Una inmensa tristeza embarga desde el 19 de noviembre a los jugadores de dominó de Aguadulce, los pescadores de langosta del Cove, los ideólogos de Amen, los pastores de La Loma, los rastas de Southwest Beach y a los estudiantes de colegio que cantan el himno de Colombia en una lengua diferente a la suya.
En todo el archipiélago sanandresano se siente el vacío de la pérdida del mar que tantas veces navegaron los abuelos en goletas de madera cargadas de naranjas y cocos para llevar a Colón, a Bluefields y a Cartagena.
Es un momento propicio para analizar los efectos deplorables de la política de desarrollo económico que se estableció en San Andrés desde la dictadura de Rojas Pinilla. Sin mayores discusiones, se declaró en 1953 que de allí en adelante el archipiélago sería puerto libre y los colombianos del continente tendrían un cupo para comprar los productos extranjeros sin los enormes aranceles que por esa época existieron en el país. Se generó entonces una avalancha de turismo comercial: era atractivo viajar a San Andrés para comprar electrodomésticos, licores y todo tipo de mercancías importadas, a precios mucho más bajos que en el comercio continental, y de paso bañarse en las hermosas playas de San Andrés, pero pagando un pequeño monto por el hotel. Se creó así una infraestructura turística desordenada urbanísticamente, de deficiente calidad arquitectónica, sin respetar el medio ambiente (a veces construyendo sobre la playa misma y hasta invadiendo el mar), sin adecuados servicios públicos y con poca competitividad internacional.
El boom turístico-comercial llevó a una enorme inmigración de comerciantes, hoteleros, obreros de la construcción y trabajadores continentales que transformaron, de manera radical, la isla de San Andrés en su fisonomía urbanística, étnica y cultural. En el censo de 1951 el archipiélago tenía una población de sólo 5.675 personas, en el de 2005 la cifra había subido a 59.573.
Quien más se perjudicó con el modelo del puerto libre fue San Andrés, pues allí se concentró el comercio y, por lo tanto, la inmigración. En 1951, mientras San Andrés tenía 3.705 habitantes, en Providencia vivían 1.970 personas, es decir, una cifra no muy diferente. Sin embargo, de allí en adelante la población de San Andrés se multiplicó por 15, mientras que la de Providencia sólo lo hizo por dos. La primera tuvo en el censo de 2005 un total de 55.426 habitantes y Providencia tan sólo de 4.147.
A consecuencia de lo anterior, en San Andrés los raizales son hoy una minoría, el 37% de la población, han perdido el control sobre la actividad económica y por ello están en una situación de desventaja. En contraste, en Providencia el 88% de la población es raizal y controla el grueso de la actividad económica: el turismo, la pesca, el comercio y la agricultura. Además, en Providencia han establecido una normatividad que evita el crecimiento indiscriminado de la hotelería, pues sólo se aceptan hoteles de hasta 25 habitaciones y con un máximo de dos pisos. La ausencia de grandes proyectos hoteleros ha permitido una defensa tanto ecológica como demográfica. Es decir, que en las dos islas hay dos resultados que son bastante diferentes. Todo ello debe ser tenido en cuenta para orientar el futuro económico del archipiélago, especialmente por las nuevas generaciones de raizales, sons of the soil, que esperamos que, como en el título de la novela de Ms. Hazel Robinson: No give up, maan!
Una inmensa tristeza embarga desde el 19 de noviembre a los jugadores de dominó de Aguadulce, los pescadores de langosta del Cove, los ideólogos de Amen, los pastores de La Loma, los rastas de Southwest Beach y a los estudiantes de colegio que cantan el himno de Colombia en una lengua diferente a la suya.
En todo el archipiélago sanandresano se siente el vacío de la pérdida del mar que tantas veces navegaron los abuelos en goletas de madera cargadas de naranjas y cocos para llevar a Colón, a Bluefields y a Cartagena.
Es un momento propicio para analizar los efectos deplorables de la política de desarrollo económico que se estableció en San Andrés desde la dictadura de Rojas Pinilla. Sin mayores discusiones, se declaró en 1953 que de allí en adelante el archipiélago sería puerto libre y los colombianos del continente tendrían un cupo para comprar los productos extranjeros sin los enormes aranceles que por esa época existieron en el país. Se generó entonces una avalancha de turismo comercial: era atractivo viajar a San Andrés para comprar electrodomésticos, licores y todo tipo de mercancías importadas, a precios mucho más bajos que en el comercio continental, y de paso bañarse en las hermosas playas de San Andrés, pero pagando un pequeño monto por el hotel. Se creó así una infraestructura turística desordenada urbanísticamente, de deficiente calidad arquitectónica, sin respetar el medio ambiente (a veces construyendo sobre la playa misma y hasta invadiendo el mar), sin adecuados servicios públicos y con poca competitividad internacional.
El boom turístico-comercial llevó a una enorme inmigración de comerciantes, hoteleros, obreros de la construcción y trabajadores continentales que transformaron, de manera radical, la isla de San Andrés en su fisonomía urbanística, étnica y cultural. En el censo de 1951 el archipiélago tenía una población de sólo 5.675 personas, en el de 2005 la cifra había subido a 59.573.
Quien más se perjudicó con el modelo del puerto libre fue San Andrés, pues allí se concentró el comercio y, por lo tanto, la inmigración. En 1951, mientras San Andrés tenía 3.705 habitantes, en Providencia vivían 1.970 personas, es decir, una cifra no muy diferente. Sin embargo, de allí en adelante la población de San Andrés se multiplicó por 15, mientras que la de Providencia sólo lo hizo por dos. La primera tuvo en el censo de 2005 un total de 55.426 habitantes y Providencia tan sólo de 4.147.
A consecuencia de lo anterior, en San Andrés los raizales son hoy una minoría, el 37% de la población, han perdido el control sobre la actividad económica y por ello están en una situación de desventaja. En contraste, en Providencia el 88% de la población es raizal y controla el grueso de la actividad económica: el turismo, la pesca, el comercio y la agricultura. Además, en Providencia han establecido una normatividad que evita el crecimiento indiscriminado de la hotelería, pues sólo se aceptan hoteles de hasta 25 habitaciones y con un máximo de dos pisos. La ausencia de grandes proyectos hoteleros ha permitido una defensa tanto ecológica como demográfica. Es decir, que en las dos islas hay dos resultados que son bastante diferentes. Todo ello debe ser tenido en cuenta para orientar el futuro económico del archipiélago, especialmente por las nuevas generaciones de raizales, sons of the soil, que esperamos que, como en el título de la novela de Ms. Hazel Robinson: No give up, maan!