Colombia es una nación soberana, divisible en dos mitades, con selvas, nevados, ríos, pumas y jaguares. No tiene tigres ni fracking. Tampoco tiene avionetas asperjando glifosato a gran escala, ni megaminería en páramos y el paisaje cultural cafetero.
La justicia, con todo y sus fallas, la administran jueces colombianos. No hay promoción estatal de la justicia por mano propia y ya no existe el desastre de las Convivir. Avanza un proceso de reforma agraria que entrega tierras a los campesinos.
Las cárceles (que en el futuro desaparecerán, como la crucifixión y la lapidación) son estatales. Sufren un estado de cosas inconstitucional, con hacinamiento y violencia, pero al menos operan sin ánimo de lucro ni intereses de particulares que se beneficien con el mayor número de personas detenidas.
La Constitución prohíbe la pena de muerte, la cadena perpetua y la tortura. Se restringe el porte de armas. Ya no hay operaciones Orión, falsos positivos sistemáticos ni capturas masivas indiscriminadas. El Gobierno no pretende destripar a la oposición ni extraditarla y ofrece garantías para la protesta social.
Colombia es un Estado laico con libertad de cultos, aunque con mínimos impuestos para las iglesias. Es posible educar a los hijos sin misas ni consagraciones al corazón de Jesús. Abunda la discriminación, pero hay políticas públicas de respeto por las familias diversas, entendiendo que aquí la familia tradicional consiste en una mujer (madre, hermana, abuela o tía) que asume la carga del hogar ante un padre ausente. Pese a la homofobia, hay igualdad de derechos para personas LGBTIQ+: pueden casarse, adoptar y heredar.
El Estado, vía jurisprudencial porque al Congreso le queda grande legislar, protege que las mujeres podamos abortar de forma legal, segura y gratuita a través de las EPS. Los derechos fundamentales, como este, se pueden reclamar mediante la acción de tutela.
La libertad de prensa incluye el derecho a preguntar, investigar, opinar, disentir, ejercer contrapoder desde los medios y usar el humor. Nadie, al menos en el papel, debe morir, exiliarse o ser silenciado con demandas por ejercer su profesión.
La autonomía universitaria y la libertad de cátedra son principios básicos de la educación.
El Estado tiene 1,5 millones de servidores públicos y otros 900.000 contratistas. La tasa de desempleo está en 8,8 %. Pertenecemos al Sistema de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Hay consulados en más de 100 ciudades. Tenemos educación pública, bibliotecas públicas, Ministerio de Cultura, y entidades que promueven las culturas y las artes lejos de la simplificación mercantil de la economía naranja.
La Jurisdicción Especial para la Paz trabaja para dar verdad, justicia y reparación a las víctimas. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ayuda a quienes siguen sin saber qué les pasó a sus seres queridos.
Hay corrupción, narcotráfico, violencia, grupos armados, minería ilegal, extorsión, exiliados, pobreza, machismo, clasismo, aporofobia, racismo y homofobia. Hay también mucho odio y mucho miedo.
Tenemos un pésimo presidente, sectario, incendiario y populista. El odio que genera, y que él mismo promueve, motiva a muchos a castigarlo con el voto. El remedio consiste en elegir a un turbio ultraderechista que desea arrasar con buena parte de este inventario. Escribo para dejar constancia.
Por Adriana Villegas Botero
