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Los comicios para elegir presidente de la República de este año y las elecciones de 1990, en las que asesinaron a tres candidatos, son tal vez los dos momentos más difíciles que ha vivido este país en los últimos ochenta años, en una coyuntura tan crucial como es la renovación de la principal cabeza de la autoridad política. El pánico, más que el miedo, se ha apoderado de los votantes de ambos lados. Y el pánico puede producir estragos.
El candidato De la Espriella ha hecho una campaña especialmente agresiva y amenazante contra aquellos que no están en su bando de “defensores de la patria”. El candidato Cepeda, a su vez, aunque ofrece “diálogo nacional”, produce también toda clase de reacciones negativas porque sobre él recaen todos los prejuicios que sobre la izquierda circulan en este país: comunismo, estatismo, expropiación, autoritarismo, populismo. El gran temor es que, gane quien gane, se produzca una reacción violenta de la parte contraria. Y es muy importante que seamos conscientes del riesgo que representa esta situación con respecto al desenvolvimiento tranquilo de nuestras instituciones. El propio presidente Petro no contribuye a calmar los ánimos.
El pánico, como componente de la política, ha tenido entre nosotros momentos cruciales. Entre 1946 y 1949, líderes políticos liberales y conservadores “dejaron correr” una contienda inmisericorde de provocaciones en el plano nacional sin ser conscientes de que las discusiones en el parlamento y en la prensa se traducían en lo local en actos de violencia y destrucción en las bases campesinas, hasta el punto de que hubo 200 mil muertos en los años siguientes. Germán Guzmán, coautor del libro La violencia en Colombia, decía unas palabras que ahora podemos recordar: el campesino fue arrastrado a la contienda, “sin que los condottieros (sic) de turno se percataran de cuán peligroso es jugar en Colombia a la revolución con labriegos”.
Belisario Betancur lanzó una insólita propuesta de paz en 1982 y el pánico a una revolución social de gran magnitud desató una “guerra sucia” contra intelectuales y gentes de la cultura; y “violencias de limpieza” contra prostitutas, mendigos, travestis, gamines y “población marginal” bajo la idea inaudita de que eran los principales enemigos del orden social. El estallido social de 2021 también produjo sentimientos de pánico, sobre todo en segmentos de las llamadas “gentes de bien”, que terminaron armándose para hacer frente a la irrupción inesperada de los “grupos marginales” de las ciudades. Desde entonces, el miedo a “los de abajo” se ha apoderado de amplios sectores, como podemos ver en los actuales comicios.
Este país ha vivido desde siempre escindido en dos mitades, una sociedad instituida y una sociedad al margen, entre las cuales no existe un espacio intermedio de conciliación. Cada vez que se ha intentado definir un interés nacional por encima de los intereses particulares, el proyecto ha terminado atrapado en intereses particulares que se sienten depositarios y representantes de los intereses nacionales o en el torbellino de los propios acontecimientos. Eso ocurrió con la amnistía de Rojas Pinilla en 1953, con el Frente Nacional en 1958, con la paz de Belisario Betancur en 1982 y con la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. La posibilidad de construir un “nuevo pacto social” incluyente ha sido siempre remota.
La situación que nos espera es difícil salvo que el candidato ganador entienda que su triunfo no le da derecho a gobernar en nombre de un grupo contra el otro grupo y promueva formas de compromiso y de entendimiento que permitan recrear las bases de una reconciliación nacional, fundamento de construcción de nuestra democracia y de nuestro futuro.
