Quisiera empezar el año con una columna vacacional, pero aquí no hay treguas: ya van dos firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC asesinados en este recién nacido 2025. Dos crímenes que no alarman ni generan declaraciones de rechazo de los líderes políticos, aunque son dos nuevas traiciones a esa ilusión que representa la desmovilización de las FARC.
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Wilmer Ruiz Delgado tenía 41 años y estaba cumpliendo con el proceso de reincorporación en el Yarí, en La Macarena, Meta. El domingo 5 de enero fue con su pareja a visitar a una pariente en el barrio La Catleya No. 2, de San Vicente del Caguán, y hasta allí llegó un hombre que le disparó y huyó.
El 1 de enero mataron a William Alvarado Guzmán en medio de una riña. Tenía 61 años y cumplía su proceso de reincorporación en Silvania, en Gigante, Huila. Viajó a la vereda Bellavista, de Garzón, para celebrar el año nuevo y allá murió por una herida de arma blanca. La ONG Observatorio de Paz – Pazes escribió: “Este hecho no solo enluta a sus familiares y amigos, sino que evidencia una vez más la urgente necesidad de transformar la cultura de estigmatización en contra de las personas firmantes de paz, la cual se vive silenciosamente en las comunidades, pero puede manifestarse en situaciones cotidianas incluyendo celebraciones sociales con licor”.
Las cifras, como las encuestas, dependen de quién las narre. Desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, han asesinado a 449 de los 13.609 excombatientes desmovilizados, es decir, el 3,3 %. Si en Bogotá asesinaran al 3,3 % de la población estaríamos hablando de 264.000 personas. Los crímenes contra los desmovilizados vienen bajando: en 2019 fueron 78 firmantes, en 2020, en medio de la pandemia, mataron a 77, en 2021 a 55, en 2022 a 50, en 2023 a otros 50 y el año pasado a 31. Visto así, habrá quien haga un gráfico de barras y titule con entusiasmo: “En cinco años se reducen en más de la mitad los crímenes contra desmovilizados de las FARC”.
Martín Caparrós, evocando a Umberto Eco, escribió: “La estadística es esa disciplina que dice que todos los seres humanos tenemos una teta y un testículo”. La frialdad de las cifras esconde el drama que contabilizan. ¿De qué le sirve el optimismo de Excel a los deudos de Wilmer Ruiz Delgado y de William Alvarado Guzmán? ¿Los firmantes del Acuerdo de Paz deben sentirse hoy la mitad de inseguros o indefensos que hace cinco años cada vez que salen a la calle?
Guadalupe Salcedo fue asesinado en 1957, cuatro años después de firmar la paz. A Carlos Pizarro lo mataron en 1990, un mes después de haber dejado las armas. El crimen de cada desmovilizado es responsabilidad de sus asesinos, pero también es el fracaso de un Estado incapaz de garantizar protección a los reinsertados. La actual masacre a cuentagotas traiciona la promesa de seguridad y envía un mensaje perverso para el proceso de “Paz total”, lo que sea que eso signifique. Pero lo peor es la estigmatización ciudadana: ese infame “se lo merecía” que tantos piensan y algunos explicitan cada vez que matan a un desmovilizado que dejó las armas y confió en la nueva vida, luego del proceso de reincorporación.
Por Adriana Villegas Botero
