eficiencia. Corresponde, así mismo, trabajar para el crecimiento económico y combatir en forma implacable la corrupción.
* Rector, Universidad Pedagógica Nacional.