La comisión de Derechos Humanos de la ONU hace varias recomendaciones a Colombia: efectiva participación del Estado en la protección de los líderes sociales, correctivos urgentes en las Fuerzas Militares para prevenir el retorno de bajas extrajudiciales, “falsos positivos”, y, la que le compete al tema de esta columna, replantear la composición y uso de el Esmad, por frecuente uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, afectación de civiles y denuncias de armas por fuera del protocolo.
El Escuadrón Móvil Anti-Disturbios, Esmad, fue creado por el presidente Andrés Pastrana en 1999 para enfrentar la presunta presencia de grupos urbanos de las FARC que en ese entonces estaban fortalecidas y se habían negado al proceso de paz luego del histórico desplante de Marulanda en el zona de distensión, “la silla vacía”. Después, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el Esmad fue fortalecido y amplió su presencia nacional, en 11 ciudades capitales, como medida estratégica de la "Seguridad Democrática”.
Ciertamente el historial de atropellos cometidos por este escuadrón han sido ampliamente reseñados por la prensa, en cambio sus logros siguen remitidos a la acción puntual. Es decir, no sabemos que hayan desmantelado una célula de guerrilla urbana, no han caracterizado el vandalismo y su departamento de inteligencia no nos ofrece adelantos en la investigación sobre los belicosos profesionales en crear disturbios. Al contrario, en las redes sociales suelen acusarlos de disponer su personal entrenado para infiltrar las marchas y encapuchados generar pedreas y atentar contra los bienes públicos, acaso para justificar su existencia, que, por cierto, tiene un presupuesto jugoso y ha ganado poder en las decisiones de seguridad en los municipios de su incidencia.
Es innegable que la desmovilización de las FARC cambió muchas dinámicas de las movilizaciones sociales. Es innegable también que ha mejorado la concientización de los pueblos en el mundo y de modo particular en Latinoamérica, seguramente en esto ha influido la popularización de la tecnología que nos permite acceder a información inmediata y diversa. Lo cierto es que muchos gobiernos han sido sorprendidos por manifestaciones sociales tan masivas como de alcances inesperados. En Colombia, desde que inició el gobierno de Iván Duque se han dado manifestaciones sociales honestas y sentidas: empezaron las mingas indígenas reclamado el compromiso del Estado con su inseguridad y con la inseguridad de su territorio, allí participó el Esmad para que los indígenas despejaran las vías, los atropellos fueron registrados por la prensa nacional e internacional, la ausencia cobarde del presidente fue un acto vergonzante, hasta ahora no se ha detenido la megaminería que los indígenas deploran, continúan los asesinatos de líderes.
Sin discusión, las multitudinarias manifestaciones que se dieron en todas las capitales del país el 21 de noviembre de 2019 dieron inicio a un nuevo modo de protesta en las que el arte, la participación de sectores diversos y la fuerte presencia de jóvenes, representa una características que debería motivar un cambio de actitud en las respuesta de los gobiernos, características que muestran civilidad en la protesta y la variedad de exigencias, ya en lo ambiental, ya en lo laboral, ya sobre los crímenes de líderes, ya por la corrupción, por mejorar la calidad de la educación y en general un cumulo de peticiones, evidenciaban a la vez, el descontento general y la inoperancia del gobierno. Allí, pese a que el ánimo de la protesta priorizaba la movilización pacífica, hubo disturbios, con demostradas infiltraciones de vándalos de origen indeterminado y, evidente uso exagerado de la fuerza por parte del Esmad, murió el joven Dilan Cruz atacado con un proyectil de uso indebido en una manifestación cívica.
Los exigencias, los reclamos, las protestas expuestas por los manifestantes fueron dilatadas en un acto demagógico que se llamó “La gran conversación nacional”, cuyo resultado en la práctica fue que el gobierno si adelantó las reformas tributarias, laboral y pensional, a la que se oponían los gremios, tampoco se atendieron las peticiones ambientalistas, se usará el fracking, se fumigaran cultivos de coca con glifosato, se le dará licencia a Minesa para extraer oro en el Páramo de Santurbán...
En las dos recientes manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Antioquia, el alcalde Daniel Quintero, supuestamente alternativo, metió el Esmad al campus para neutralizar el uso de papa bombas y botellas molotov. Las reclamos de los estudiantes sobre la inversión en calidad de la educación y mejoramiento de la infraestructura no han sido atendidas.
De igual modo reaccionó la Alcaldía de Bucaramanga por disturbios en las protestas de los estudiantes de la UIS y en Bogotá, la alcaldesa Claudia López, ufana de su talante democrático, no ha dudado ni una vez en neutralizar los desordenes con la acción del Esmad, también ella usó el viejo truco demagógico, de sentarse a dialogar con los líderes estudiantiles, para su estilo, propone protocolos de comportamiento de los manifestantes: que no obstruyan el tráfico, que no afecten la actividad comercial, que no atenten contra bienes públicos, que respeten el deambular de los ciudadanos “ajenos” a las protestas. Haciendo así cada vez más inocuas las protestas, cuyas exigencias, reclamos, protestas y/o peticiones son mentadas a medias tintas en los medios de comunicación y de parte de los gobernantes solo reciben propuestas paliativas, dilatorias, cuando no, oídos sordos.
El uso del Esmad por parte de los gobernantes, más allá del control de los actos violentos en las manifestaciones sociales, cumplen una función subliminal que corroboran y enfatizan los telenoticieros, cual es el demostrar el poder del gobernante y, de hecho, su sola presencia ya criminaliza la manifestación. Unidas las dilatorias de los gobiernos, más el poner en contra de las marchas al comercio y la población empleada, más el énfasis de los medios de comunicación en la acción de los vándalos, hacen inocuas las protestas sociales.
