No tengo en mi léxico lenguaje jurista, soy lego en temas de abogacía, hablo aquí como un ciudadano común y corriente, abrumado, indignado por el denigrante desprestigio del Poder Judicial colombiano.
Desde las elecciones de 2006 cuando el poder paramilitar se impuso para obligar la reelección del presidente Uribe y para elegir para congresistas, diputados y concejales a sus adeptos en las regiones de su influencia; escándalo conocido como “La Parapolítica” que desembocó en el juzgamiento y condena de cientos de políticos corruptos, que reaccionaron haciendo correr ríos de dinero para sobornar jueces y fiscales, y de hecho lograron sobornos subrepticios en todas las instancias judiciales.
Dos años después, cuando la entonces congresista Yidis Medina confesó que había recibido dádivas por su voto a favor de la reelección del presidente, y su declaración intimidó al mismísimo mandatario como a varios de sus cercanos, otra vez los pollos, con cuantiosas coimas sedaron la justicia. Por cierto, se supo que Alberto Velásquez Echeverry, que había sido Secretario Administrativo de Presidencia en el gobierno del reelecto, pagó 300 millones por información confidencial del proceso de la Yidispolitica. Esto abrió la puerta para descubrir la vergonzante corrupción en la CSJ conocida como " El cartel de la toga": donde magistrados y funcionarios en manguala con el propio fiscal anti corrupción (Luis Gustavo Moreno), el ex presidente de la Corte (Francisco Ricaurte) y los que conseguían los clientes Leonidas Bustos y Gustavo Melo, que cobraban millonarias sumas por alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos de la Corte Suprema de Justicia.
El Poder Judicial constituye la médula espinal del Estado de Derechos, su desprestigio, la desconfianza ciudadana sobre su integridad hiere gravemente la institucionalidad nacional. Ahora más que nunca, es necesario recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana con acciones de transparencia y demostraciones tangibles de probidad.
En ese sentido, el mes pasado, cuando por unanimidad cinco jueces de la Sala de Instrucción de CSJ dictaron medida de aseguramiento, preventiva detención domiciliaria al siempre inmune senador Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno a testigos y fraude procesal, muchos colombianos y también extranjeros nos ilusionamos con que la máxima instancia judicial, oficiando el debido proceso, pero ajena a intimidaciones y presiones de índole distinta al oficio jurista, llevaría a cabal término el proceso penal del epónimo reo. Pero entonces, las oficinas de abogados encargados de su defensa, más sus estrategas mediáticos, emprendieron una campaña de denigración de la Corte Suprema de Justicia, acusando motivaciones políticas en el actuar de los jueces, para lo cual, como acostumbran, instrumentalizaron a noticieros y periodistas de opinión, inundaron las redes sociales con mensajes difamatorios y embustes sobre los compromisos de los jueces con ideologías de izquierda radical. Más, como aún así, el proceso contra el senador andaba ajustado a la ley, asesorado por los abogados defensores, el reo, sin pena alguna, optó por despojarse de todatoda dignidad, hasta degradarse renunciando al fuero parlamentario, como un delincuente cualquiera, con tal de no arriesgarse a que en la Corte prosperan las inculpaciones. Prefirió que su caso pasará a la Fiscalía, donde varios jueces y fiscales son copartidarios y algunos hasta comen de su mano.
Resultaron más sagaces las oficinas de abogados que los magistrados de la Corte, prescindiendo del fuero parlamentario el rey de la impunidad otra vez se les escabulló.
La integridad de la justicia queda otra vez en entredicho. La realidad corrobora el triste adagio popular: " la ley es pa' los de ruana".
Entre tanto, la bancada del Centro Democrático, el partido de gobierno liderado por el acusado en cuestión, furtivos y de frente, buscan una reforma constitucional que les permitan hacer un sistema judicial a su acomodo. También para acabar la Justicia Especial para la Paz, que responsable de develar las verdades del conflicto armado, constituye una fastidiosa piedra entre las botas de los enemigos de la paz, de los favorecidos por la guerra.
Con tal desprestigio del poder judicial, es preciso que la JEP, por novedosa, por su significado coyuntura e histórico, debe con celeridad, con pedagogía y con divulgación en los medios, cumplir dictámenes probos, imponiendo ya el tipo de penas que ha bien han diseñado para guerrilleros, militares y terceros, confesos culpables de crímenes durante
el conflicto armado. Y a los que han pretendido hacerle conejo al modo de justicia pactada en los acuerdos de la Habana, mandarlos de una a la justicia ordinaria como escarmiento necesario para redimir la institucionalidad y sobre todo devolver la dignidad al Poder Judicial.
