Se necesitaron las dotes de novelista de Héctor Abad Faciolince para que entendiéramos, finalmente, el desastre de Hidroituango.
Nunca antes se habían presentado chambonadas de ingeniería en las hidroeléctricas construidas por EPM. Su gerente histórico, Diego Calle Restrepo, bebía aguardiente en proporción al agua de los embalses, pero los túneles no se le tapaban. Hace bien Héctor Abad en enmarcar la hecatombe de Hidroituango en la gloriosa historia de EPM, escogida en 1999 como la empresa colombiana del siglo XX. EPM es un coloso. Abad también anota: “En EPM no ha habido comisiones ni coimas, es una empresa llena de estrictos controles internos, muy seria. Ha sido una empresa sana”. Me parece lícito señalar esa percepción generalizada, si bien la prueba de un hecho negativo es difícil. Precisamente porque se cree que en EPM no funciona el serrucho es urgente que la empresa adelante en este momento una investigación sobre sus negocios pretéritos con Felipe Moncaleano Botero y revele los resultados.
Moncaleano, el zar de los reaseguros en Colombia, hace poco se declaró reo confeso en Miami del delito de lavado de activos. No irá a juicio el 26 de octubre, como estaba previsto. También se declaró culpable la persona acusada por el gobierno de los Estados Unidos de recibir un soborno de US$10,8 millones de parte de Moncaleano. Se trata de Juan Ribas Domenech, quien fue presidente de la estatal Seguros Sucre en el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. El chanchullo aceptado por los delincuentes Ribas y Moncaleano giraba alrededor de reaseguros del Ministerio de Defensa del Ecuador. Moncaleano tenía negocios allá en defensa y en plantas de energía, como Termopichincha. Y en Colombia era igual, el fuerte de Moncaleano eran los reaseguros en defensa e hidroeléctricas. JLT Re Colombia, la firma de Moncaleano, tuvo negocios por muchos años con EPM. El patrimonio de Moncaleano se estima en decenas de millones de dólares. Hace cinco años pagó US$3,1 millones por un condominio en Miami.
Es de interés público que sea EPM, motu proprio, la que designe a una firma de abogados, a un auditor externo, a un exmagistrado, a alguien de reconocida solvencia moral y también con solvencia técnica en el ámbito de reaseguros, para que indague si a lo largo de los muchos años en que EPM colocó sus reaseguros con JLT Re Colombia hubo coimas o invitaciones opíparas a certámenes deportivos en Europa a funcionarios de EPM. La indagación es lícita porque Moncaleano usó los sobornos entre 2013 y 2016 para adjudicarse contratos en Ecuador. Cómo serían de cuantiosos y valiosos los reaseguros de EPM que Moncaleano tenía oficina en Medellín para atenderlos, además de su oficina principal en Bogotá. Tal vez Ecuador es un país más corrupto que Colombia y tal vez en el Valle de Aburrá las coimas eléctricas son anatema, ¡eh Avemaría pues! Si ese es el resultado de la pesquisa que EPM está obligada moralmente a adelantar por haber tenido negocios sustanciales y sustantivos con el sobornador Felipe Moncaleano Botero, igualmente se cumpliría un alto propósito, a saber, el de disipar las sospechas que hoy pesan sobre el coloso de la montaña.
No dudo de que la empresa será fiel a su promesa institucional: “EPM está comprometida con el principio 10 del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, el cual establece que ‘las empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno’”.
Se necesitaron las dotes de novelista de Héctor Abad Faciolince para que entendiéramos, finalmente, el desastre de Hidroituango.
Nunca antes se habían presentado chambonadas de ingeniería en las hidroeléctricas construidas por EPM. Su gerente histórico, Diego Calle Restrepo, bebía aguardiente en proporción al agua de los embalses, pero los túneles no se le tapaban. Hace bien Héctor Abad en enmarcar la hecatombe de Hidroituango en la gloriosa historia de EPM, escogida en 1999 como la empresa colombiana del siglo XX. EPM es un coloso. Abad también anota: “En EPM no ha habido comisiones ni coimas, es una empresa llena de estrictos controles internos, muy seria. Ha sido una empresa sana”. Me parece lícito señalar esa percepción generalizada, si bien la prueba de un hecho negativo es difícil. Precisamente porque se cree que en EPM no funciona el serrucho es urgente que la empresa adelante en este momento una investigación sobre sus negocios pretéritos con Felipe Moncaleano Botero y revele los resultados.
Moncaleano, el zar de los reaseguros en Colombia, hace poco se declaró reo confeso en Miami del delito de lavado de activos. No irá a juicio el 26 de octubre, como estaba previsto. También se declaró culpable la persona acusada por el gobierno de los Estados Unidos de recibir un soborno de US$10,8 millones de parte de Moncaleano. Se trata de Juan Ribas Domenech, quien fue presidente de la estatal Seguros Sucre en el Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. El chanchullo aceptado por los delincuentes Ribas y Moncaleano giraba alrededor de reaseguros del Ministerio de Defensa del Ecuador. Moncaleano tenía negocios allá en defensa y en plantas de energía, como Termopichincha. Y en Colombia era igual, el fuerte de Moncaleano eran los reaseguros en defensa e hidroeléctricas. JLT Re Colombia, la firma de Moncaleano, tuvo negocios por muchos años con EPM. El patrimonio de Moncaleano se estima en decenas de millones de dólares. Hace cinco años pagó US$3,1 millones por un condominio en Miami.
Es de interés público que sea EPM, motu proprio, la que designe a una firma de abogados, a un auditor externo, a un exmagistrado, a alguien de reconocida solvencia moral y también con solvencia técnica en el ámbito de reaseguros, para que indague si a lo largo de los muchos años en que EPM colocó sus reaseguros con JLT Re Colombia hubo coimas o invitaciones opíparas a certámenes deportivos en Europa a funcionarios de EPM. La indagación es lícita porque Moncaleano usó los sobornos entre 2013 y 2016 para adjudicarse contratos en Ecuador. Cómo serían de cuantiosos y valiosos los reaseguros de EPM que Moncaleano tenía oficina en Medellín para atenderlos, además de su oficina principal en Bogotá. Tal vez Ecuador es un país más corrupto que Colombia y tal vez en el Valle de Aburrá las coimas eléctricas son anatema, ¡eh Avemaría pues! Si ese es el resultado de la pesquisa que EPM está obligada moralmente a adelantar por haber tenido negocios sustanciales y sustantivos con el sobornador Felipe Moncaleano Botero, igualmente se cumpliría un alto propósito, a saber, el de disipar las sospechas que hoy pesan sobre el coloso de la montaña.
No dudo de que la empresa será fiel a su promesa institucional: “EPM está comprometida con el principio 10 del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, el cual establece que ‘las empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno’”.