Aunque al escribir estas líneas aún no había sido expedido un decreto al respecto, como se supone que debería hacerse, el Gobierno anunció que el servicio de transporte individual amparado por plataformas tecnológicas como uber son ilegales en Colombia y punto.
La comunicación publicada en la prensa es un verdadero recoveco pero deja ver la manera como nuestros reguladores entienden la esencia de un problema que es muy interesante y también muy polémico a lo largo y ancho del mundo. Primero, el argumento central que hacen es que los vehículos blancos están habilitados para prestar servicios especiales, por ejemplo el transporte escolar, y estos servicios especiales no incluyen el servicio individual. Segundo, quien provee la plataforma tecnológica debe acogerse a la normativa específica al servicio que la plataforma ampara, o sea que una plataforma utilizada para proveer servicio individual con vehículos de servicio especial viola las normas vigentes.
El argumento es muy superficial, para no usar el castizo que viene a mente, por muchas razones. La primera, porque si es cierto que el problema de fondo es que los vehículos no están habilitados para prestar el servicio individual, pues lo lógico es habilitarlos. Si estos vehículos pueden llevar legalmente niños al colegio (ese si es un servicio especial), causa sorpresa que ese mismo vehículo no pueda llevar a sus padres al mismo colegio y desde la misma casa un par de horas después, para verlos actuar en algún evento.
La segunda es porque le pone una barrera burdamente leguleya a un tema importante –el llamado crowdsourcing-- que está desafiando conceptualmente a muchas ideas regulatorias tradicionales y que lo hará de forma crecientemente intensa en el futuro. Muy mal empezar con el pie izquierdo y chamboneando una carrera que pinta larga, fascinante y complicada. Como será la regulación colombiana cuando aparezcan proveedores a través de crowdsourcing para servicios altamente regulados como la hotelería, la mensajería, el transporte de alimentos o cuando uno pueda contratar servicios profesionales que hoy día requieren licencias y permisos, para no ir más lejos.
La tercera es porque estos servicios amplían la gama de opciones de movilidad y es perfectamente posible que, con algo de inteligencia, puedan ser un paliativo al colapso diario observado en una ciudad caótica como Bogotá. Hay incluso razones para pensar que un esquema de movilidad intensivo en crowdsourcing, con uber y otras plataformas similares amparando una gama amplia de servicios, podría constituirse en un sustituto importante del automóvil particular.
La cuarta es porque entre más grande el éxito de esta o de cualquier otra iniciativa tecnológica –y mas bravos se pongan los prestadores tradicionales-- más claro queda el hecho de que se trata de un servicio que los usuarios valoran de manera contante y sonante y que eliminarlo es, en consecuencia, un bajonazo indiscutible del bienestar ciudadano.
El gobierno ha salido con un argumento ridículo para convertir en ilegal un servicio que a la ciudadanía le ha encantado, que forma parte de una tendencia mundial inatajable cuya regulación, si es que es posible, requiere inteligencia y visión en lugar de machetazos y en el proceso acaba con un posible paliativo a los problemas de movilidad que todos sufrimos.
@CarrasqAl
PD. Esta columna se suspenderá un par de semanas, motivo vacaciones.
