Con mucha razón, el Gobierno ha estado sacando pecho en virtud del ascenso que obtuvo el país en el ranking de la publicación Doing Business producida desde hace casi una década por el Banco Mundial. Según este prestigioso documento anual, nuestro país pasa del lugar 53 al lugar 34 entre los 189 analizados en la preparación de la tabla de marras y es el líder regional. Tiene razón el Gobierno en andar contento pues no solo se trata de una publicación seguida de cerca en el mundo entero, tanto en los círculos gubernamentales como en los empresariales y los académicos. Haber logrado este clarísimo ascenso es una buena noticia sin lugar a la menor duda.
Dicho lo anterior, también es cierto que hay que leer este ascenso con, al menos, dos granos de sal. Primero, en este informe se comienza un proceso de mejoramiento de los indicadores que, como siempre ocurre, mejora la calidad de la fotografía pero introduce al mismo tiempo rupturas difíciles de interpretar en la película de la cual es parte la fotografía específica. Este esfuerzo que durará dos años responde parcialmente a los resultados de una mirada independiente que se publicó en 2013 y que proponía, entre otras muchas cosas, eliminar los rankings, introducir más revisión analítica por parte de pares académicos independientes, más transparencia y mejor comunicación. El salto colombiano se debió, sobre todo, a la promulgación en Agosto de 2013 de la Ley de Garantías Mobiliarias que automáticamente disparó nuestro posicionamiento mundial en cuanto al acceso al crédito. Concretamente, pasamos del lugar 55 al lugar 2 en este capítulo concreto.
El segundo grano de sal está dado por el hecho de que al lado del salto indudable en materia de acceso al crédito, lo cierto es que, en temas críticos para el progreso, el sabor que deja este caldo es amargo y que vamos de mal en peor. Concretamente, en materia tributaria bajamos 7 puestos en el ranking, nos ubicamos en el vergonzoso lugar 146, ante todo porque nuestro estatuto tributario grava las utilidades de una empresa mediana a una tasa casi inverosímil de 75,4%, sustancialmente más alta que la de América Latina en su conjunto (48,3%) y la OCDE (41,3%). Esta cifra se obtiene sumando el efecto del impuesto directo a las utilidades, y el gravamen implícito a las mismas utilidades proveniente de dos fuentes: las obligaciones patronales con la nómina, de una parte, y, en segundo término, la carga implícita proveniente de esa masa informe de tributos que en la elegante publicación recibe el eufemístico apelativo de “otros impuestos”, los cuales en Colombia se llevan el 28,6% de las utilidades según el cálculo publicado, un verdadero escándalo si se le compara con la OCDE (1,9%) o incluso con nuestra propia región (12,9% de las utilidades). Otros tragos amargos se refieren a nuestra incapacidad de hacer cumplir los contratos (lugar 168 y empeorando), la dificultad que tiene la empresa colombiana para intercambiar bienes y servicios con el resto del mundo e integrarse de esta manera al futuro (lugar 93), e incluso nuestras dificultades para lograr algo tan simple como la conexión a la red eléctrica del país (lugar 92).
La publicación Doing Business, no obstante ser blanco de muchas críticas y polémicas, es un componente ya tradicional del debate sobre la política de competitividad en muchas partes del mundo y la importancia que el Gobierno le ha dado a la versión que acaba de salir del horno es bienvenida y saludable. Lo que uno espera es que, en la misma tónica que resalta las mieles del salto proveniente de una ley muy buena, también haga un debate sobre los resultados obtenidos en nuestros capítulos amargos.