No tengo en mi léxico lenguaje jurista, soy lego en temas de abogacía, hablo aquí como un ciudadano común y corriente, abrumado, indignado por el denigrante desprestigio del Poder Judicial colombiano.
Desde las elecciones de 2006 cuando el poder paramilitar se impuso para obligar la reelección del presidente Uribe y para elegir para congresistas, diputados y concejales a sus adeptos en las regiones de su influencia; escándalo conocido como “La Parapolítica” que desembocó en el juzgamiento y condena de cientos de políticos corruptos, que reaccionaron haciendo correr ríos de dinero para sobornar jueces y fiscales, y de hecho lograron sobornos subrepticios en todas las instancias judiciales.
Dos años después, cuando la entonces congresista Yidis Medina confesó que había recibido dádivas por su voto a favor de la reelección del presidente, y su declaración intimidó al mismísimo mandatario como a varios de sus cercanos, otra vez los pollos, con cuantiosas coimas sedaron la justicia. Por cierto, se supo que Alberto Velásquez Echeverry, que había sido Secretario Administrativo de Presidencia en el gobierno del reelecto, pagó 300 millones por información confidencial del proceso de la Yidispolitica. Esto abrió la puerta para descubrir la vergonzante corrupción en la CSJ conocida como " El cartel de la toga": donde magistrados y funcionarios en manguala con el propio fiscal anti corrupción (Luis Gustavo Moreno), el ex presidente de la Corte (Francisco Ricaurte) y los que conseguían los clientes Leonidas Bustos y Gustavo Melo, que cobraban millonarias sumas por alterar, desaparecer, desviar o dilatar procesos de la Corte Suprema de Justicia.
El Poder Judicial constituye la médula espinal del Estado de Derechos, su desprestigio, la desconfianza ciudadana sobre su integridad hiere gravemente la institucionalidad nacional. Ahora más que nunca, es necesario recuperar la credibilidad y la confianza ciudadana con acciones de transparencia y demostraciones tangibles de probidad.
En ese sentido, el mes pasado, cuando por unanimidad cinco jueces de la Sala de Instrucción de CSJ dictaron medida de aseguramiento, preventiva detención domiciliaria al siempre inmune senador Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno a testigos y fraude procesal, muchos colombianos y también extranjeros nos ilusionamos con que la máxima instancia judicial, oficiando el debido proceso, pero ajena a intimidaciones y presiones de índole distinta al oficio jurista, llevaría a cabal término el proceso penal del epónimo reo. Pero entonces, las oficinas de abogados encargados de su defensa, más sus estrategas mediáticos, emprendieron una campaña de denigración de la Corte Suprema de Justicia, acusando motivaciones políticas en el actuar de los jueces, para lo cual, como acostumbran, instrumentalizaron a noticieros y periodistas de opinión, inundaron las redes sociales con mensajes difamatorios y embustes sobre los compromisos de los jueces con ideologías de izquierda radical. Más, como aún así, el proceso contra el senador andaba ajustado a la ley, asesorado por los abogados defensores, el reo, sin pena alguna, optó por despojarse de todatoda dignidad, hasta degradarse renunciando al fuero parlamentario, como un delincuente cualquiera, con tal de no arriesgarse a que en la Corte prosperan las inculpaciones. Prefirió que su caso pasará a la Fiscalía, donde varios jueces y fiscales son copartidarios y algunos hasta comen de su mano.
Resultaron más sagaces las oficinas de abogados que los magistrados de la Corte, prescindiendo del fuero parlamentario el rey de la impunidad otra vez se les escabulló.
La integridad de la justicia queda otra vez en entredicho. La realidad corrobora el triste adagio popular: " la ley es pa' los de ruana".
Entre tanto, la bancada del Centro Democrático, el partido de gobierno liderado por el acusado en cuestión, furtivos y de frente, buscan una reforma constitucional que les permitan hacer un sistema judicial a su acomodo. También para acabar la Justicia Especial para la Paz, que responsable de develar las verdades del conflicto armado, constituye una fastidiosa piedra entre las botas de los enemigos de la paz, de los favorecidos por la guerra.
Con tal desprestigio del poder judicial, es preciso que la JEP, por novedosa, por su significado coyuntura e histórico, debe con celeridad, con pedagogía y con divulgación en los medios, cumplir dictámenes probos, imponiendo ya el tipo de penas que ha bien han diseñado para guerrilleros, militares y terceros, confesos culpables de crímenes durante
el conflicto armado. Y a los que han pretendido hacerle conejo al modo de justicia pactada en los acuerdos de la Habana, mandarlos de una a la justicia ordinaria como escarmiento necesario para redimir la institucionalidad y sobre todo devolver la dignidad al Poder Judicial.