Lo de Camila

Los costos de tratar a todos los ciudadanos que sufren problemas de salud en un momento dado del tiempo no han hecho sino subir en el mundo entero durante el último par de décadas.

 Esto es la consecuencia de dos fuerzas inatajables: el envejecimiento de la población y el progreso tecnológico. En Colombia la tasa de envejecimiento --la relación entre los ciudadanos mayores de 60 años y los niños menores de 14-- pasa de 13% en 1975 a 30% en 2010 y se proyecta en algo menos de 70% en 2030. Desde luego, una población más vieja tiene más problemas de salud y los requerimientos financieros que ello impone se hace más exigente teniendo en cuenta el segundo factor: los tratamientos y los avances tecnológicos que los subyacen en la frontera son, quizás paradójicamente, cada día más caros.

La ocurrencia de un siniestro en materia de salud sería devastadora, cuando no inmanejable, para las finanzas de cualquier familia en ausencia de aportes contantes y sonantes provenientes de algún tercero al que llamamos un 'asegurador”. De manera sencilla, la tarea del asegurador es recoger dinero de mucha gente que no está enferma para pagar los servicios que se le prestan a la población minoritaria que si está enferma. En un extremo de las alternativas que tiene cualquier sociedad que valore la protección social de sus ciudadanos está el proveedor único estatal, que recoge dinero por la vía de los impuestos y se encarga de pagar los diversos servicios que su propia red de hospitales, centros de salud, laboratorios, clínicas etc. le provee a la población. En el otro extremo se ubicaría el asegurador puramente privado que recauda dinero de unas primas, que dependen del perfil de riesgo de cada afiliado, y se compromete a contratar un conjunto de servicios claramente especificados con una red, que perfectamente puede ser propia si ello es racional financieramente, de prestadores.

Entre las mil alternativas que ejercen el papel del actor gris entre el blanco público y el negro privado está el sistema colombiano en el que unos aseguradores privados inmensamente regulados, las EPS, reciben unas primas de precio único, independiente de cualquier perfil de riesgo, aportes que vienen de parte de toda la población, la mayoría subsidias por el contribuyente, y luego las usa para pagar servicios imperfectamente especificados ex ante a los distintos proveedores que contrata.

El gris peculiar a Colombia está repleto de problemas financieros, no obstante lo cual es un verdadero ejemplo internacional en varias dimensiones. La cobertura, para empezar, es prácticamente del 100%, en claro contraste con casos como el de Estados Unidos, donde la falta de aseguramiento es un problema grave que ha polarizado el debate político. La equidad, en segundo término, se puede calificar de espectacular en el sentido de que toda la población colombiana cuenta con un seguro de salud y un plan de beneficios, cuando antes de la Ley 100 apenas era el caso en uno de cada cinco, obviamente la población más pudiente.

La satisfacción de los usuarios del sistema, en tercer lugar, muy al contrario a las frecuentes estridencias mediáticas que ya son parte del paisaje nacional, también es más que pasmosa: según la encuesta sobre el tema que publicó hace un tiempo el Ministerio de Salud de un Gobierno que ha hecho política barata con el concepto de que “la salud no es un negocio”, el 81% de los usuarios opinan que en el eventual y horroroso caso de padecer una enfermedad delicada y compleja, confían que su EPS los atenderá con los servicios de salud necesarios. El 75% siempre se sintió tratado con amabilidad y respeto por su EPS, solo el 4% jamás sintió lo mismo. Y asi.

Todo lo anterior para recordar, primero, que nuestro sistema de salud es un éxito irrefutable en sus logros en materia de cobertura, equidad y calidad del servicio visto por los usuarios. Expresar, segundo, que esto es pasmoso, dado que es un sistema de país pobre, que funciona con apenas US$657 de paridad por habitante, contra unos US$4320 de muchos países avanzados que no nos llegan ni a los tobillos y lamentar, tercero, que personas de indudable valentía y calidad humana, como Camila, sean parte del problema y no usen su indiscutible capacidad de convocatoria para hacer parte de la solución de los muchos problemas de un sistema que, no obstante, es ejemplo indiscutible para el mundo.