El presidente Santos admitió el 14 de marzo que “es un hecho bochornoso el pago de los afiches de su primera campaña por parte de Odebrecht. También es muy bochornoso que el Gobierno engañe a la opinión pública de manera flagrante. El 8 de febrero el gabinete en pleno emitió este comunicado: “Resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la de 2010. Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la Ley”. Es bochornoso que un mes después comprobemos cómo la palabra del Gobierno no vale nada mientras adquiere credibilidad la de un personaje de dudosa reputación como Otto Bula.
Es bochornoso que Santos afirme que se acaba de enterar del pago de los afiches del 2010, que costaron US$400.000, y que diga que “no autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones”. Con los traumatismos nacionales e internacionales que produjo el ingreso de dineros del Cartel de Cali en la campaña de 1994, es irresponsable e inconcebible que Santos no haya vigilado personalmente sus campañas para evitar aportes prohibidos.
Es bochornoso comprobar que desde hace dos meses el presidente Santos está en contacto con Roberto Prieto, como lo supimos por la entrevista de Néstor Morales con el gerente de la campaña. ¿Lo que se busca es calibrar y calcular qué va a decir y confesar el presidente?
Es sospechoso que Santos no haya revelado hace mucho tiempo que él no conocía al detalle la financiación de sus campañas. Si hubiera hecho esa advertencia se le creería ahora cuando dice: “Me acabo de enterar”. Es sospechoso que el 23 de diciembre, 48 horas después de divulgado el escándalo, la Casa de Nariño haya expedido este comunicado: “El Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió US$6,5 millones, en desarrollo de toda una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración de Álvaro Uribe”. Antes de que empezara a actuar la Fiscalía, la Presidencia ya tenía munición para dispararle a Uribe. ¿El Gobierno sabía que Odebrecht salpicaría al presidente y se adelantaba a desvíar la atención hacia su antecesor?
Es a los que creían que Santos era distinto a Uribe a los que les fue como a los perros en misa con la confesión de los hechos bochornosos.
Final nobelesco: Santos es el único Premio Nobel de la Paz colombiano. Pero no es el único Nobel de la Paz que en su vida política recibió pagos ilícitos. Esa distinción le corresponde al primer ministro japonés Eisaku Sato, Nobel de 1974, que 20 años antes fue acusado de recibir sobornos de fabricantes de barcos y luego declaró que su único pecado fue buscar financiación para su partido sin informar de esos aportes al gobierno, como exigía la ley. Posteriormente fue absuelto en una amnistía.
El presidente Santos admitió el 14 de marzo que “es un hecho bochornoso el pago de los afiches de su primera campaña por parte de Odebrecht. También es muy bochornoso que el Gobierno engañe a la opinión pública de manera flagrante. El 8 de febrero el gabinete en pleno emitió este comunicado: “Resulta absurdo e inaceptable que personajes de dudosa reputación, con una simple declaración sin prueba alguna, pretendan ahora enlodar la campaña presidencial de 2014, como se pretendió hacerlo también sin éxito con la de 2010. Como consta en los libros contables de la campaña registrados ante el Consejo Nacional Electoral, la campaña no recibió financiación por parte de particulares, ya que la totalidad de la misma se financió con recursos provenientes de los anticipos y reembolsos establecidos en la Ley”. Es bochornoso que un mes después comprobemos cómo la palabra del Gobierno no vale nada mientras adquiere credibilidad la de un personaje de dudosa reputación como Otto Bula.
Es bochornoso que Santos afirme que se acaba de enterar del pago de los afiches del 2010, que costaron US$400.000, y que diga que “no autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones”. Con los traumatismos nacionales e internacionales que produjo el ingreso de dineros del Cartel de Cali en la campaña de 1994, es irresponsable e inconcebible que Santos no haya vigilado personalmente sus campañas para evitar aportes prohibidos.
Es bochornoso comprobar que desde hace dos meses el presidente Santos está en contacto con Roberto Prieto, como lo supimos por la entrevista de Néstor Morales con el gerente de la campaña. ¿Lo que se busca es calibrar y calcular qué va a decir y confesar el presidente?
Es sospechoso que Santos no haya revelado hace mucho tiempo que él no conocía al detalle la financiación de sus campañas. Si hubiera hecho esa advertencia se le creería ahora cuando dice: “Me acabo de enterar”. Es sospechoso que el 23 de diciembre, 48 horas después de divulgado el escándalo, la Casa de Nariño haya expedido este comunicado: “El Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió US$6,5 millones, en desarrollo de toda una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración de Álvaro Uribe”. Antes de que empezara a actuar la Fiscalía, la Presidencia ya tenía munición para dispararle a Uribe. ¿El Gobierno sabía que Odebrecht salpicaría al presidente y se adelantaba a desvíar la atención hacia su antecesor?
Es a los que creían que Santos era distinto a Uribe a los que les fue como a los perros en misa con la confesión de los hechos bochornosos.
Final nobelesco: Santos es el único Premio Nobel de la Paz colombiano. Pero no es el único Nobel de la Paz que en su vida política recibió pagos ilícitos. Esa distinción le corresponde al primer ministro japonés Eisaku Sato, Nobel de 1974, que 20 años antes fue acusado de recibir sobornos de fabricantes de barcos y luego declaró que su único pecado fue buscar financiación para su partido sin informar de esos aportes al gobierno, como exigía la ley. Posteriormente fue absuelto en una amnistía.