La comisión de Derechos Humanos de la ONU hace varias recomendaciones a Colombia: efectiva participación del Estado en la protección de los líderes sociales, correctivos urgentes en las Fuerzas Militares para prevenir el retorno de bajas extrajudiciales, “falsos positivos”, y, la que le compete al tema de esta columna, replantear la composición y uso de el Esmad, por frecuente uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, afectación de civiles y denuncias de armas por fuera del protocolo.
El Escuadrón Móvil Anti-Disturbios, Esmad, fue creado por el presidente Andrés Pastrana en 1999 para enfrentar la presunta presencia de grupos urbanos de las FARC que en ese entonces estaban fortalecidas y se habían negado al proceso de paz luego del histórico desplante de Marulanda en el zona de distensión, “la silla vacía”. Después, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el Esmad fue fortalecido y amplió su presencia nacional, en 11 ciudades capitales, como medida estratégica de la "Seguridad Democrática”.
Ciertamente el historial de atropellos cometidos por este escuadrón han sido ampliamente reseñados por la prensa, en cambio sus logros siguen remitidos a la acción puntual. Es decir, no sabemos que hayan desmantelado una célula de guerrilla urbana, no han caracterizado el vandalismo y su departamento de inteligencia no nos ofrece adelantos en la investigación sobre los belicosos profesionales en crear disturbios. Al contrario, en las redes sociales suelen acusarlos de disponer su personal entrenado para infiltrar las marchas y encapuchados generar pedreas y atentar contra los bienes públicos, acaso para justificar su existencia, que, por cierto, tiene un presupuesto jugoso y ha ganado poder en las decisiones de seguridad en los municipios de su incidencia.
Es innegable que la desmovilización de las FARC cambió muchas dinámicas de las movilizaciones sociales. Es innegable también que ha mejorado la concientización de los pueblos en el mundo y de modo particular en Latinoamérica, seguramente en esto ha influido la popularización de la tecnología que nos permite acceder a información inmediata y diversa. Lo cierto es que muchos gobiernos han sido sorprendidos por manifestaciones sociales tan masivas como de alcances inesperados. En Colombia, desde que inició el gobierno de Iván Duque se han dado manifestaciones sociales honestas y sentidas: empezaron las mingas indígenas reclamado el compromiso del Estado con su inseguridad y con la inseguridad de su territorio, allí participó el Esmad para que los indígenas despejaran las vías, los atropellos fueron registrados por la prensa nacional e internacional, la ausencia cobarde del presidente fue un acto vergonzante, hasta ahora no se ha detenido la megaminería que los indígenas deploran, continúan los asesinatos de líderes.
Sin discusión, las multitudinarias manifestaciones que se dieron en todas las capitales del país el 21 de noviembre de 2019 dieron inicio a un nuevo modo de protesta en las que el arte, la participación de sectores diversos y la fuerte presencia de jóvenes, representa una características que debería motivar un cambio de actitud en las respuesta de los gobiernos, características que muestran civilidad en la protesta y la variedad de exigencias, ya en lo ambiental, ya en lo laboral, ya sobre los crímenes de líderes, ya por la corrupción, por mejorar la calidad de la educación y en general un cumulo de peticiones, evidenciaban a la vez, el descontento general y la inoperancia del gobierno. Allí, pese a que el ánimo de la protesta priorizaba la movilización pacífica, hubo disturbios, con demostradas infiltraciones de vándalos de origen indeterminado y, evidente uso exagerado de la fuerza por parte del Esmad, murió el joven Dilan Cruz atacado con un proyectil de uso indebido en una manifestación cívica.
Los exigencias, los reclamos, las protestas expuestas por los manifestantes fueron dilatadas en un acto demagógico que se llamó “La gran conversación nacional”, cuyo resultado en la práctica fue que el gobierno si adelantó las reformas tributarias, laboral y pensional, a la que se oponían los gremios, tampoco se atendieron las peticiones ambientalistas, se usará el fracking, se fumigaran cultivos de coca con glifosato, se le dará licencia a Minesa para extraer oro en el Páramo de Santurbán...
En las dos recientes manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Antioquia, el alcalde Daniel Quintero, supuestamente alternativo, metió el Esmad al campus para neutralizar el uso de papa bombas y botellas molotov. Las reclamos de los estudiantes sobre la inversión en calidad de la educación y mejoramiento de la infraestructura no han sido atendidas.
De igual modo reaccionó la Alcaldía de Bucaramanga por disturbios en las protestas de los estudiantes de la UIS y en Bogotá, la alcaldesa Claudia López, ufana de su talante democrático, no ha dudado ni una vez en neutralizar los desordenes con la acción del Esmad, también ella usó el viejo truco demagógico, de sentarse a dialogar con los líderes estudiantiles, para su estilo, propone protocolos de comportamiento de los manifestantes: que no obstruyan el tráfico, que no afecten la actividad comercial, que no atenten contra bienes públicos, que respeten el deambular de los ciudadanos “ajenos” a las protestas. Haciendo así cada vez más inocuas las protestas, cuyas exigencias, reclamos, protestas y/o peticiones son mentadas a medias tintas en los medios de comunicación y de parte de los gobernantes solo reciben propuestas paliativas, dilatorias, cuando no, oídos sordos.
El uso del Esmad por parte de los gobernantes, más allá del control de los actos violentos en las manifestaciones sociales, cumplen una función subliminal que corroboran y enfatizan los telenoticieros, cual es el demostrar el poder del gobernante y, de hecho, su sola presencia ya criminaliza la manifestación. Unidas las dilatorias de los gobiernos, más el poner en contra de las marchas al comercio y la población empleada, más el énfasis de los medios de comunicación en la acción de los vándalos, hacen inocuas las protestas sociales.