La semana siguiente al terremoto, Omar Darío Cardona, ex director nacional de Gestión del Riesgo, dijo dos frases en las que sigo pensando: La primera: “Los desastres no son problemas de caridad pública ni de primeras damas. Son un problema del Estado: del impacto social y económico; de los pasivos contingentes”.
Como sobre la esposa del presidente y las donaciones ha habido bastante debate (aunque insuficiente claridad), me centro en la segunda frase: “voy a decir algo ácido: hay gente que piensa que ojalá le digan que la casa hay que tumbarla porque como era de patrimonio y no la podía tocar, si la tumban construye ahí un edificio”.
Lo que hasta hace unos días era paisaje urbano, hoy son grietas que amenazan ruina. En Pereira hay 400 inmuebles con riesgo de colapso. Ya tumbaron 70 y se autorizó la demolición de otros 66. Muchos están en el centro, el corazón comercial de la ciudad.
Si algo tiene grietas, además de las construcciones, es la transparencia en la información pública relacionada con el terremoto. Fue en Cartagena, en el Congreso de Camacol, y no en Pereira, en donde el presidente de Amarilo, Roberto Moreno (hermano de Bernie Moreno, senador republicano en Estados Unidos), anunció que su empresa “financiará los diseños de la reconstrucción de Pereira”, estudios que cuestan $20.000 millones. También dijo que quiere llevar a Pereira el modelo de Quora.
Quora es un proyecto de renovación urbana en La Cabrera, en Bogotá. Va para 20 años desde que empezó la gestión de suelo y vale más de $2 billones. Ante una perspectiva de negocio billonario, “donar” estudios por $20.000 millones no es un asunto de caridad pública o de primeras damas, como diría Omar Darío Cardona. Es el negocio, socio, digo yo.
Con razón la Veeduría Ciudadana para la Reconstrucción de Risaralda, le exigió al alcalde de Pereira Mauricio Salazar, que la renovación urbana beneficie a los damnificados; que prevenga la especulación con el valor del suelo; transparencia, pluralidad y reglas claras para considerar propuestas privadas, e involucrar a los profesionales de la región en la reconstrucción.
La renovación urbana necesita suelos libres de escombros. Luego del terremoto de Armenia de 1999, Invías demolió “gratis” durante tres meses los edificios que debían tumbarse, pero en esta ocasión no hubo una solución así, de manera que el costo del derribo ha generado tensiones entre propietarios, aseguradoras (cuando las hay) y alcaldías, que las asumen solo si el dueño demuestra que no tiene cómo pagar. Si se vence el plazo fijado y el propietario no demolió, la alcaldía puede hacerlo y embargar el lote para cobrar el costo del derribo.
En medio de esa incertidumbre, aparecen, como por arte de magia, señores con plata en efectivo. La gente se está endeudando con prestamistas “gota a gota” y el exsenador Iván Marulanda advierte: “tipos con maletines llenos de billetes compran a propietarios desesperados títulos de sus propiedades desastradas por el terremoto”.
Martha Alzate, excandidata a la alcaldía de Pereira, lo alertó hace un mes en A fondo: “la mafia cumple un papel muy importante en Pereira, tiene mucha caja, está metida en muchos de los negocios, hace una presencia importante en la política y en las elecciones (…) ese actor no va a ser irrelevante en ese cambio de manos de la propiedad [del suelo]”.
Esto es lo que se mueve hoy, ante la pasmosa paquidermia del Fondo Milagro.