¿De quién son las murallas de Cartagena?

En las dos décadas finales del siglo XIX y hasta 1924 los alcaldes de Cartagena promovieron la destrucción de los baluartes y murallas de la ciudad.

Lo veían como una forma de desembotellar el crecimiento urbano y hasta de mejorar la salud pública, de acuerdo con las teorías médicas de la época. De haberse continuado con lo que querían hacer los gobiernos locales, es probable que hoy no hubiera una sola muralla en el centro histórico. En 1924, ante el “murallicidio” que con gran entusiasmo llevaban a cabo los alcaldes de la época, el Gobierno Nacional intervino para salvar este patrimonio de todos los colombianos. Para ello expidió la Ley 32 de 1924, que en su artículo 7 señaló: “Prohíbase en absoluto la demolición de murallas, castillos y demás fuertes de la ciudad de Cartagena y ninguna autoridad podrá autorizarlo”. Por eso se salvaron. Además, se han conservado en buen estado, debido a que esa misma ley le entregó su conservación y administración a la Sociedad de Mejoras Públicas (SMP), una entidad sin ánimo de lucro que se había creado en 1923.

Recientemente el Gobierno renovó el contrato de administración de las fortalezas cartageneras a la SMP. Sin embargo, las presiones locales para que se vuelva a la administración por la Alcaldía, y cierto malestar entre los miembros de la SMP que generaron algunas cláusulas del nuevo contrato, llevaron a que la SMP anunciara esta semana que le devolverá al Distrito dicha administración. Ante esta perspectiva es bueno repasar la historia. Lo primero que se debe señalar es que quienes financiaron las obras de fortificación de Cartagena fueron las provincias del interior del Virreinato de la Nueva Granada, sobre todo las de las zonas mineras de Popayán, Chocó y Antioquia. De allí se enviaba lo que se llamaba en esa época el “situado”, así como diferentes subsidios para financiar las construcciones militares. Esto no me parece que sea un punto menor, pues no sólo jurídicamente, sino también históricamente, las murallas de Cartagena son un patrimonio de todos. Y quien nos representa a todos es el Gobierno, que debe decidir, y si es necesario hacer los cambios necesarios, para que se garantice el óptimo manejo de las fortificaciones.

La pregunta es: ¿cómo ha sido el manejo durante los últimos 88 años de las murallas y baluartes por parte de la SMP? Por los resultados, creo que positivo. Entonces, ¿por qué razón volver al esquema que ya fracasó y que tuvo que desmontarse en la década de 1920? Hay un dicho popular norteamericano que me parece pertinente en este caso: ¿Si no está dañado para qué arreglarlo?

No pienso que el esquema actual sea perfecto o que no se pueda mejorar. Entiendo que algunas de las falencias ya fueron superadas en el nuevo contrato que se firmó con el Ministerio de Cultura. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con quienes piensan que debe haber una mayor información de parte de la SMP hacia la ciudadanía sobre su labor. Pero sobre todo creo que se debe promover el uso de murallas y baluartes para actividades culturales abiertas a todos los ciudadanos. Me parece que en las murallas no sólo deben existir costosos bares, sino que el pago de los alquileres que hacen esos bares debe servir para que todos los colombianos puedan disfrutar de eventos culturales en estos magníficos espacios. Mejorar sí, pero sin que se tumben los monumentos.