La mano dura

El ciudadano que aspira a vivir tranquilo encuentra seguramente muy atractivo el nuevo discurso gubernamental, porque ve allí una reafirmación de la autoridad del Estado. Sin embargo, desde la Realpolitik, la lectura que podemos hacer de la situación actual es significativamente más compleja.

El gobierno de Petro dejó al país en una situación supremamente difícil en varios campos, lo que favoreció sin duda el giro hacia una “derecha radical”. Uno de los grandes problemas que hereda el nuevo gobierno es el fracaso de la llamada Paz total. Los indicadores son extremadamente elocuentes a este respecto: el número de hombres en armas creció 90 %, de 15.120 en 2022 a 28.802 en 2026; las regiones afectadas aumentaron de manera significativa (la extorsión, el secuestro, el desplazamiento, etc.).

La Paz total, más allá de las buenas intenciones, partió de un supuesto ingenuo porque consideraba que la llegada de un gobierno de izquierda iba a ser motivación suficiente para que los grupos armados depusieran las armas, sin tener en cuenta que la gran mayoría de esos grupos estaban por fuera de una órbita política. Y lo que ocurrió fue que buena parte de ellos aprovecharon los ceses al fuego y la baja presión militar para crecer y expandir sus negocios.

La paz total, programa bandera del gobierno Petro, resultó contraproducente. Esto ya lo sabíamos desde la época de Belisario Betancur. Los grupos armados encontraron más atractivas las posibilidades monetarias que se les abrían en una alianza con el narcotráfico que en la reintegración a la sociedad. Su política de paz terminó en una generalización de la guerra, en contravía con sus buenos propósitos. Ningún grupo armado deja las armas si no percibe que su situación es inviable y la vida civil más atractiva. Un grupo armado sólo negocia cuando las condiciones en las que se encuentra son insostenibles. Imposible negociar con quien no tiene necesidad de hacerlo.

Sin embargo, el discurso del nuevo gobierno parte también de un supuesto ingenuo. El nuevo presidente, como lo han hecho varios de sus antecesores, promete acabar con los grupos armados en tres meses, con base en el arrasamiento y el exterminio físico, sin negociación ni diálogo. Pero ya sabemos que esto no es tan sencillo, sobre todo cuando la situación está mediada por economías ilícitas.

El dirigente político que mejor definió la estrategia del Estado frente a los grupos armados fue Alfonso López Michelsen, cuando decía que “a la guerrilla hay que derrotarla primero para negociar después”. Es decir, la presión militar del Estado es fundamental, pero tarde que temprano hay que llegar a un proceso de negociación o de sometimiento porque el exterminio del adversario, como lo muestran todas las guerras, es imposible.

El gobierno de Petro creó la ilusión de que íbamos a cerrar el ciclo que se había iniciado en 2002 y, con base en una “negociación generalizada”, se iba a refundar el espacio político para que fuerzas diversas no radicales entraran a la libre competencia política. La impresión que nos queda con los discursos gubernamentales de reafirmación de la fuerza es que estamos regresando veinticuatro años atrás. Parece como si no hubiéramos aprendido nada en todo este largo período. El nuevo gobierno nos ofrece bajar hasta las profundidades de los nueve círculos del infierno, pero sin la garantía de que al final de ese camino, como en la Divina Comedia de Dante, vamos a encontrar la luz de esperanza de una estrella. Nos queda faltando la referencia a la asignación de responsabilidades en el conflicto, que no parece tener lugar en el discurso gubernamental que se impuso.